Miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) denunciaron el pasado viernes a la Fiscal de Instrucción Sustituta de la localidad de Mercedes, por graves conflictos de violencia laboral. La presentación se efectuó ante la Fiscalía General, con copia al Superior Tribunal de Justicia (STJ), el Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento, a quien se le solicita la inmediata intervención y la destitución de la funcionaria.

Cabe destacar que esta funcionaria no solamente ejerce violencia sobre los trabajadores judiciales bajo su responsabilidad sino también sobre funcionarias y demás auxiliares de la justicia con quienes trata a diario. “Estos hechos no son nuevos para nosotros que ya hemos tomado conocimiento de actos anteriores, por quien erróneamente confunde autoridad con abuso de poder y practica sobre sus subordinados la forma de acoso psicológico extremo en el trabajo de forma sistemática (al menos una vez por semana), durante un tiempo prolongado (más de 6 meses), sobre otro personal en el lugar de trabajo”, indica el SITRAJ en la presentación. Se detalla además que “la Fiscal ha dado muestras suficientes de esta práctica desdeñable, con sus gritos e insultos diarios hacia el personal, cambio de tareas sin permitir consulta entre quienes lo realizaban y quienes son asignados, llamadas telefónicas a toda hora (fuera del horario de trabajo) convocándolos nuevamente al trabajo (a pesar de que generalmente trabajan en doble jornada inclusive hasta cerca de la medianoche); prohibición del teléfono inclusive los celulares particulares; juzgamiento del desempeño de los empleados de la Fiscalía de manera injusta y ofensiva, órdenes contradictorias, amenazas continuas e injustificadas de aplicación del régimen disciplinario, llegándose al extremo de que el Sr. Juez de Instrucción ha ordenado el allanamiento de la Fiscalía para “rescatar” un expediente que se negaba a remitir al Juzgado, sin que hasta la fecha se tenga noticias de que se haya investigado y/o aplicado alguna sanción preventiva por este hecho insólito de allanarse la Fiscalía por parte del Juez de Instrucción con quien indudablemente la Sra. Fiscal Sustituta tenía una mala relación”. Por otra parte, el gremio sostiene que no se tomaron medidas investigativas ante las licencias por enfermedad de los agentes de la Fiscalía, inclusive la Secretaria (con stress laboral, producto del maltrato), llegándose a la situación límite –que originó la denuncia- el día 3 de noviembre pasado cuando el personal y la Secretaria se encontraban fuera de la Fiscalía, con crisis nerviosas y llantos ocasionados por el sólo hecho de tener que ingresar al lugar de trabajo, tras los gritos e insultos de la Fiscal al iniciar la jornada. Esta situación puesta en conocimiento al Presidente del STJ, Dr. Carlos Rubín quien debió garantizar el desarrollo normal de la tarea diaria de los agentes de dicha repartición, tras la colaboración de un funcionario de Tribunales que fue a dialogar con la hostigadora y los hostigados. La reacción de la Fiscal fue lamentable: “llamó uno a uno a cada empleado interrogándolos en forma inquisidora sobre quien “la denunció” al Superior”, resalta el gremio judicial en el texto de la denuncia. “Este gremio se ha destacado por su ferviente defensa de los derechos de los trabajadores, sin hacer distinciones entre afiliados o no al gremio, no estamos dispuestos a consentir estos actos de violencia laboral, por este motivo le solicitamos la inmediata separación de esta Fiscal Sustituta”, resaltan en la presentación. Por otra parte, hacen saber que “no vamos a consentir que los empleados de dicha Fiscalía sigan siendo interrogados como si fueran “culpables” ni sean llamados como “testigos”, sin la presencia de un representante gremial o defensor particular, por encontrarse casi todas ellas (ya que en su mayoría son mujeres) enfermas y con tratamientos psicológicos para recuperarse del daño ocasionado y recuperar su “dignidad personal” menoscabada por quien debe justamente garantizar y asegurar los derechos de la persona humana”. “De igual modo –agregan- dejamos sentado que las licencias por salud de los empleados de esa Fiscalía fueron en su mayoría producto de la degradación personal a la que vienen siendo sometidos y que de ningún modo aceptaremos como argumentos simplistas que los mismos no deseen prestar servicios, todo lo contrario quieren trabajar en un ambiente saludable y con directivas claras”. “Si está en su ánimo de revertir esta situación de violencia laboral, estimamos que prueba suficiente fue el allanamiento de la Fiscalía por parte del Dr. Pablo Andrés Fleitas, Juez de Instrucción de Mercedes; las solicitudes de licencias de casi todos los agentes de dicha Fiscalía en el transcurso del año con causales de enfermedad características de quienes son víctimas de mobbing, destrato de particulares que concurrieron a radicar denuncias y profesionales del medio que sufrieron maltrato por parte de esta hostigadora”, señalan particularmente en la denuncia presentada ante el Fiscal General, Dr. César Sotelo. FUNDAMENTOS En el texto de la presentación ante el Ministerio Público se puede apreciar las consideraciones que hace el gremio sobre la violencia laboral, que sustentan la denuncia. “La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos , trastornos del desarrollo o privaciones”. Cuando se habla de violencia en el trabajo los especialistas coinciden en señalar al ámbito del empleo público –dentro de cualquiera de los tres poderes- como uno de los más proclives a generar ambientes en los cuales las violencias laborales encuentran un terreno especialmente abonado. La violencia laboral se presenta en diversas manifestaciones: desde la agresión física, pasando por el acoso sexual hasta la forma más sutil del acoso psicológico. Todo ello crea graves amenazas para la salud y la seguridad, la eficacia del servicio, la productividad, la igualdad de trato y el trabajo decente con la consiguiente degradación del ambiente laboral en su conjunto. Toda violencia social es repudiable, más aún cuando esa violencia es perpetrada por quienes tienen la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos, de mantener el orden, de preservar la estabilidad: así los agentes del Ministerio Público, agentes que tienen la obligación de denunciar estos actos o delitos que agravan la sociedad. La Constitución Provincial, luego de la reforma del 2007 estableció en el Art. 28 “in fine” la prohibición de la violencia laboral sobre los empleados a su cargo o bajo su dependencia. La violación de este precepto constituye “falta grave”. Sabido es que para que se configure la violencia laboral no basta con una actitud violencia, agresiva o irrespetuosa de una persona a otra, sino que requiere –como requisito sine qua non- la existencia de una relación laboral previa entre ellas y en la cual esté laboralmente subordinada la otra. Esta relación de subordinación es un componente esencial de la figura de violencia laboral, puesto que pone al subordinado en una posición de relativa indefensión frente al autor de la violencia. El subordinado se ve “obligado a tolerar” la violencia de su superior”.