Miguel Fernando Soto, el Oficial Principal de la Policía de Corrientes, “cesanteado por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial (PEP), presentó por escrito su defensa en las actuaciones iniciadas por Resolución J.P. Nº1651/08, en el que se le imputaran hechos que se pretende encuadrarían en diversas faltas administrativas.

Miguel Fernando Soto, Oficial Principal de la Policía de la Provincia de Corrientes, credencial policial Nº1.086-S, cuyos demás datos de filiación obran en los presentes actuados iniciados por Resolución J.P. Nº1651/08, en el que se me imputaran hechos que se pretende encuadrarían en diversas faltas administrativas, respetuosamente se presenta ante el “señor Instructor y sostiene su defensa. OBJETO Que vengo por este acto en legal tiempo y forma a realizar mi defensa por escrito a tenor del art. 217 del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial y Normas de Procedimiento, en tal sentido, paso a desarrollar mis consideraciones de hecho y derecho que pretendo sean de aplicación al caso. HECHOS Que soy empleado de la Policía de la Provincia de Corrientes desde hace dieciséis años y once meses, ostentando a la fecha el grado de Oficial Principal. Es en ese empleo en el que me desempeñé durante el lapso temporal que menciono y a lo largo de mi carrera, he sido promovido desde la jerarquía de Of. Subayudante, a Ayudante, a Auxiliar y por último a Principal no teniendo inconveniente alguno. Es más, he decidido perfeccionarme en mi puesto laboral y he cursado los estudios de grado de la carrera universitaria de Abogacía, obteniendo el título de grado de Abogado en el año 2005, realizando cursos de perfeccionamiento policial y de posgrado para cumplir acabadamente y de la mejor manera la función que se me encomiende dentro de la Institución Policial. Es así que todos los años he recibido, tal como prevé el reglamento, la calificación anual que supera o iguala los 80 puntos recibiendo las más elevadas consideraciones por parte de mis superiores siendo felicitado en varias ocasiones por mi labor. Que en el presente año, entre el mes de Abril y Mayo ocurrieron en la provincia lo que podemos calificar como LAMENTABLES HECHOS como ser la necesaria MANIFESTACIÓN de PERSONAL POLICIAL en reclamo de sus derechos, situación que terminó con el dictado de dos normas, un Decreto por parte del Poder Ejecutivo y una Ley por parte del Poder Legislativo, en la primera de ellas el Sr. Gobernador dispuso el pago de un adicional de PESOS SEISCIENTOS ($600) en tres cuotas de PESOS DOSCIENTOS ($200), mientras que la segunda, la Ley llamada de AMNISTÍA ADMINISTRATIVA dejaba sin efecto cualquier tipo de sanción y/o procedimiento sancionatorio que se hubiere aplicado o que esté en vías de aplicación al personal dependiente de la administración pública que hubiere participado en las protestas y POR ESE MOTIVO. Cabe agregar que mientras duró la situación de conflicto, en fecha que no recuerdo, pero estimo fue en la segunda quincena del mes de Abril patrociné una Denuncia Penal contra el Sr. Jefe de Policía por ante la Fiscalía del Dr. Passeto, cuestión que debería haberse tomado en cuenta para el dictado del acto administrativo que ordenara la sustanciación de las presentes actuaciones debiendo haberse INHIBIDO de actuar el Sr. Jefe de Policía cuestión sobre la que regresaré más adelante (enemistad manifiesta – denuncia). Para hacer constar que considero una enemistad y situación de persecución constante, puedo mencionar que por indicación del Sr. Jefe de Policía, se me ha iniciado en el lapso de seis meses, la friolera de CUATRO (4) Sumarios Administrativos, se me ha sancionado con nueve días (9) de arresto por causas irreales actuando con el solo propósito de lograr mi apartamiento de la Institución Policial en grado de CESANTÍA, mientras que como dijera arriba en los casi diecisiete años de servicio activo, solo he recibido ascensos y felicitaciones, habiendo estado sumariado en solo tres oportunidades (sancionado con 9 días de arresto en la primera, sobreseído en las otras dos). Es así que hasta se me inició Sumario Administrativo por haber concurrido el 9 de Agosto (día de la Policía) a tomar mate con unos compañeros en la plazoleta del monumento fundacional de la ciudad. Que como dijera, las represalias han ido increscendo, problema sufrido por muchos camaradas, lo que sumado al incumplimiento de lo prometido a quienes actuáramos como voceros de los policías en lo atinente al BLANQUEO de las sumas abonadas en NEGRO, la conformación de una mesa de discusión en torno a las condiciones de prestación del servicio y de la remuneración y otras tantas que son de público y notorio conocimiento, motivó que las movilizaciones comenzaran nuevamente en el pasado mes de octubre, siendo comisionado por mis compañeros para manifestar el descontento que existe en las filas, en los retirados y en la familia de los policías, comisión que acepté de buen grado en razón de que como hombre de derecho, entiendo que las prerrogativas constitucionales nos alcanzan también a los uniformados, que no por estar sometidos a un Régimen Disciplinario al cual desde ya tacho de inconstitucional dejamos de ser ciudadanos de la República Argentina. Es en esa comisión que he redactado notas de queja y petitorios a las autoridades, las que fueron entregadas por la FAMILIA POLICIAL a cuanto funcionario de jerarquía quisiera recibirlas no obteniendo a la fecha respuesta alguna. Fue así que en asamblea de la asociación creada al efecto A.P.Pol.O. (Asociación Penitenciaria Policial Organizada) se decidió la implementación de medidas de acción directa como expresar primero nuestro malestar ante los medios de difusión de información pública, en la búsqueda de que nos den una solución que esté en la órbita de sus facultades (no continuar con la persecución y violencia laboral). Que la situación de persecución continuó sin embargo agravándose, por lo que decidimos hacer oír nuestros reclamos acompañando las movilizaciones de los otros empleados públicos (Docentes, Salud Pública) al entender que formamos parte de la sociedad, que no estamos, por vestir un uniforme en una situación de CAPITIS DIMINUTIO con respecto a las normas supra legales. En ese sentido hemos participado como asociación de la modalidad de protesta que se lleva adelante desde hace un tiempo en la cabecera del Puente General Belgrano por parte de los empleados públicos. Ante esta modalidad de protesta, en la que participara activamente, se ha iniciado por Orden del Sr. Jefe de Policía RESOLUCIÓN J.P. N°1651/08 el presente Sumario Administrativo que desde la mencionada RESOLUCIÓN y hasta la ultima foja a la que he podido acceder hasta el momento reputo como NULAS de NULIDAD ABSOLUTA E INSANABLE calificándola como ACTO INEXISTENTE según nuestra doctrina Administrativista. Es así que en el sumario administrativo se ha incorporado fotografías tomadas por PERSONAL DEL Departamento INTELIGENCIA CRIMINAL como supuestas pruebas de las infracciones administrativas, tomas en las que no aparece firma alguna de responsable y en las que se identifica como CUASI CRIMINALES no solo a personal policial en actividad y retirado, si no también a familiares de policías, a docentes, a personal de la salud y ciudadanos comunes. Continuando con las irregularidades que anulan el procedimiento agrego que al ser citado para el ejercicio de mi defensa material, he hecho uso del derecho acordado por las normas de procedimiento del reglamento previsto por el art. 182 inc. c y d, a saber : Art. 182. El imputado tiene derecho a: Inc. c) Negarse a declarar sin que su silencio implique presunción de culpabilidad. d) A rubricar cada una de las fojas y pedir que así lo haga el instructor. Es así que he rubricado las fojas y he agregado junto a mi rubrica en algunas de ellas leyendas que hacen constar irregularidades procedimentales como la falta de firmas (rúbricas) en algunas pseudo pruebas, que al llegar a la foja con la foliatura N° 14 he notado que estaba el sello de la repartición y la firma y sello identificatorio solo del secretario, más no del instructor, lo que convierte en nulo dicho acto (plasmado en un documento)y deja abierta la posibilidad de refutar de nulidad todos los que se hayan realizado a continuación en aplicación de principios procesales. He hecho constar esa falencia haciendo constar de mi puño y letra al lado de mi rúbrica con la leyenda (No está rubricado por el Instructor). Que al corrérseme vista del expediente aparece firmado y sellado tratando de salvar su error por el Instructor constituyendo con esa acción una CUANDO MENOS FALSEDAD IDEOLÓGICA. No bastando con este procedimiento, al finalizar el acto de mi indagatoria, solicito por escrito COPIA CERTIFICADA de las actuaciones, escrito incorporado en fecha 05 de noviembre y cuya concesión sin limitación alguna para el correcto ejercicio de mi derecho constitucional de defensa, es regulada por el Cod. De Proced. Administratv. Ley 3460 art.268. Que esta copia certificada, me comentó el secretario de actuaciones se me estaría entregando al otro día 06/11/2008, al concurrir en forma personal el 06/11/08 me encontré con manifestaciones verbales del Subcomisario Miguel Ángel Almirón y el Oficial Principal Pedro Miguel Navarro de que el DIRECTOR (Ojeda) había ordenado que no se me entregue si no hasta después de notificado del Art. 217 del R.R.D.P. y N.P. (Reglamento Disciplinario y Normas de Procedimiento) abusando de esa manera de su investidura para restringir mi defensa técnica. Ante ello reitero la solicitud instando y exigiendo la entrega peticionada por medio de escrito adjuntado al expte como foja 138, el que es seguidamente proveído sosteniendo que la entrega se haría en oportunidad de la notificación del art. 217 denegándoseme nuevamente. Que en fecha 07/11/2008, en horas de la mañana, se presenta en mi estudio el Oficial Navarro con el expediente para facilitarme la extracción de copias y diciéndome que quería evitar problemas. He tomado copia del expediente, pero no se ha cumplido con el otro de los extremos exigidos en mi presentación, cual es la certificación de cada una de las fojas del mismo, por lo que considero los plazos no pueden empezar a correr para cualquier presentación de mi parte. ALEGATO DEFENSIVO TIPICIDAD: Idea de lo ilícito. Es de ver que lo ilícito, es una categoría de acción que contraría una norma. Es una acción que pone en peligro o lesiona un bien jurídicamente protegido. Que esta norma no se halla mencionada en la ley en si, puesto que el tipo no dice por ejemplo “no robarás”, si no ” al que robare”. Es así que se describe en forma taxativa cual es la conducta que viola la norma, pero no la norma en si. Esta violación a la norma, esta descripción de la acción típica es lo que define la ilicitud de la misma y a entender de la DOCTRINA, no existe diferencia substancial entre la ILICITUD PENAL y la ILICITUD ADMINISTRATIVA, ambas deben estar bien definidas para que el sujeto entienda, comprenda y dirija su voluntad a la realización de la acción que se va a calificar como ilícita (dolo) o actúe con desprecio a sus deberes de cuidado etc. (culpa). Que es necesario en el caso, analizar la norma que se pretende fue violada para saber si la acción es subsumible a los tipos administrativos que se imputan. A saber, según los arts. Mencionados en la RESOLUCIÓN: 1-Art. 70 incs “b”:…Se quejare o vertiera expresiones que afecten la disciplina. En el tipo analizado se describe una acción que tiene su centro en verbos típicos que son en el caso “SE QUEJARE O VERTIERA” expresiones, estas expresiones deben cumplir con una finalidad específica cual es la AFECTACIÓN DE LA DISCIPLINA como resultado de la acción o acciones. Podemos ver entonces que si bien en el caso existieron QUEJAS y se VERTIERON EXPRESIONES, las mismas estaban dirigidas a obtener un reconocimiento de los derechos que como trabajador me hallo constitucionalmente amparado para buscar y de modo alguno dirigidos a AFECTAR LA DISCIPLINA. Que la idea del tipo administrativo o mejor dicho la norma que protege el bien jurídico particular amparado por el dispositivo, es LA DISCIPLINA, cuestión que está muy lejos de poder ser definida de una manera acabada, ya que es una palabra sumamente vaga e imprecisa, ya que se presta a tantas interpretaciones como sujetos. Que la tan mentada disciplina que se pretende afectada, es la idea de tal que quién interpreta en el caso tiene, cuestión que desde ya rechazo, pues en ningún momento se ha instigado o pretendido instigar a funcionario alguno a realizar algún acto que viole la norma afectándola así. En todo momento he hablado por mi mismo y haciendo referencia a mi derecho de peticionar a las autoridades, a no ser maltratado en el cumplimiento de mis funciones laborales, a no ser perseguido por mis ideas expresadas a lo largo del conflicto que se suscitara entre abril y mayo pasados. Me he referido al incumplimiento de los compromisos por los funcionarios de Jerarquía asumidos para con el grupo, o mejor dicho generalidad de los Policías a quien represento por medio de mis palabras. Es por ello que estimo, no se da la lesión a la tan mentada DISCIPLINA. Que en caso de considerar que mis expresiones lesionan ese bien, cabe agregar que en aplicación de los principios contenidos en la legislación superior, a saber C.N. y tratados constitucionalizados, C.Prov., Cód.Penal Art. 34 y muchas otras disposiciones que se encuentran exageradamente por sobre un mero reglamento, la conducta a mi atribuida deja de ser ANTIJURÍDICA. 2-Art.70 inc.”c”….Participara directamente o indirectamente en actividades de los partidos políticos o asociaciones profesionales. Se requiere en este caso una participación directa o indirecta en una actividad, o sea un hacer algo dentro de un partido político o asociación profesional. Descartando el primer supuesto, ya que no existía en el caso partido político participante, vemos el segundo, cual se refiere a asociaciones profesionales. En cuanto a estas asociaciones profesionales, no puede decirse que tanto el Juzgador, como el instructor, así como la totalidad de los funcionarios policiales, no hayan participado en forma directa o indirecta en ese tipo de entidades, ya que puede tomarse como tales por ejemplo al Circulo de Oficiales de la Policía de la Provincia, Al circulo de Suboficiales, a la Agrupación 9 de Julio, etc., por lo que este precepto es inaplicable, amen de no tener norma protectoria alguna, pues puede alguien explicarme en que sentido se pone en peligro un bien jurídico que pueda afectar a la Institución. Lo que no está expresamente prohibido está permitido. 3-Art.71 inc.”a”:….Se prestara a reportajes o hiciera declaraciones públicas sin autorización expresa de Jefatura de Policía. Este dispositivo legal, contraviene los derechos de la más alta valía que como hombre y ciudadano tengo, pues es necesario repetir que no por ser Oficial de Policía de halla en una situación de CAPITIS DIMINUTIO, siendo así que afirma GARCÍA ENTERRIA que sería burla pretender que ese ámbito de libertad tan cuidadosamente diseñado por la norma constitucional y que ocupa lugar central en posición jurídica del ciudadano, puesto que define su ámbito general actuación lícita, que está protegida ella (libertad) frente actuaciones represivas del Estado, que suele llamarse libertad física de obrar, sería burla, decimos, que esa libertad central dejase ser operante frente Administración precisamente. Es así que viene al caso recordarles los siguientes preceptos: C.N. Art. 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará………….; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial……………. Art. 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Const. Prov. Artículo 6°: La libertad de la palabra hablada y escrita es un derecho. Toda persona puede ilimitada y libremente, en cualquier forma, manifestar sus ideas y opiniones, examinar y censurar la conducta de los poderes y funcionarios públicos, pero será responsable del abuso que haga de esta libertad. No se dictarán leyes ni medida alguna que restrinjan el ejercicio de aquella ……….. Artículo 7°: No se dictarán leyes que limiten el derecho de reunión pacífica para tratar asuntos públicos o privados………… Artículo 27: Los principios, garantías y declaraciones establecidos en esta Constitución no podrán ser alterados, bajo pena de nulidad, por las leyes que los reglamenten. Toda ley, decreto, orden o resolución emanados de las autoridades, que impongan a los principios, libertades y derechos consagrados por esta Constitución, otras restricciones que las que la misma permite o priven a los habitantes de la Provincia de las garantías que ella asegura, serán nulos y sin valor alguno. Sin perjuicio de las reclamaciones por inconstitucionalidad, los damnificados por las disposiciones podrán deducir ante quienes corresponda las acciones procedentes contra los funcionarios o empleados públicos, hayan o no cesado en su mandato, que las hubieran autorizado o ejecutado, sin que puedan eximirse de responsabilidad en caso alguno, alegando orden o aprobación superior. Artículo 28: La administración pública provincial está regida por los principios de legalidad, eficacia, austeridad, congruencia normativa, desconcentración operativa, capacidad, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de las normas y actos. Su actuación tiende a lograr economía, sencillez e informalismo en el trámite, celeridad, participación y el debido procedimiento público para los administrados. Los funcionarios y empleados públicos deben ajustar su actuación a dichos principios. Ningún funcionario público debe ejercer violencia laboral sobre los empleados a su cargo o bajo su dependencia. La violación de este precepto constituye falta grave. Artículo 31: Los derechos, declaraciones y garantías consignados en esta Constitución, no serán interpretados como mengua o negación de otros no enumerados o virtualmente retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la soberanía popular y de la forma republicana de gobierno y que corresponden al hombre en su calidad de tal. 4-Art. 73 inc.”d”:…realizara actos en su vida pública o privada que comprometieren su moral y dignidad, o con perjudiquen intereses públicos o privados y se afecte el prestigio de la institución. Que este artículo, el más controvertido, por no decir el más ilógico, incoherente y contrario a cualquier tipo de interpretación dogmática seria en el estado actual de la ciencia jurídica, pese a ello analizaremos los supuestos enmarcados en el mismo, a saber: REALIZARA actos en su vida pública o privada que comprometieren su moral y dignidad. Es como se dijo ilógico pretender que el acto traído a juicio pudiere haber afectado y/o comprometido de algún modo mi MORAL o DIGNIDAD, es más es la actividad realizada por mi parte la máxima expresión del deseo de ver asegurados para el grupo sociolaboral al que pertenezco, SU MORAL y DIGNIDAD como POLICÍAS. Nada más necesario para el completo desarrollo de la personalidad del trabajador que luchar por sus derechos laborales como es el caso traído a estudio, es de mencionar algunos preceptos que así lo entienden como por ejemplo el art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el que estatuye que toda persona tiene derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a una remuneración que le asegure así como a su familia, una existencia conforme a la DIGNIDAD HUMANA. El art. XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que dispone que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas. El art.5 inc.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su art. 6 reza que el Estado debe garantizar el derecho de toda persona de ganarse la vida mediante un trabajo, tomando todas las medidas necesarias para ello, en particular, para que tenga una ocupación plena y efectiva, con condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. No será entonces extraño para el instructor, ni para quien realice una somera lectura a los hechos que se me imputan, que el reclamo que vengo realizando en forma pública y ostensible, se debe a las malas condiciones de prestación del servicio a que nos vemos condenados los policías, no deben desconocer que muchos de nuestros compañeros, amanecen en la calle, pasan hambre, frío, calor, se ven privados de compartir con sus familiares los días de descanso de estos así como cualquier tipo de fiestas religiosas, civiles o de cualquier índole, deben pasar por estados de estrés laboral que todos conocemos, ya que nadie se acerca a un policía más que a plantearle un problema y a exigirle que se lo soluciones. Si a todas estas situaciones, le sumamos la presión que ejerce la superioridad en muchos casos ninguneándolos, sancionándolos, recargándolos, amenazándolos y aplicando sobre ellos cualquier tipo de medida coactiva para exigir más de lo humanamente posible; la no atención de la problemática salarial. COMO PUEDE PRETENDERSE que mis actos sean o comprometan mi MORAL O DIGNIDAD. En cuanto a la afectación de intereses, cuya parte privada desde ya obviaremos, podemos decir que si nos referimos a los PÚBLICOS, que más que todo el segmento de policías en actividad y retirados que se hallan en la condición pésima a la que se alude, que interés más público que la propia SEGURIDAD, la que diariamente se ve minada en razón de que el policía al sentirse usado y no reconocido como un trabajador DIGNO, al ver que su esfuerzo se esfuma al no tener reconocimiento alguno por parte de su empleador puesto que se ver relegado siempre en materia salarial, en sus merecidos premios como son los ascensos, que ven que solo el que no trabaja y se la pasa comportándose como adulador y obsecuente con el mandamás de turno progresa en su carrera. Que la pretendida afectación al prestigio de la INSTITUCIÓN, no se da puesto que la institución está formada por los hombres, y son estos hombres los que han demostrado por medio de sus manifestaciones harto conocidas que están cansados de los continuos ataques que sufren y han sufrido durante toda su carrera a sus derechos elementales como personas negándoseles los mínimos derechos a todos los otros hombres reconocidos. Es de hacer notar que para analizar los preceptos legales, se los debe observar con el prisma actual de la sociedad, no ya con la vetusta e injusta mirada de los tiempos obscuros de nuestra historia (Dictadura Militar). 5-Art. 74 inc. “a”:…Se comportara con falta de celo y exactitud en el cumplimiento de los deberes específicos o anexos de la función. Que la descripción de la conducta punible, es tan vaga en este caso, que cualquier tipo de actividad puede ser tomada como infracción. No existe deber específico que no haya sido por el caso ESPECIFICADO, ni que decir del término ANEXO. Que la falta de celo y exactitud implica un hacer deficiente, inexacto de alguna actividad reglada como obligatoria por el estatuto, cuestión que en el caso que se me atribuye no se da. 6-Art.75 inc.”c”:..Hiciera uso de atribuciones que no le competen funcionalmente. Nuevamente vemos que existe una indicación a una actividad, la cual es HACER USO de atribuciones que no le competen y a lo largo del procedimiento sancionatorio, lo que menos se ha hecho es demostrar cual es la o las atribuciones que me he tomado y que no me competen. 7-Art. 82 inc.”b”: Cometiese actos que afecten gravemente la disciplina, el prestigio o la seguridad de la Repartición. En el caso traído a estudio, no se ha demostrado cual fue la afectación a la disciplina, al prestigio o a la seguridad de la institución cual es el RESULTADO TÍPICO requerido. 8-Art. 91 inc. “a”. ..Instigare o actuara con desobediencia o insubordinación a las órdenes que legalmente se le impartan sobre asuntos ordinarios o extraordinarios del servicio. Nuevamente nos encontramos con un tipo que requiere la actividad de ambas partes de la ecuación, por un lado, debe haber habido una orden legal expresa, directa, comprobada o comprobable para poder aplicar a quien la desobedeciere o instigare a hacerlo sanción y desde ya niego haber sido notificado de orden alguna en ese sentido e invito a incorporar al sumario el documento que exprese y haga prueba de que esa orden se me dio. PROCEDIMIENTO 1-INTRODUCCIÓN: Se puede decir que la función de control social que pertenece al Estado para autoprotegerse ante la posible lesión o puesta en peligro de su integridad como ente organizado que puede estar dado en el caso en particular, por un agente que presta servicio dentro de su ámbito, es amplio, pero es y debe ser sumamente REGLADO y CONTROLADO con todas las garantías que la ley procesal le pueden dar. Es así que deben aplicarse los principios de garantías penales a toda investigación o procedimiento tendiente a aplicar una sanción al individuo, pues si no se estaría violando ese ámbito la libertad, es un ámbito tan cuidadosamente diseñado por la norma constitucional y que ocupa un lugar central en la posición jurídica del ciudadano, puesto que define su ámbito general de actuación lícita, el que está protegido frente actuaciones represivas del Estado. Esto suele llamarse libertad física de obrar, sería burla, decimos, que esa libertad central dejase ser operante frente Administración precisamente. Cuestión siguiente es demostrar cuales son los vicios en el procedimiento que presento como agravios: 2- VICIOS PROCEDIMENTALES: a- Tal como expresara arriba, se ha dado un vicio en la falta de excusación por parte de quien ordena el inicio del procedimiento sancionatorio por los motivos expresados arriba (haberlo denunciado – enemistad manifiesta), lo que lo colocan en una situación de PARCIALIDAD que no hace bien a ninguna de las partes del procedimiento. Que como órgano administrativo que representa la voluntad del Estado, debe ser totalmente IMPARCIAL para actuar como en este caso (promotor de la investigación), imparcialidad que desde ya niego por hechos de público y notorio conocimiento. b- Incorporación de documentos, por así llamar a las tomas fotográficas, sin la mínima expresión de validez, ya que no tienen firmas que los certifiquen, no se ha guardado las mínimas condiciones de admisibilidad para su incorporación, ya que no se sabe quien realizó las tomas, las primeras fueron incorporadas sin orden expresa dada por funcionario para ello habilitado (Juez) ni autorización alguna por el orden jurídico violando así mi privacidad y mi imagen. c- Se me negó el acceso completo al expediente, cuestión esta ya expresada ut supra. d- En la Declaración de Imputado, solo se expresan los artículos que se pretenden he infringido, pero en ningún momento se hace referencia a las pruebas que avalan la imputación (cuales son las pruebas existentes en su contra). Es así que no soy yo como juzgado quien tiene que probar, si no quien pretende imputarme la infracción, en este caso LA ADMINISTRACIÓN quien debe reunir los elementos a partir de los cuales se sustente la acusación. CONSIDERACIÓN FINAL: En ese sentido, tener presente que maestro MARIENHOFF tiene señalado que procedimiento administrativo disciplinario ha de desarrollarse con absoluto respeto a los principios inherentes al debido proceso legal, que ante la violación a tal temperamento es susceptible invalidar lo actuado. Pero prominente jurista fue más allá sentenció que si bien las sanciones disciplinarias que aplica Administración Pública no son penas que aplican jueces fuero penal, la sanción disciplinaria tiene obvia sustancia penal. Así, BEZZI, inspirándose en MARIENHOFF, postula la necesidad de excluir toda punición que intente sustentarse sólo en juicio u opinión de un superior. PETITUM: Por lo expuesto solicito: A-Se tenga por realizada en legal tiempo y forma defensa por escrito a tenor del art. 217 del R.R.D.P. y N.P. B- Se dicte mi sobreseimiento total y definitivo en la presente investigación administrativa. C-Se haga reserva de ampliar el presente dado que desconozco los términos en razón a las falencias indicadas y hasta tanto no se certifiquen las copias que me fueran entregadas poniéndolas a su disposición junto con el presente escrito. Siendo todo el objeto de mi presentación, salúdole Atte.