La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), expresó su solidaridad y pleno respaldo al periodista Raúl Sotelo por el grave episodio que le tocó vivir, señalando a la vez que, lamentablemente, no es la primera denuncia contra el funcionario correntino José Luis Zampa. Exhortan a que recapacite sobre su actitud, y requirieron a los responsables del Ejecutivo a adoptar las medidas que correspondan para que no se sigan repitiendo episodios de esta naturaleza.

En la capital correntina, el periodista Raúl Aníbal Sotelo denunció penalmente por amenazas y abuso de autoridad al actual director de Información Pública de la Gobernación, José Luís Zampa. Sotelo expuso este sábado sobre el hecho ante la conducción de la Asociación de Periodistas de Corrientes y presentó copia de la denuncia penal que efectuara en el Juzgado de Instrucción Nº 4 junto con una grabación en CD del episodio ocurrido. El periodista relató que en oportunidad de un acto público realizado recientemente en Pago Largo y Avenida Costanera de Corrientes, a su término entrevistó junto con otros colegas al gobernador Arturo Colombi, y cuando se retiraba del lugar fue increpado a los gritos por el mencionado Zampa, quien en tono amenazante y fuera de lugar le exigió explicaciones “para quién estaba grabando y haciendo preguntas, para qué medios y dónde puede salir la nota porque voy a escuchar lo que dijiste”. Sotelo comentó que, sorprendido por esta actitud amedrentadora, iracunda y autoritaria del funcionario, sólo atinó a preguntar al gobernador que se encontraba a dos metros de distancia si en su gobierno había libertad de trabajo y expresión, recibiendo una respuesta afirmativa del mandatario. El comunicador dijo que decidió formular la denuncia penal en el Juzgado de Instrucción Nº 4 “ante la actitud prepotente, autoritaria e ilegal del director de Información Pública, que siguió insistiendo con su postura con la clara finalidad de atemorizar, y de esa manera censurar o restringir el derecho a la libre expresión y sin censura previa, así como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, que se encuentran amparados constitucionalmente y por la legislación internacional vigente”. Este funcionario, agregó Sotelo, cometió abuso de autoridad contraviniendo sus deberes funcionales al ordenarme ilegalmente que le brinde explicaciones sobre su trabajo periodístico, y que lo colocaría en la situación de revelar el destino de la producción, comprometiendo el derecho de periodistas y medios a mantener la reserva de las fuentes. Dijo también que el ilícito se perpetró de manera flagrante y a la vista de las máximas autoridades de la Provincia, personal de seguridad del ejecutivo, legisladores y periodistas del medio. Por último Sotelo expresó que la conducta de José Luís Zampa tipifica los delitos de amenazas y abuso de autoridad en concurso real, previstos y reprimidos por el Código Penal Argentino, en carácter de autor material. El periodista entregó a la Justicia copias de la grabación del ilícito cometido y requirió se cite a declarar como imputado al funcionario de Información Pública. MISIONES TAMBIEN La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa expresó un enérgico repudio ante las amenazas e intimidaciones perpetradas por ediles del Concejo Deliberante de Puerto Iguazú contra periodistas y medios de esa ciudad misionera. El difícil y enrarecido clima que se vive en la Puerto Iguazú por los problemas del Municipio, se ha vuelto aún más inseguro para los periodistas de las emisoras Radio Cataratas y FM Visión, que recibieron cartas documentos de cuatro ediles, a raíz de informaciones y comentarios periodísticos efectuados luego de una sesión del Concejo. Las autoridades municipales intimaron por esta vía a los periodistas haciéndolos insólitamente responsables “por daños y perjuicios”, señalando que de continuar con los informativos serían demandados ante Tribunales Ordinarios. Los comunicadores habían informado sobre supuestas irregularidades en la convocatoria y desarrollo de una reunión del Concejo Deliberante, donde se autorizó al intendente Claudio Filippa una ampliación millonaria del presupuesto del año anterior. Filippa, recordaron los periodistas, enfrenta actualmente 25 denuncias penales por presunto defalco y otras causas, y por esta situación no se puede responsabilizar a los que brindan el servicio periodístico. Como además los comunicadores de Iguazú recibieron amenazas telefónicas, resolvieron en conjunto no difundir ninguna información local hasta contar con garantías mínimas para el ejercicio de la profesión, a cuyo efecto efectuaron una presentación en el Juzgado de Instrucción Nº 3. Este martes 3 de junio el doctor José Pablo Rivero, juez de la Tercera Circunscripción Judicial, por medio de un dictamen garantizó la seguridad personal de los periodistas de esa ciudad y el resguardo del ejercicio legítimo de sus funciones, en especial de aquellos que cubren directamente las noticias. Colegas de los periodistas intimidados reaccionaron con indignación y afirmaron que “los autoritarios, los que ejercen el poder burlando la legalidad, le tienen pánico al mensaje y horror a las palabras, cuando en realidad deberían espantarse de sus propios actos” Al solidarizarse con los periodistas amenazados, la FATPREN recordó a las autoridades municipales de Puerto Iguazú acerca del carácter público de sus funciones y de sus actos, por lo que resulta totalmente inconducente que se pretenda ocultar, falsear o disimular la verdad de la información sobre los hechos que ocurren en ese lugar. Como que también la libertad de expresión y el derecho a la información están resguardados por la Constitución Nacional, y debemos respetarlos. (*) Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), Afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP)