Nacionales
Poderes adictos
SALTA
Aún cuando la devaluación de la imagen presidencial arrastra a sus incondicionales, no existen dudas de que el estilo “K” se ha instalado en los ámbitos palaciegos de la provincia y sofoca al sistema republicano. La exageración mediática de escasas medidas populistas disimula un panorama institucional sombrío, en donde la línea divisoria de los poderes del Estado casi ha desaparecido. Aguas de Salta enmarañado en el poder.
(ARGENPRESS) En el curso de la semana el gobernador decidió avanzar sobre la cúpula del Poder Judicial y ha remitido un proyecto de ley por el cual fija en siete el número de ministros de la Corte de Justicia. Casi nostálgico, sostiene que debemos regresar a la clásica composición previa a la reforma constitucional de 1986 y que la ampliación de integrantes permitirá descongestionar el cúmulo de causas que se encuentran a consideración de agobiados tribunales. De manera sintomática, días antes, el Consejo Consultivo integrado por representantes de la Corte de Justicia, el Ministerio Público, el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados y ampliado con asesores del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas (?) emitió una declaración en la que manifestaba preocupación por este tema. Habían sido convocados para la reforma de los códigos procesales y, sobre la marcha, improvisaron sobre cuestiones que integran la competencia legislativa virtual establecida por la Carta Magna. La secuencia de la ampliación padece defectos formales que dejan traslucir los vicios del sistema. Mientras las cámaras todavía no acogieron favorablemente la iniciativa, ya se publicó el currículum del postulado y se anticipa en los medios que el trámite será vertiginoso pero complaciente. Acaso se contempla la hipótesis de que diputados y senadores consideren otras soluciones para el mejoramiento de la Justicia en Salta? 57 de 60 diputados y 21 de 23 senadores denunciaron su pertenencia al oficialismo y brindan seguridades extras. En los últimos tiempos ingresaron numerosos proyectos fundados en diagnósticos que consideran necesaria la creación de tribunales intermedios como la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo o ampliar la base de juzgados de primera instancia en fueros castigados por la judicialización de los conflictos sociales. Ninguna de estas propuestas, razonables por cierto, se considera prioritaria respecto de una operación política con efectos colaterales de magnitud. La opción ejercida por Urtubey merece cuestionamientos. Se trata solamente de conformar una corte conteste a sus designios -que hasta ahora fueron pocos- y no se prevé la posibilidad cierta de prestigiar el más alto tribunal mediante la salida de algunos integrantes que lo han sumido en el desprestigio. Mientras Néstor Carlos Kirchner inició su mandato pidiendo públicamente la renuncia de los jueces adictos al menemismo, Urtubey ha encontrado las excusas para preservar la mayoría romerista en casi todos los estamentos. Su pertenencia al régimen que gobernó los últimos doce años se erige en una explicación suficiente y adecuada. Tal vez por ello el gobernador ha instruido a la Fiscalía de Estado para que se oponga al progreso de la acción de amparo planteada por el Colegio de Abogados para anular la designación del ex Secretario de Seguridad Gustavo Ferraris. Un trago amargo para una institución que deberá resignarse a que un abogado carente de idoneidad moral y solvencia jurídica se erija en árbitro final de las pretensiones judiciales. El mandatario esgrimió en relación a este luctuoso caso que no está dispuesto a entrometerse en cuestiones de poderes ajenos al ejecutivo que encabeza. Este prurito -que no luce genuino- pudo conducirlo antes de su asunción al silencio casi cómplice. No existen motivos hoy para que su representante legal defienda a Ferraris de no existir un inefable pacto de convivencia que también determinó el rechazo del pliego del Dr. Manuel Pecci como Fiscal de Estado. Mientras se marginó al probo, se consolida al sospechado y eso constituye una afrenta para la ciudadanía y para los magistrados que creen todavía en la carrera judicial y en el mérito como herramienta de acceso a niveles superiores. La mano de Juan Carlos Romero -y su estrecho colaborador Manuel Brizuela- aparecen en el acuerdo clandestino que conduce a Urtubey y torna más lógica la mudanza de Abel Cornejo a la justicia local. Con intenciones solapadas, las declaraciones del Ministro de Justicia pregonan que el nuevo juez de Corte va a reivindicar por sí solo la independencia judicial. Mantiene en silencio el canje conveniente que permitirá al kirchnerismo controlar la competencia electoral del Juzgado Federal y al romerismo contar con garantías de impunidad. El acuerdo no solamente contempla estos mezquinos y coyunturales intereses. El nuevo gobierno analiza un proyecto de reforma constitucional que involucra otorgar mandato vitalicio a los actuales jueces de Corte y cuya convocatoria coincidiría con los comicios para renovar las bancas legislativas el año próximo. De concretarse, quienes ingresaron por la ventana de las conveniencias y ofreciendo garantías de parcialidad gozarán hasta la vejez de un cargo y sueldo reservados originariamente para los juristas impolutos. Los mensajes que recibe el tercer poder no son alentadores y hasta conspiran contra la imparcialidad. Hace apenas dos meses, la promoción de acción penal en contra de los funcionarios municipales capitalinos por el fraude millonario que enmarca la construcción del Centro Cívico tuvo como respuesta el apoyo explícito del gobernador a la iniciativa y el aval para su financiación. Acaso el Juez de Instrucción designado podría animarse a escudriñar sobre un negociado que cuenta con semejante respaldo político? Fernando Yarade y Carlos Parodi son para el gobernador lo que Julio de Vido para Néstor Kirchner…y no es poco decir. Cómo debiera calificarse la prosecución de los contratos públicos de la anterior gestión que fueron reiteradamente tildados de corruptos? Darles continuidad no puede menos que recibir un repudio y conduce a la sospecha sobre bases verosímiles. La condicionada justicia heredada tampoco atravesará estos blindajes. Lo que en la campaña se consideró lesivo, ahora se somete a críticas progresivamente benévolas y al retaceo de información oficial. Ante las cámaras televisivas el director de la UNIREN ventiló pormenores de su solitario y hermético derrotero y confirmó que La Plumada S.A. seguirá como responsable de los archivos públicos y que el Centro de Convenciones continuará como rehén de una empresa que no ha organizado ninguna actividad en el marco de un convenio de precios irrisorios que avergüenza a la administración pública. TAMBIÉN AGUAS DE SALTA El caso de Aguas de Salta S.A. muestra solamente matices, ya que seguirá como concesionaria a pesar del incumplimiento sistemático en la prestación a su cargo. Acaso se busca la participación estatal para garantizar la inversión que no está dispuesta a realizar esta empresa? Para los nuevos cuadros del kirchnerismo local es preferible adoptar viejas costumbres y someterse a un micrófono, que reconocer potestades a las cámaras legislativas que han renunciado de hecho al control. El Senado Provincial todavía espera a Emilio Tuñón, y en esta semana también fue desairado por el Ministro de Justicia, que resolvió no asistir a la cita que buscaba explicaciones sobre un desalojo violento en Orán, las mentadas reformas judiciales y la ampliación del número de jueces de la Corte. No existen muchas diferencias con el estilo impreso por el romerismo, que hizo desaparecer la figura de la interpelación y la sustituyó por cómodas invitaciones a despachos confidentes con interrogatorios previsibles. Uno de los institutos que podría contribuir a vigorizar el poder legislativo ha caído en perjudicial desuso. Hoy, como ayer, los mismos actores consienten la debilidad del control en diputados y senadores. Así las cosas, la concentración imponen la obediencia política, socava la división de poderes, sacrifica la autonomía municipal y da “piedra libre” a los convenios de trastienda. Con resultado previsible, el proceder contrario al Estado de Derecho no solamente impide las pesquisas sobre negociados consumados sino que propicia nuevos hechos de corrupción. Dios nos salve del “cambio” que venden los adictos y el “status quo” que se consolida, hasta ahora, sin obstáculos ni censores.
El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.
(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.
De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.
Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.
Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.
En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.
A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.
Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.
La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.
Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.
La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.
Nacionales
Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal
CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON
La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.
(www.perfil.com) Según reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.
La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.
Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.
Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.
Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.
Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.
(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.
También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.
Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.
“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.
“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.
Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre. Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.
“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.
Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.
Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.
Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.
Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.
El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.
Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.
