Días atrás se llevó a cabo en la sede central del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Corrientes, una reunión de Secretarios Técnicos de la institución, de la cual participaron los representantes de las delegaciones de Goya, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Bella Vista, Monte Caseros, Esquina, Santo Tomé y Gobernador Virasoro. La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente del Consejo, Walter Sonza.

El objetivo de la reunión fue el de analizar, discutir, profundizar y difundir entre la matrícula, entre otras cosas, la Resolución Nº 311/2005 de la FACPCE, relacionada al lavado de dinero. ASPECTOS MÁS SOBRESALIENTES Los principales puntos abordados tuvieron que ver con las “Normas sobre la actuación del Contador Público como auditor externo y síndico societario, en relación con el lavado de activos de origen delictivo”. En este sentido, se analizaron los siguientes ítems: 1. Vigencia: Ejercicios cerrados a partir del 30 de junio de 2005.Resolución Nº 1.051/05 (RG) del C.P.C.E. de la Provincia de Corrientes. 2. Profesionales comprendidos: Auditores y síndicos (Contadores Públicos) 3. Objetivo de la norma: Fijar un marco profesional y brindar herramientas útiles para el desarrollo de la labor de los Contadores Públicos, que con carácter de carga pública deben encarar en virtud de lo dispuesto por la Ley 25.246 y la Res. 03/2004 de la UIF. 4. Profesionales alcanzados: Aquellos que prestan servicios de auditoria de estados contables o se desempeñen como síndicos societarios, cuando estos servicios se brindan a las siguientes personas físicas o jurídicas: – Entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias; y las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones; – Entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional; – Personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar; – Agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermedios en la compra, alquiler préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos; – Agentes intermedios inscriptos en los mercados, de futuro y opciones cualquiera sea su objeto; – Registros Públicos de Comercio, los organismos representativos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas, los Registros de la Propiedad Inmueble, los Registros Automotor y los Registros Prendarios; – Personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o la exportación, importación elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas; – Empresas aseguradoras; – Empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjeta de crédito o de compra; – Empresas dedicadas al transporte de caudales; – Empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete; – Escribanos Públicos; – Entidades comprendidas en el artículo 9º de la Ley 22.315; – Personas físicas o jurídicas inscriptas en los registros establecidos por el artículo 23 inciso t) del Código Aduanero (Ley 22.415 y modificatorias). – Organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia; – Productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400,sus modificatorias, concordantes y complementarias; – Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, excepto cuando actúan en defensa en juicio; – Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros. No serán aplicables ni podrán ser invocados por los sujetos obligados a informar por la presente ley las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal o profesional, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por la ley por contrato cuando el requerimiento de información sea formulado por el juez competente del lugar donde las información deba ser suministrada o del domicilio de la Unidad de Información Financiera a opción de ésta, o por cualquier tribunal competente con fundamento en esta ley. a) Sujetos no incluidos en el art. 20 de la Ley, pero que: b.1) tengan un activo superior a $ 3.000.000, o b.2) hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de un año. Aclaración: La norma reglamentaria no prevé la actualización monetaria automática del límite de $ 3.000.000 ni tampoco excepciones a los límites mencionados. 5. Servicios profesionales no comprendidos: – Revisiones Limitadas de estados contables. – Certificaciones e investigaciones especiales. – Asesoramiento impositivo o para la preparación de declaraciones juradas de impuestos. – Ninguno de los otros servicios profesionales reguladas en la Ley 20.488 6. Responsables de la labor, según la Res. 03/2004 de la UIF – Síndico y Auditor – Dictaminante (no están comprendidos los otros profesionales que integran el equipo de auditoria) – Asociaciones Profesionales (la responsabilidad se extiende a la firma a la que pertenece el profesional que tenga a su cargo la auditoria de los EECC).