Ni bien terminado el último discurso de su mandato como Gobernador de Corrientes ante la Asamblea legislativa, que fue “anodino, largo y donde criticó a Nación pero no habló de gestión”, además de agresivo y “mentiroso” como lo calificaron los legisladores que se levantaron y se fueron del recinto, Arturo brindó una conferencia de prensa a la que a Corrientes al Día, no dejaron entrar.

Un “seleccionador”, empleado de Arturo y parte del “círculo obsecuente” del primer mandatario, digitaba el ingreso a la antesala del Primer Mandatario correntino, protegido por “matones” que a empujones y puntapiés, no dejaban pasar a quien no era “señalado” con la “mágica vara” del “alquiler”. Uno de esos medios fue Corrientes al Día, cuyo cronista fue sacado a empujones del lugar y cerraron la puerta como se muestra en la foto, que ilustra esta nota. Tal vez, el “apostado” en la entrada cumplía ordenes, e “hizo de la obediencia debida” su causa, pero el real “censor y corruptor” del derecho a la información se llama “Arturo”. EL DISCURSO COMPLETO “ABIERTO, RECEPTIVO Y TOLERANTE” Es un honor, como Gobernador, como hombre político, pero también como ciudadano estar hoy aquí inaugurando el período de sesiones ordinarias de esta Honorable Legislatura. Digo que es un honor porque no hay espacio más representativo de la democracia, de la participación ciudadana y de los derechos cívicos que este recinto. Aquí están los hombres y mujeres que tienen como responsabilidad fundamental representar a la sociedad correntina y en particular, a cada uno de los correntinos. Sobre ustedes descansa la ardua tarea de construir mejores Leyes, para una sociedad mejor. A ustedes los ciudadanos correntinos les han delegado su poder para que cumplan fielmente con su mandato de exigir para ellos un futuro mejor. Por esos motivos, siempre es un honor inaugurar un nuevo periodo de sesiones, porque de alguna manera es renovar nuestra convicción en la democracia y en su potencial para generar sociedades más justas y prosperas. Y este año, lo hago envuelto en circunstancias particulares y extraordinarias; que constituyen el contexto de nuestro accionar. Circunstancias que no debemos ignorar y que nos exigen un máximo de sentido cívico. La fuerza de las instituciones democráticas se pone a prueba en momentos de crisis como el que hemos comenzado a vivir en estos últimos meses. Estas circunstancias nos exigen un alto grado de responsabilidad, firmeza y solidaridad. Firmeza para hacer frente a la crisis y tomar las decisiones que sabemos que son correctas aunque no sean gratas. Solidaridad para dejar de lado nuestros intereses particulares y pensar en aquello que es mejor para el conjunto de la sociedad. Unidad para fortalecernos en busca de eficacia y resultados. Considero que entre las responsabilidades primarias del gobernante, existe una fundamental: ser consciente de la realidad en la que le toca actuar. Corresponde al gobierno establecer una relación con la ciudadanía basada en elementos ciertos, una comunicación fundada en la convicción de que es posible ser fidedigno y comprensible cuando se abordan temas complejos, si se pone claridad en el mensaje. Y hoy los datos de la realidad son inequívocos y debemos tomarlos y comunicarlos con seriedad y cuidado. Estamos frente a la confirmación manifiesta de una crisis económica significativa, cuya profundidad y finalización aún no puede preverse. No es ocultando los problemas como cambiaremos el humor colectivo; la población va a confiar cuando advierta que los responsables estamos sobre los problemas, comprendiendo los mismos, aceptando con criterio amplio el asesoramiento técnico adecuado, desplazando las pequeñeces para enfocarnos en lo central. El mundo ha ingresado de lleno en un ciclo económico negativo. En los últimos 5 meses se han roto referencias vigentes por décadas. Cada día nos enteramos de noticias que abundan sobre esta cuestión: caídas bursátiles, quiebras bancarias, menores flujos comerciales internacionales, reconversiones forzadas, etc. No se trata de una tormenta pasajera, y ni siquiera existe un sólido consenso político sobre los caminos a seguir. Además, la crisis tiene componentes que impiden cualquier asimilación con las ya padecidas, ni siquiera las comparaciones con el desastre de 1929 y 30 son válidas. Como en cualquier recesión; además de los indiscutibles problemas específicos de la economía; ha quedado al desnudo la incapacidad política global de prever y actuar con anticipación. Los diagnósticos respecto del sobre-endeudamiento de las familias y empresas en algunos países centrales llevan casi un quinquenio; los riesgos sobre el uso abusivo de los instrumentos financieros “derivados” también eran conocidos, el denominado desbalance global entre países de alto déficit comercial y otros de alto superávit financiando a los primeros era cada vez más pronunciado, el deterioro de la participación de la remuneración al trabajo en relación a las ganancias de capital a escala global ya había sido señalada; y así podemos seguir listando cada una de las condiciones que se combinaron para dar lugar a este panorama. Hoy estamos envueltos en un verdadero problema y la salida del mismo dependerá en parte, de nuestra capacidad de análisis e intervención decidida. La crisis es una combinación letal de excesos económicos, institucionalidad inadecuada, caída de la confianza y cambio definitivo de época. Argentina sufrirá el embate, no somos inmunes a la caída del crédito y el consumo en los países centrales, ni a la retracción ya evidente en socios comerciales importantes como Brasil, ni a presumibles medidas proteccionistas, ni a los vaivenes de los precios de nuestros productos de exportación y su impacto tanto en los resultados comerciales como fiscales; y por supuesto no podemos soslayar las propias debilidades de nuestra economía, que aún luego de un importante periodo expansivo, tiene problemas que se ponen más enfáticamente de manifiesto bajo presión. Por todas esas circunstancias, esta coyuntura nos convoca a superar las restricciones de un debate político empobrecido. Más que nunca la sociedad nos exige grandeza, innovación, audacia, e integridad; pero sobre todo y como mencionaba al inicio: firmeza, solidaridad, unión. La ciudadanía va a premiar nuestro esfuerzo y va a castigar implacablemente nuestras mezquindades. Hoy no debemos permitir los egoísmos o las rencillas. La ciudadanía tiene sus ojos sobre nosotros, en mí y en cada uno de ustedes y nuestro deber es no deshonrar el mandato que tenemos de trabajar con probidad con los intereses colectivos como fin. Hoy es momento de profundizar la democracia y sus reglas, sostener el pluralismo, constatar matices y debatir; siempre sin perder de vista la superioridad moral de los intereses del conjunto sobre los particulares. Podemos sostener el pluralismo, cultivar diferencias, debatir abiertamente y aún así mantener por encima de todo, los intereses del conjunto. Cuando reclamo unidad, no estoy pidiendo una actitud uniforme o una disciplina autocrática; lo que reclamo es que las diferencias, intrínsecas a la cultura política democrática, no se expresen únicamente como obstrucción o bloqueo, sino como una búsqueda del mejor camino para hacer frente a los problemas. Aún es posible en medio de la crisis, encontrar el lado positivo y de crecimiento de nuestra sociedad. Tenemos la posibilidad de cambiar una forma confrontativa y egoísta de hacer política, por una más generosa, positiva y orientada al bien común. A medida que pasen los meses y dependiendo de nuestra actitud, se multiplicaran los frentes problemáticos. En estos casos la prudencia política exige no titubear y abandonar la actual visión, donde pareciera que la crisis es telón de fondo de nuestras discusiones, cuando en verdad se esta instalando en el centro de la escena. Incrementar nuestra actitud consciente y hacer una lectura realista, es lo mínimo que nos requiere nuestra responsabilidad política. Argentina, puede tener que enfrentar este desafío, en un contexto interno sombrío si no cambia decididamente el clima político en el que actuamos; porque le añadimos a los problemas objetivos de un mundo convulsionado, un “plus” negativo por un error de lectura, impropia de las necesidades del momento. Estoy convencido que es posible modificar ese contexto; y para ello la revisión de la estrategia de aproximación a la relación con el sector agropecuario por parte del Gobierno Nacional, es central, por el valor simbólico que puede encerrar un “caso testigo” de semejante calado. Dicha aproximación debe hacerse abandonando el enfoque simplista y arbitrario de las relaciones “amigo/enemigo”. La defensa de los intereses públicos exige a los poderes democráticos una perspectiva pluralista. Ningún sector que produce en el país dentro de la Ley, puede recibir ese tratamiento. El denominado “conflicto del campo” concentró 6 debates de fondo en un solo problema: el debate sobre el modo de sostener las cuentas públicas y la capacidad estatal de distribución de la renta, el debate sobre la sostenibilidad ambiental, el debate sobre el precio interno de los alimentos, el debate sobre la distribución federal de los recursos, el debate sobre la innovación tecnológica agraria y el peso de la actividad agropecuaria en el conjunto de la economía, y sobre todo el debate sobre el modo de tomar decisiones públicas; quizás en un plano condicionante de todos los anteriores. No es bueno pretender soslayar la complejidad con eslóganes, ni estigmatizando a actores sociales. Se trata, sin dudas, de hacer un esfuerzo de comprensión para resolver una cuestión crucial. En su momento, defendimos la búsqueda de soluciones que contemplen la totalidad de los intereses en juego; no en un rapto de ingenuidad, sino porque creíamos y creemos que existen posibilidades para hacerlo. Pero el primer requisito para superar cualquier problema, es comprenderlo. No se gobierna lo que no se comprende. Las transformaciones del agro argentino de los últimos 20 años, requerían para tratar la cuestión, una mirada mucho más intensa sobre lo productivo, que sobre cuestiones históricas muchas veces modificadas radicalmente. El conflicto puso al desnudo un conjunto de irracionalidades existentes en nuestras regulaciones económicas; y el clima crecientemente tenso impidió transformar dicho proceso en oportunidad para reformas imprescindibles en un país normal. Como ejemplo, solo voy a destacar dos de tales irracionalidades: a) el tratamiento impositivo extremadamente benévolo de unas actividades sobre otras – como el caso de la minería, si se la compara con la producción agropecuaria- ; y b) las limitaciones al comercio exterior de productos competitivos en el uso del suelo con la soja, a pesar de los enfáticos discursos contrarios a la “sojización”. Situación que Corrientes padece con relación a su producción de carnes. Ahora, es la hora del ACUERDO; las cartas están sobre la mesa: ni el Gobierno Nacional dispone de las posibilidades fiscales de hace un año; ni el sector agropecuario tiene los resultados económicos de hace un año. Ambas partes deben reconocer esos extremos y trabajar con esos datos. Argentina no puede darse el lujo de sumar crisis más crisis. Nosotros queremos contribuir a las soluciones, con el norte bien claro: defendemos la producción, defendemos la rentabilidad legítima de quienes invierten y trabajan, concebimos el nuevo agro como una actividad de fuerte agregación de valor cadena arriba y abajo, defendemos un modelo diversificado y sostenible de producción y defendemos una razonable distribución federal y social de los recursos públicos. Y en ese sentido hemos tratado de actuar antes, durante y después de las tensiones por todos conocidas. Es posible reconciliar actores, si la humildad permite revisar errores que pudieron cometerse en momentos de confrontación; y es posible reconciliar objetivos si en vez de trabajar con la vista clavada en la coyuntura la elevamos hacia la construcción de un modelo de país. Y podremos diferir en los métodos y propuestas, pero es necesario que construyamos una única agenda de trabajo; porque ningún argentino puede ser ajeno a los desafíos que nos impone la realidad. Quizás otro aspecto no suficientemente tratado de nuestra agenda pública, es que la misma requiere territorializarse para que adquiera sentido. Seguramente una decena de temas, deben integrar nuestra mesa de trabajo en los próximos años; pero desde Corrientes queremos aportar al menos 5 cuestiones que deben ser esencialmente afrontadas: Aún más del 10 % de los argentinos vive en la pobreza extrema y ese porcentaje es casi el 20 % si lo que se mide son menores de 14 años. La exclusión ha modificado la “cuestión social argentina”, porque ya no se trata de diversidad de ingresos, sino del modo en que se es parte o no de la vida social. El país no ha resuelto su enorme desequilibrio territorial; y somos de lo que creemos que aún siendo importante, la obra pública no es una herramienta suficiente por sí sola. El modelo de financiamiento público es inequitativo, controversial y pro-cíclico. Por falta de tradición en la materia, no disponemos de una regulación ambiental sólida, ni de una administración calificada y respetada. Las Leyes Nacionales van por detrás de los hechos y la relación economía y ambiente es inmadura como objeto de políticas públicas. Y en cualquier caso, para un proyecto de Desarrollo; nuestra matriz energética es vulnerable y limita nuestras posibilidades de expansión económica. Lo dicho no implica una visión negativa del país; que en otros ámbitos ha progresado; pero tanto avances como deudas sociales son parte de nuestro quehacer y de nuestro reconocimiento de la realidad. Estamos convencidos que de nuestros problemas y de la coyuntura mundial, saldremos, si como el momento nos exige; nos paramos en los pilares adecuados; 1.- En primer lugar recuperar el dialogo político-social sin exclusiones. Es necesario que todos los sectores de la vida nacional, puedan expresarse en ámbitos institucionalmente válidos, ofrecer alternativas responsables, someter las mismas al examen colectivo; pero en cualquier caso, convocarlas a ser parte de la solución, sin forcejeos ni mezquindades. Sin embargo, hay que tener en claro, que el dialogo no produce milagros y que la responsabilidad del ejercicio democrático del gobierno ya fue conferido legítimamente por la ciudadanía a los actuales oficialismos nacional y provinciales; pero gobernar no es sólo decidir, gobernar es también mediar, contener, ofrecer un horizonte, evitar conflictos o minimizarlos, explorar vías de acción diferentes para la búsqueda de objetivos sociales. No parece posible que en un contexto de tensiones pre-existentes, la crisis pueda superarse razonablemente bien, si todas las partes no hacemos el esfuerzo que nos corresponde para abordar las reformas sumando actores en una lógica de cooperación y colaboración, en vez de transformar el debate por la renta en un torbellino de acusaciones, en muchos casos incomprensibles. Debemos recuperar el tono que permita dialogar. No queremos sumarnos a la confrontación y estamos 100 % dispuestos a ser parte de la solución, de la única manera que corresponde hacerlo, aportando equilibrio y evitando la banalización de la política. Y no se trata de un anuncio; ya lo venimos haciendo, midiendo nuestras palabras, señalando nuestras diferencias con respeto, y sobre todo intentando gestionar adecuadamente en el marco de pluralidad que la sociedad argentina valora. 2.- El segundo pilar para superar la crisis, es la construcción de un nuevo federalismo. Los números puros, como expresión objetiva de la distribución fiscal nos eximen de muchas palabras. Nunca como hoy la Nación concentro un porcentaje tan alto de recursos en proporción al total, superando el 70 %. Hoy la distribución de ingresos fiscales se ha distorsionado de un modo tan severo, que afecta no solo la gobernabilidad de las Provincias, sino la competitividad económica. No se trata de Provincias oficialistas u opositoras, pampeanas o extra-pampeanas, pobres o ricas. La pregunta que debemos hacernos es, si queremos seguir sosteniendo un sistema político en el que tenga sentido el autogobierno territorial o pensamos que es mejor que un poder central y concentrado gobierne la República. En su momento el federalismo no fue sólo una innovación política, fue un reclamo ético de las Provincias en atención a sus particularidades. Se pretendió combinar los objetivos de integración nacional sin lastimar la búsqueda de la propia identidad política, las ventajas de la proximidad y el sentido de la pertenencia. El federalismo político, en nuestra Argentina heterogénea, debería ser el otro nombre del pluralismo. Hemos fracasado en nuestro intento de construir un país federal articulado. Las distorsiones actuales solo exhiben con mayor crudeza un problema antiguo y de fondo. Nuestra vocación federal no se vio reflejada adecuadamente en políticas públicas de re-equilibrio territorial y el país se fue deslizando hacia un modelo insostenible. Las relaciones federales se han distorsionado, marcando una dependencia exagerada del poder central y generando situaciones vergonzosas de ruptura de sentido institucional, cuando los funcionarios nacionales se superponen en su accionar territorial o desconocen a los organismos provinciales pretendiendo incidir sobre los procesos políticos locales. En cualquier caso, el 70 % de los recursos en manos del poder central, en el contexto de estar transitando el momento histórico de mayor tasa de imposición desde que existen estadísticas, constituyen un agregado en la dirección contraria a la solución de cualquier problema. No es justo, ni es progresista. El centralismo de hecho, que la Argentina ha construido es una debilidad añadida en esta crisis. Si como suponemos, para superar la misma necesitamos de más acción pública, de más concertaciones, estímulos, políticas de inmediato impacto; por tanto necesitamos que todas las Provincias y Municipios dispongan de herramientas financieras. La paradoja de la centralización en esta crisis, es que se está condicionando la salida de la misma, se esta literalmente atando las manos a los niveles de gobierno que más rápido y mejor pueden sostener la actividad económica. Si no se revierte urgentemente este estado de cosas, el des-financiamiento de los gobiernos provinciales y locales, será un golpe letal a la cadena de pagos, Pymes y microempresas con dificultades de acceso al crédito empezarán a ajustarse; y la recaudación se verá afectada, recortando posibilidades al propio Gobierno Nacional. Ya España, Francia, Alemania y EE.UU han creado o están creando fondos específicos a transferir a gobiernos locales o subnacionales, para que actúen rápidamente en todo su territorio. En el mismo contexto en Argentina se sigue confiando en un modelo centralizado, que en buenos y malos momentos demostró una capacidad de ejecución débil, un desconocimiento de la diversidad territorial alto y en general es aprovechado por aquellos sectores económicos que están bien relacionados. Si en los últimos presupuestos nacionales separamos las partidas que constituyen transferencias (como son los subsidios, por ejemplo) veremos que donde se requiere una actividad de gestión estatal más intensa, la sub-ejecución llega a niveles escandalosos. Es urgente la necesidad de crear un fondo específico, destinado a una ejecución de prioridades públicas que debemos establecer con el gobierno nacional, cuyo impacto se federalice, como complemento a los programas de impulso al consumo, cuyos resultados en el mejor de los casos sólo, se notara en los centros urbanos más grandes o en las áreas industriales más consolidadas. Con la construcción de un nuevo, eficiente y equitativo esquema federal fiscal, la crisis será más corta y en el marco de un clima de entendimiento político, en poco tiempo podemos estar nuevamente en la senda del crecimiento sostenido. El punto de partida de dicha tarea, debe ser el reconocimiento del piso del 34 % de distribución de recursos federales a las Provincias, concebido en su momento como una garantía de mínima. 3.- El tercer pilar para salir de la crisis; es profundizar la idea de normalidad institucional. Un país o una Provincia no pueden acostumbrarse a vivir en estado de excepción. Los procedimientos legales, las estadísticas, el uso del espacio público y otras referencias básicas de una vida civilizada; deben ser normales. No se trata de un reclamo exagerado, ni de una posición antojadiza. La ruptura de la normalidad es muchas veces la manifestación de un ejercicio abusivo del poder; ya sea que se materialice en un paro salvaje, en el desprecio a los procedimientos, o de cualquier otra forma. El Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales debemos extremar las medidas en la búsqueda de sostener una cierta normalidad, y la sociedad debe acompañar ese esfuerzo, para permitir el desenvolvimiento institucional adecuado, a pesar del contexto difícil. Desde los tumultuosos días del 2001 y 2002 y hasta el año pasado, el país avanzó muchísimo en ese sentido. Tuvimos menos cimbronazos financieros, menos tensión social, los servicios públicos se fueron regularizando. Y constituye un valor social, tanto que funcionen las Cámaras Legislativas, que los niños en edad escolar tengan clases, que no haya devaluaciones violentas, que los servidores públicos cumplan su tarea, que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia como vértice de un Poder del Estado sean reconocidos por sus aptitudes académicas y sus fallos, que se mantengan transitables caminos y puentes, que lo que se produjo para ser exportado pueda ser exportado, etc. Corrientes, también viene transitando un sendero de normalización de su vida social, que incluye y excede el plano estrictamente institucional, y que debemos destacar ha alcanzado un momento notable, en el ejemplar proceso de Reforma Constitucional. En el marco de ese proceso de normalización deben inscribirse la paz social que hemos tenido estos años, el funcionamiento pleno y adecuado de los tres niveles de gobierno, la mejora sustancial del funcionamiento de nuestros gobiernos locales, sobre todo a partir de ajustar el sistema de distribución de recursos a lo legalmente establecido con la coparticipación provincial del año 2006. Tal normalización ha sido una conquista del conjunto social, y se vio facilitado en diversas ocasiones por aportaciones políticas plurales, por los beneficios derivados de la expansión económica y sin dudas por nuestra vocación política de transformar la Provincia en un espacio institucionalmente previsible. La normalidad no es el inmovilismo, sino poder modificar la realidad a partir de instrumentos institucionales y evitar los procesos de rupturas, las pulseadas y la lucha política sin reglas. Hay que evitar, que la tentación de las disputas políticas nos haga retroceder en este camino. No tiene sentido constructivo exacerbar la tensión social en tiempos de restricción económica, no tiene sentido expresar todas las diferencias alterando la vida colectiva. Creo que nuestro pasado inmediato debe ser una referencia: aporta más al bien común una propuesta generosa, que cientos de reivindicaciones sectoriales mezquinas. Como ejemplo de lo que estoy diciendo, quiero poner énfasis en el notable caso del tratamiento legislativo del programa de asistencia financiera 2008; similar al que la Provincia dispuso desde el 2003 en adelante todos los años. El PAF es una herramienta concebida por el gobierno nacional, que permite justamente la normalización del funcionamiento fiscal provincial, al diferir el esfuerzo del pago de una deuda originada principalmente en los años de la convertibilidad. Corresponde sin dudas al Legislativo el control y la aprobación del regular y razonable uso de dicho instrumento. En el caso correntino el rechazo liso y llano de la iniciativa no constituye control alguno. No tratar el PAF ha sido casi una actitud de abandono de las funciones legislativas. A los cuerpos legislativos se los llama Parlamentos, porque allí es donde se habla, negocia y discute; para lograr acuerdos y sostener el buen clima social. El deber absoluto del Legislador es hacerse presente en la Asamblea, porque cuando no existe parlamento se abre la puerta a la confrontación y se conspira contra aquel buen clima social. Seguramente la refinanciación de deudas y su consecuencia: la prorroga de vencimientos, le brinda al Estado Provincial mayor disponibilidad de recursos, y nosotros creemos que eso es bueno en tiempos de crisis; en cualquier caso el mismo Poder Legislativo tiene entre sus facultades el establecimiento del destino general del dinero público, por medio de la herramienta presupuestaria y del control de la cuenta de inversión. La Legislatura ya había votado el presupuesto 2008 y en consecuencia ya había ordenado el destino de los mismos, lo que no se corresponde con la respuesta política posterior. Creemos que no es la mejor solución, en el contexto de una crisis indiscutida, el rechazo de recursos para la Provincia. Queda flotando la sensación de que hay cierta vuelta sobre un modo de construcción política que depende del fracaso del gobierno y no de la búsqueda de una alternativa superadora. Sabemos que el endeudamiento esta asociado a la Provincia caótica e imprevisible, pero es bueno que la población sepa que el Programa de Asistencia Financiera reprograma sólo un porcentaje de los vencimientos, en el contexto de una Provincia que progresivamente se va desendeudando; no se trata de una deuda nueva contraída por este gobierno y sólo tiende a evitar los ahogos que ya conocimos y que condicionan no sólo al Estado sino a toda la actividad económica. Con actitudes como la descripta, carentes de sentido de dialogo y destinadas a romper la normalidad, las dificultades se multiplican. En el año 2007, al aprobarse por primera vez en la historia provincial la cuenta de inversión de conformidad a las pautas constitucionales, avanzábamos por el camino correcto y claro: el Legislativo vota el presupuesto destinando los recursos conforme las prioridades que se escogen, el Ejecutivo cumple el mandato realizando las erogaciones, y luego nuevamente el Legislativo ejerce el control político que implica el análisis de la cuenta de inversión. Debo resaltar, que en general los estados que respetan esos procedimientos progresan y los que no lo hacen se estancan. 4.- El cuarto pilar para salir de la crisis; es establecer prioridades y perfeccionar nuestra capacidad planificadora. La crisis obliga a concentrar acciones, a mejorar la coordinación del funcionamiento de la estructura estatal, a dar señales claras. En ese sentido, abrimos una nueva agenda: la incorporación del sistema provincial de planificación en la Constitución Provincial, la participación provincial en el Plan Estratégico Nacional, el apoyo a los gobiernos locales en sus programas de ordenamiento urbano, el plan sectorial de impulso a la industria del software, y sobre todo la decisión de buscar apoyo técnico y formular un Plan Estratégico Productivo, que incluso fue presentado en esta Casa y en cada etapa de su formulación tuvo circulación pública. La planificación de mediano plazo, se expresa también como un síntoma de la Provincia normalizada que estamos construyendo. Ahora necesitaremos de más planificación y más prospectiva. No estamos acostumbrados al ejercicio de construcción que significa pensar escenarios; pero debemos asumir que la política de la coyuntura absoluta es parte de la Provincia que debemos dejar atrás. Esos planes hablan por nosotros. Esos planes son nuestro norte y somos de los que pensamos que sin planes, las propuestas políticas son solo anhelos o especulaciones estériles. Incluso y a pesar del rechazo que sufrimos en su momento al plan de reconversión energética, a partir de la generación de un fondo, que hubiera permitido crear las condiciones para revertir el déficit histórico e insoslayable en la materia; seguimos adelante con un Plan de cuatro años de agenda completa en la Secretaria de Energía. Esa vez también, nuevamente, el péndulo entre aceptación o rechazo impidió separar lo principal de lo accesorio y la Provincia sigue sin un instrumento adecuado que permita impulsar la transformación que ese sector y el conjunto de la economía demandan. Aún con dificultades, preferimos la acción programática y el intento de planificar, a la actuación refleja y desestructurada. Gestionar la cosa pública es un ejercicio complejo que no se limita a indicar un rumbo. Hay que armar instrumentos, calificar recursos humanos, comunicar adecuadamente. No es concebible una gestión de calidad sin un mínimo criterio planificador. Y nosotros creemos que Corrientes ya ha terminado su transición y debe ir hacia el futuro con planes, con calidad institucional, con calidad en los procedimientos, ajustando el funcionamiento del sector público a una demanda cada vez más compleja, en síntesis: avanzar con vocación transformadora. Nosotros expusimos hace tres años en este mismo recinto, los pilares conceptuales de lo que entendimos como un programa de gobierno: dialogo político e impulso al Desarrollo; y hoy a casi tres años de aquel 1ro de Mayo del 2006 podemos decir con orgullo que hemos avanzado en el sentido propuesto. Puede discutirse el ritmo, cuestiones de estilo o líneas de gestión específica; pero lo que no puede soslayarse es que el gobierno se ha mantenido ajustado a aquellas consignas. Lamentamos que en tres años no hemos podido confrontar con una propuesta distinta; no hay en Corrientes dos visiones de su inserción en el país, ni dos versiones de su modelo de promoción económica, ni dos versiones del desafío educativo que debemos enfrentar, ni dos modelos infraestructurales, y así podemos seguir, hay una propuesta sin dudas perfectible y del otro lado un ánimo cambiante y coyuntural de apoyar o rechazar, en lugar de enriquecer o asumir el riesgo de ofrecer a la ciudadanía alternativas válidas, coherentes, ejecutables. Este gobierno ha marcado un rumbo que conjuga acciones diversas en el sentido del progreso: la notable inversión vial (actuando sobre más del 50 % de la red pavimentada de la Provincia), el impulso al gobierno electrónico, la normalización del Ministerio de Educación, la introducción del concepto de calidad en la gestión sanitaria, el ordenamiento territorial, etc. Todas acciones que al tiempo que son innovadoras y programáticas, pretender saldar deudas históricas y posicionar a la gestión pública en el lugar que le corresponde, al servicio de los ciudadanos con eficiencia, criterio, control y sentido de equidad. 5.- El quinto pilar; justamente es conjugar las herramientas de un sano programa económico, concebido como programa de Desarrollo Provincial y Nacional. Y hacer buena política económica, excede el aprovechamiento de una coyuntura de precios internacionales favorables. Tuvimos un periodo muy bueno porque se conjugaron factores extraordinarios de índole externo y también, corresponde señalarlo, una voluntad política de re-ubicar al Estado en la formulación y el sostenimiento de la política económica. Precios internacionales extraordinariamente altos de los productos que exportamos, vencimientos de deuda bajos por la reprogramación natural que significó el default, tipo de cambio muy competitivo en los primeros años de la salida de la crisis – y en aquel momento- con bajo riesgo de inflación por venir de una economía desmonetizada, tipos de interés internacionales bajos desalentando la salida de capitales y el mundo creciendo a tasas muy altas, subiendo la espiral hacia arriba. El país lo ha aprovechado, sin dudas; bajamos la desocupación a un tercio de la existente al iniciarse dicho ciclo; reconstituimos reservas internacionales; multiplicamos casi por tres las exportaciones y se pudo financiar un programa de obras sustantivo. Pero es frustrante pensar que solo podemos avanzar si el viento nos empuja desde atrás; aún en el medio de la crisis debemos tener una “agenda de Desarrollo” que exceda el día a día. Debemos construir un programa económico heterodoxo, sostenible y liberado de prejuicios; que se transforme en verdadero Programa de Desarrollo Nacional. Eso implica hacer más previsible la evolución de las cuentas nacionales, eso implica dotar de mayor progresividad al sistema fiscal evitando el uso del impuesto inflacionario y la sobreimposición como ocurre escandalosamente con los consumidores más pobres, implica priorizar sectores económicos competitivos, implica disminuir las barreras al ingreso de nuevos agentes económicos y multiplicar la promoción de nueva empresa, implica un nuevo acuerdo federal, implica una política de servicios públicos seria, implica necesariamente buscar un gran acuerdo de sostenimiento del empleo y expandir las herramientas de construcción de empleabilidad, etc. Nada de lo dicho puede ser asociado a una crítica neo-liberal. La