Pasadas las 20.30, una medida dictada por el máximo órgano judicial de la provincia, dio por terminado el calvario que Editora Correntina SA vivió desde el pasado domingo, cuando una banda armada intentó coparlo para ponerlo al servicio de un determinado proyecto político.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia puso punto final ayer a la larga serie de descabelladas resoluciones de la juez civil y comercial Silvia Garicoche que apuntaban a entregar el edificio propiedad de Editora Correntina SA al ex interventor judicial de la firma Julio Romero y que llegó a los extremos de pedir la captura de Alfredo Zacarías, interventor judicial de la firma, sin tener atribuciones para ello, y, en el colmo de lo insólito, la detención del ministro de Gobierno y Justicia Jorge Barrionuevo. El Superior Tribunal de Justicia, con las firmas de los ministros Carlos Rubín, Fernando Niz, y Eduardo Farizano, suspendió la ejecución de las medias dispuestas por la juez Silvia Garicoche como así también por la juez Anahí González Davis, aunque en este último caso -en rigor de verdad- se trataba de la notificación de la vigencia de una medida adoptada en agosto del 2002 respecto a la clausura de los pisos 2, 3 y 4 de Editora Correntina SA. El máximo órgano de justicia de la provincia resolvió además ordenar la clausura, tal lo había solicitado la actual intervención judicial de Editora Correntina SA, esos mismos pisos que la juez Garicoche intentaba entregar a Julio Romero, solicitando además la remisión de los expedientes de donde surgieron las decisiones cuestionadas para su análisis. Ayer, el amanecer judicial sorprendió a todos con el libramiento de un nuevo mandamiento que posibilitaba a Julio Romero hacerse cargo de los pisos 1, 2, 3 y 4 y playa de maniobras y estacionamiento, es decir el 99 por ciento del edificio propiedad de Editora Correntina SA, obstaculizando así de manera clara y sustancial la libertad de trabajo para la confección del principal producto de Editora: diario “época”. Para esto, la juez Garicoche había librado una larga lista de mandamientos y oficios ordenando a la policía de la provincia y a funcionarios provinciales a dar apoyo a su decisión a cualquier precio, así sea con la represión de los trabajadores que se oponían al retorno de Julio Romero a la sede de la empresa. Mientras la discusión se mantenía dentro de los parámetros judiciales de parte de los representantes de la empresa, con la clara obstaculización de la juez Garicoche que eludía la remisión del expediente a otros funcionarios que debían resolver planteos, los representantes legales de Julio Romero insistían de manera desesperada con llevar la acción hasta las últimas consecuencias para ingresar al lugar a sangre y fuego si fuere necesario. Con las dos órdenes encontradas en la mano, la de entregar el edificio y la de mantener clausurados los pisos, el ministro de Gobierno, Jorge Barrionuevo, decidió recurrir al Superior Tribunal de Justicia para pedir una intervención que dirima la cuestión que amenazaba con tornarse violenta. Barrionuevo no hizo más que seguir los mismos pasos que por la mañana había tomado la fiscalía al pedir al STJ un avocamiento por la gravedad institucional producida por la colisión de las órdenes tan opuestas y que sobre el mediodía había imitado también, aunque bajo otros argumentos, la asesoría letrada de la intervención judicial de Editora Correntina. La juez Garicoche, totalmente fuera de sí, libró en tanto una curiosa orden de detención del interventor Alfredo Zacarías, asumiendo el papel de Juez de Instrucción y Fiscal de Istrucción y basada en una denuncia que ella misma había presentado 24 horas antes, la que esperaba dictamen de la fiscalía en turno. Pero los excesos de Garicoche fueron más allá. Al ser notificados los abogados de Julio Romero de la decisión del Ministerio de Justicia de que la Policía de la Provincia no ejecute ninguna orden en el edificio de Editora Correntina SA hasta tanto no cuente con la aclaratoria de que orden se debía acatar, la juez decidió ordenar la detención del Ministro en un desesperado intento por provocar un claro conflicto de poderes, dejando incurso al Poder Ejecutivo en una inexistente intromisión en las decisiones de la Justicia. Pero esa interferencia no existió jamás, por cuanto la policía lo que hizo fue pedir una aclaración al máximo órgano judicial respecto a que medida tenía prioridad sobre la otra al emanar ambas de jueces de un mismo nivel y ser totalmente contrapuestas respecto a la misma propiedad. La juez Garicoche utilizó cuanto medio radial tuvo a su alcance para defender, a capa y espada, su posición sin admitir la posibilidad de un error de su parte. Cargó así contra el interventor judicial Zacarías, contra el ministro de Gobierno Barrionuevo y hasta contra el mismo Gobierno de la Provincia. De esta manera, la misma juez que autorizó a un comercio la venta de bebidas alcohólicas a menores durante las 24 horas del día y a instalar casas de juegos ilegales contradiciendo todas las leyes, decidió seguir adelante con su caza de brujas y anunció por radio el libramiento de la orden de detención del secretario general de redacción de “época” Orlando Romero, y del empleado de la firma, Guillermo Giardineri. Pero su principal objetivo parecía ser el interventor Zacarías a quien acusó, entre otros inexistentes delitos, de ser “depositario infiel”. “Yo tomo la decisión de detenerlo, Zacarías debió haber sido detenido, le mandé la orden al Jefe de Policía, debió haber sido detenido, si no lo hicieron no sé por qué será, quizás porque no lo encuentran” repetía de manera insistente y al borde de la desesperación. Como si fuera poco haberse constituido en Juez Penal y Fiscal, también lo hizo como accionista de Editora Correntina SA, ya que reclamó la separación del cargo de Zacarías: “Le pedí la remoción del cargo de Interventor” adelantó eufórica, como si fuera una medida que estuviera a punto de lograr. Claro, no se esperaba que escasos minutos después de sus temerarias afirmaciones radiales, la Juez de Instrucción en turno diera el primer paso en el camino de echar luz sobre tanto desacierto y contradicciones, concediendo el “Habeas Corpus” presentado por los abogados de Editora a favor del interventor judicial. Así fue que la juez Graciela Ferreyra accedió a conceder la medida calificando la orden de detención impulsada por Garicoche como “dictada en violación a las normas legales invocadas” y “arbitraria”. La historia de terror tramada por el ex interventor Julio Romero, investigado por la justicia por las graves maniobras delictivas cometidas durante su gestión al frente de Editora, su hijo Roberto Daniel “Nelo” Romero, un conocido estafador de fama internacional varias veces condenado, y los abogados Ernesto “Tito” González y Cástulo Rajoy, comenzó a armarse el pasado jueves cuando comenzaron a reclutar una violenta fuerza de choque para tomar por la fuerza el edificio de Editora Correntina en el transcurso del día. El verdadero objetivo: impedir que las ediciones de “época” salieran a la calle hasta después de las elecciones. Este es el objetivo que habían acordado con Raúl Romero Feris, quien por su parte ya había dado las órdenes necesarias a la juez que confesó a sus amigos “estar al servicio de los Romero Feris”. Así llegó el amanecer del domingo 18, cuando Julio Romero junto a su banda armada, logrando la colaboración de un complaciente Oficial de Justicia, logró acceder al segundo y tercer piso sin oposición alguna de parte de la intervención judicial que si reclamó la no entrega del primer piso debido a que allí funciona la administración de la firma. Tal toma de posesión fue plasmada en el acta del Oficial de Justicia. Pero de la misma forma Julio Romero y sus matones perdieron todos los derechos que habían logrado por la fuerza y una orden judicial viciada de nulidad, al abandonar por propia decisión y en absoluta calma varias horas después el lugar que ocupaban. La calma pareció volver a Editora Correntina hasta la madrugada del jueves cuando se conoció el libramiento de un nuevo mandamiento para la toma de posesión y la orden de detención para el interventor Alfredo Zacarías, a quien se buscaba por esta vía sacar del edificio y obligarlo, en consecuencia, a que deje de cumplir las órdenes que recibió cuando fue puesto en el cargo y su función como guardián de los bienes de la firma. El mismo día se conoció la vigencia de la orden primaria de clausura de los pisos 2, 3 y 4 en clara contraposición con la decisión de la juez Garicoche, lo que puso a la Policía en la disyuntiva de qué orden acatar, lo que impidió su participación. Eso parece haber enervado sobre manera a la juez Garicoche y a los abogados de Julio Romero que desesperados salieron a hacer acusaciones falsas y en base a ellas tomar decisiones absurdas y arbitrarias que menudo problema le ocasionarán ahora cuando deban reparar los daños ocasionados. Las cartas estaban echadas. Julio Romero, impulsado y apoyado por su sobrino “Tato”, buscaba parar “época”. Los empleados de la empresa habían decidido no permitirle más el ingreso de ninguna manera porque entendía que se trataba de una grosera vuelta al pasado, inadmisible a todas luces, y porque ponía en riesgo la fuente de trabajo de un centenar de trabajadores. Tras una larga y tensa vigilia durante la madrugada del viernes, comenzó el día clave para esta historia negra de la justicia correntina. Aunque las estrategias eran totalmente diferentes: mientras que del lado de la empresa se buscada una salida judicial, del lado de Julio Romero se buscaba una en la que no se descartaba usar toda la violencia que fuere necesaria con tal de avanzar. La existencia de jueces y funcionarios probos puso fin a la locura y abortó, alrededor de las 20.30 de ayer, las posibilidades de un lamentable enfrentamiento que ningún favor le hubieran hecho a las partes en cuestión. El fallo del Superior Tribunal de Justicia, al que Garicoche deberá someterse al igual que Julio Romero, y lógicamente Editora Correntina SA que nunca se ha apartado del cumplimiento de las decisiones judiciales, llevó todo a fojas cero. Minutos antes se había conocido la concesión del “Habeas Corpus” por la Justicia Penal en favor del interventor Alfredo Zacarías, una medida que venía a liberarlo de la persecución personal desatada por una juez civil que ahora deberá responder ante la justicia, de la cual es parte, por su accionar, la gravedad y consecuencias de las decisiones por ella adoptadas, esas que durante la tarde de ayer, dijo, son minuciosamente estudiadas antes de ser dictadas, pero que -por lo menos en esta oportunidad- carecieron de todo sustento legal y lógico. Fuente: Diario Época