Corrientes será la primera provincia del país en contar con un mecanismo integral de protección de testigos que prestarán declaración en el juicio, que iniciará el 5 de febrero, por el ex Regimiento de Infantería 9 (RI9).

A los efectos de articular acciones con vistas a la apertura del programa integral de protección a testigos, llegarán este martes a Corrientes el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación Luís Alen; un delegado de la Oficina de Protección a Testigos, a cargo del Director de Políticas Criminales de la Nación, cuyo titular es Mariano Sciaffardini; asimismo la especialista María José Guembe, del Programa Verdad y Justicia (a cargo de Marcelo Saín), que funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación y Victoria Martínez, del Programa de Asistencia Psicológica a Víctimas del Terrorismo de Estado. Los funcionarios nacionales se constituirán en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes, en el marco del programa de protección a los testigos del juicio por el ex RI 9, que iniciará el 5 de febrero en esta capital. Junto a ellos trabajarán autoridades del Ministerio de Gobierno y Justicia, como el titular de esta oficina del estado, Pablo Vassel, en forma conjunta con la Subsecretaría de Seguridad. El programa de protección estará dirigido a testigos, pero asimismo a la parte querellante, peritos, jueces y fiscales, en tanto que se garantizó la intervención operativa de la Policía de la Provincia. En forma paralela, se ajustarán detalles para la creación de un programa de asistencia psicológica, a través de la llegada a Corrientes de tres expertos de la Nación, que capacitarán, durante el transcurso del juicio, a los psicólogos que asistirán a los testigos, muchos de ellos espectadores de los traumáticos hechos de violencia ejercidos por los cuadros militares durante la dictadura en esta parte del país. A fin de ofrecer mayores detalles, el subsecretario Pablo Vassel, ofrecerá junto a los funcionarios y especialistas nacionales una conferencia de prensa el miércoles, desde las 10 de la mañana en el auditorio “Madres Correntinas de Plaza de Mayo”, ubicado en la sede de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Belgrano 1260 de Corrientes capital. Se trata, en rigor, de una respuesta del Estado a los antecedentes negativos que existen en el país, con los casos de Héctor Febrés y Jorge Julio López. De esa manera, Corrientes se constituirá en la primera provincia argentina en generar un marco confiable para garantizar el normal transcurso de un juicio por delitos cometidos durante la dictadura. El caso del Ex RI9, constituye el primero en arribar a juicio por “centro clandestino de detención y exterminio” y primero en juzgar a oficiales de la primera línea de mando, como el caso de Cristino Nicolaides, ex JEFE DEL DISTRITO MILITAR CORRIENTES y miembro de las Juntas Militares que gobernaron el país en el último tramo del régimen de facto. INFORME ESPECIAL A juicio de los expertos, el caso del ex Regimiento de Infantería 9, avanzó muy rápidamente, al igual que las otras causas de Corrientes, por la intensa articulación de acciones y objetivos entre organismos de Derechos Humanos, querellantes, familiares y testigos, el Ministerio Público y el Gobierno Provincial, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El juicio oral iniciará el 5 de febrero, se especula que durará entre tres y cuatro meses, en el tribunal federal conformado por los doctores Víctor Alonso (Presidente), Lucía Rojas de Badaró y Gabriel Navarro (vocales) y el conjuez Osiris Jantus. Vale señalar, la Fiscalía está conformada por el fiscal federal del Tribunal Oral del Chaco a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio Público Fiscal Nacional de Seguimiento de Juicios por Violaciones de los Derechos Humanos, Jorge Auat; el fiscal General Federal de Corrientes, Germán Weins; y el fiscal federal de primera instancia Flavio Ferrini, quien estuvo a cargo de la instrucción de la causa. Los abogados patrocinantes de la querella son los doctores Daniel Domínguez Henaín (en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), Ramón Leguizamón y Diego Vigay, por la Comisión Provincial de Derechos Humanos y familiares de las víctimas. Pasarán por el estrado federal alrededor de 40 testigos, grupo conformado por ex detenidos y desaparecidos, familiares, testigos de hechos y expertos entre los que se destacan los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf), gabinete científico encargado de la identificación de Rómulo Artieda; la periodista y documentalista francesa Marie Monique Robin, quien realizara importantes trabajos referidos al terrorismo de Estado en la Argentina; el presidente del Centro de Militares de la Democracia Argentina (Cemida), Horacio Ballester, quien ofrecerá detalles sobre normativas y reglamentos militares en los años de plomo; y el Premio Nobel Alternativo de la Paz Martín Almada, quien proviene del Paraguay y podrá proporcionar información que vincula a los militares y las fuerzas argentinas con operaciones ilegales en el país vecino. PROCESADOS Los procesados que irán a juicio el 5 de febrero y quienes en octubre pasado cumplieran tres años de detención, son el general Cristino Nicolaides, quien -por edad y un deterioro en su estado de salud- cumple prisión domiciliaria en su casa de Córdoba. Este represor fue JEFE DEL DISTRITO MILITAR CORRIENTES, luego jefe del Segundo Cuerpo del Ejército (con radio de acción en la región) y posteriormente jefe del Ejército, último integrante de la última Junta Militar que gobernó el país hasta el 10 de diciembre de 1982. También está procesado el capitán del Ejército Juan Carlos Demarchi, cuadro operativo de inteligencia, retirado de la fuerza y dedicado a la ganadería, por lo cual fuera presidente de la Sociedad Rural, institución que hace permanentes llamados públicos en busca de su liberación. Asimismo, Horacio Losito, quien permanecía en actividad como agregado militar de la Embajada argentina en Italia; con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia su retorno al país fue inmediata, en virtud de su participación en los crímenes del ex RI9 y los fusilamientos de Margarita Belén (Chaco). Y el otro miembro del Ejército que irá a juicio es Rafael Barreiro, que al momento de su detención actuaba como jefe del Regimiento de Monte Caseros. Junto a ellos, serán procesados los gendarmes Carlos Piriz y Roberto Reynoso, miembros de las fuerzas conjuntas de represión. Demarchi, Losito y Barreiro, se encuentran detenidos en Campo de Mayo, un presidio controlado por la Gendarmería Nacional, en tanto que Reynoso y Piriz permanecen alojados en la unidad penitenciaria de Marcos Paz (Provincia de Buenos Aires), bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal. Está previsto que el 1 de febrero sean trasladados a Corrientes, en el marco de un operativo previo al inicio de la instancia judicial. El expediente de la causa fue caratulado “Nicolaides Cristino, Demarchi Juan Carlos, Losito Horacio, Julio Rafael Manuel Barreiro, Raul Reynoso, Carlos Piriz por supuesta asociación ilícita agravada en concurso real por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, abuso funcional, aplicación de severidades, vejaciones, apremios ilegales y aplicación de tormentos” y lleva el número 460 del año 2006. La característica particular de esta mega causa es que podría juzgar asimismo un homicidio, el de Rómulo Artieda, por quien se inició el trámite judicial por desaparición forzada, pero en el transcurso de la investigación se individualizaron sus restos. Se encontraba enterrado como NN en un cementerio de Empedrado y fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en agosto del año pasado. Las audiencias por el juicio del ex RI9 se realizarán los días martes y jueves, a partir del 5 de febrero.