La Asociación de Deudores Hipotecarios de la Provincia de Corrientes (ADHiC), informó que en virtud de la reciente sanción de la ley provincial Nº: 5783, por la cual se brinda una solución de fondo, exclusiva y excluyentemente, a aquellas familias que se encuentran en los fueros provinciales con sentencia de remate; seguirá trabajando para las familias correntinas para las cuales aún quedan por encontrar una solución definitiva.

La asociación de deudores trabaja por “una ley nacional que contemple a los deudores de vivienda única que se encuentran en la Justicia Federal en esta misma instancia”. “Por una norma provincial que recupere a las viviendas de los vecinos del Bº San Jerónimo y otros barrios del interior de la provincia, cuyas hipotecas, años atrás, fueran vendidas por el INVICO al Banco Hipotecario SA y actualmente están siendo ejecutadas por esta entidad bancaria; Por una refinanciación justa y acorde a sus ingresos actuales de los tomadores de créditos con garantía hipotecaria que se encuentran en mora con cualquier entidad crediticia. Por la ley nacional de recálculo de los créditos de los deudores del ex Banco Hipotecario Nacional, cualquiera fuera su situación contractual. Con respecto a estos últimos, 4000 familias en Corrientes; agradeceremos la difusión de la siguiente explicación que relata sucintamente el calvario por el que vienen atravesando estos correntinos desde hace más de 10 años”. El comunicado indica además que, “con la privatización del Banco Hipotecario, se alteraron las condiciones de los créditos para viviendas”. UNA HISTORIA DE NUNCA PAGAR Unos 240 mil deudores del privatizado Banco Hipotecario, aunque paguen en tiempo y forma la amortización mensual del crédito por sus viviendas, cada vez deben más plata. La culpa, el mecanismo de capitalización de intereses que aplica el banco, que además hace crecer la cantidad de cuotas. La crisis del sistema financiero eclipsó el grave problema, pero mucha gente ya está imposibilitada de cumplir con los pagos Los deudores del Banco Hipotecario SA conviven con la angustiosa sensación de que en cada vencimiento de cuota del préstamo acordado, sus viviendas se van hundiendo en un pozo sin fondo. El porqué de esta sensación es bien sencillo: aunque cumplan en tiempo y forma con lo pactado con el banco para la devolución, el monto de la deuda crece en vez de disminuir por efecto de un mecanismo perverso llamado amortización negativa. Esta situación afecta a muchos, aunque son mayoría los que tomaron un crédito hipotecario con anterioridad al año 1991, en una operatoria que hasta la Ley de Convertibilidad no presentó problemas para los deudores del Hipotecario, privatizado en 1997. Es decir, el banco protegía su capital con un índice de indexación y cobraba un interés de entre el 1 y el 5 por ciento, según los ingresos del prestatario. La situación de los deudores del Hipotecario cambió rotundamente con la convertibilidad. En años de plena estabilidad de la moneda, con el peso uno a uno con el dólar y sin inflación, la cuota de devolución se incrementó en más del 100 por ciento en el período 1993-2000, y sigue subiendo. Otra cosa peor ocurre con el saldo de capital: en lugar de ir disminuyendo con los pagos, por el contrario, se incrementa mes a mes y sube la cuota, el seguro de vida, el seguro de capital y además cobraron en forma ilegal el IVA cuando este está exento para la vivienda familiar. Todo esto, en un contexto de congelamiento y rebaja de salarios que lleva diez años. El banco se defiende y dice que el decreto reglamentario 959/91 lo autoriza a incrementar la tasa hasta el 12 por ciento anual, y que por solidaridad con la gente, fijó una tasa del 9 por ciento anual a partir de julio 93. E insiste que la ley 24.143 -ya derogada- permite la aplicación de un sistema de capitalización de intereses, en principio prohibido por el Código Civil, salvo pacto expreso entre las partes, y que por esa misma ley, han quedado sin efecto las disposiciones de mutuo acuerdo, suscriptas con cada prestatario. En la práctica, esto significa que si el saldo de capital a julio del 93 era de 40 mil pesos con un interés del 1 por ciento, abonaba 33 pesos mensuales (400 anuales). Y con el aumento del interés al 9 por ciento, lo abonado por ese concepto pasó a 300 pesos mensuales (3600 anuales). Los deudores alegan que como el banco no puede aplicar de una sola vez la diferencia por los intereses, lo hace en forma gradual. En el caso del ejemplo anterior, la meta de cobro serían los 300 pesos mensuales, es decir que la diferencia entre el 1 por ciento del interés original y el 9 por ciento que el banco no pudo cobrar ese mes, se suma al capital adeudado. El resultado, es que por la capitalización de intereses la deuda crece en forma indefinida, y únicamente cuando el deudor llegue a pagar exactamente el 9 por ciento en cada cuota, la cuota se congelará y no se trasladará a su deuda. Con este mecanismo, los plazos de pago se ampliaron a 40 ó 50 años y las cuotas de amortización, desde el 93 a la fecha, han crecido más del ciento por ciento. El cambio de las condiciones de pago, decidido en forma unilateral en perjuicio de los deudores, puso a la gente entre la espada y la pared. Muchos no pagan más, sencillamente porque no pueden hacerlo, y otros están cada vez más agobiados. Frente a esta realidad, en todo el país los deudores del Hipotecario reaccionaron primero ante la opinión pública, y después organizándose en asociaciones de defensa común, para llevar su drama a los estamentos institucionales y estrados judiciales. En varios lugares la Justicia falló a favor y se lograron reducciones de hasta el 50 por ciento en el importe de las cuotas. En el caso de las 400 familias, de la preconvertibilidad del ex Banco Hipotecario Nacional, afectadas en Corrientes, está constituida, hace varios años, la delegación Corrientes de la Asociación Federal Adjudicatarios Hipotecas Preconvertibilidad, representada por Ana Koczergo de Ayala, quién con la Asociación de Deudores Hipotecarios de la Provincia de Corrientes (ADHiC) trabajan en forma conjunta por revertir esta injusta situación que atraviesan las familias que tomaron créditos hipotecarios con el ex Banco Hipotecario Nacional. Los objetivos principales, se refieren a la defensa de la vivienda familiar, en relación a servicios y actuaciones de bancos y otras entidades de carácter financiero; la defensa y protección de los legítimos intereses económicos y sociales de sus asociados, en lo relacionado con la adquisición y/o financiación de la vivienda. En su momento, en el país, muchos adjudicatarios del ex Banco Hipotecario Nacional decidieron accionar judicialmente por el reajuste derivado de la modificación unilateral de los contratos originales y consiguieron medidas de no innovar, que ordena al Banco Hipotecario abstenerse de iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales contra los actuantes. El proceso de privatización del Banco Hipotecario Nacional en el gobierno del presidente Carlos Menem fue calificado de escandaloso en un informe de la Cámara de Diputados de la Nación. En el mismo se advierte de la “aberración jurídica, económico-financiera y política” que posibilitó que el Estado nacional resigne en el sector privado que compró las otras acciones, la conducción del ahora Banco Hipotecario SA, aún teniendo en su poder el 54 por ciento de la participación accionaria. Los deudores que finalmente resultaron perjudicados con la modificación de la operatoria de amortización de sus créditos hipotecarios, como consecuencia directa de la privatización del Banco Hipotecario, son 240 mil en todo el país. ¿EL FINAL ESPERADO? Actualmente, por la ley nacional Nº 26177/06 y su prórroga, se encuentra funcionando la Unidad de Reestructuración de Créditos pactados con el ex Banco Hipotecario Nacional, integrada por representantes del Senado de la Nación (Jorge Capitanich del Chaco), de la Cámara de Diputados de la Nación (Patricia Fadel de Mendoza-titular- y Araceli Méndez de Ferreyra de Corrientes-suplente); del Ministerio de Justicia; del Ministerio de Economía; del Banco Hipotecario SA y de los Deudores (Ricardo Feldheim -titular- por ADEVIFRA y Sebastián Moreno -suplente- por la Asociación Federal Adjudicatarios Hipotecas Preconvertibilidad). Esta Unidad al expedirse “deberá considerar: el mutuo de origen; los intereses y penalidades aplicadas de cualquier naturaleza; las cláusulas de caducidad de los plazos; el anatocismo; los pagos, pagos a cuenta y toda otra modalidad de los mismos, y demás circunstancias que resultaren relevantes para la determinación de la reestructuración encomendada. La Unidad de Reestructuración evaluará cada uno de los mutuos originarios mencionados en este artículo, sus novaciones y/o reestructuraciones, producidas por normas legales o por acuerdo de partes. Determinará un estado de la deuda actualizada en cada contrato, sobre la base de índices que se aplicarán en forma homogénea sobre el préstamo y sobre cada cuota de capital, desde el día del contrato original hasta la fecha de sanción de la presente ley. Igual procedimiento se aplicará al pago de intereses para determinar lo abonado en moneda homogénea. Al efecto se utilizarán como índices los de evolución del salario y de la construcción que publica el INDEC. La deuda así recalculada que otorgue mejor posición al deudor, será comparada con el importe reclamado por la entidad acreedora al solo efecto de determinar la razonabilidad de la misma. Evaluado que fueren todos los casos, y cuando no se logre un acuerdo de partes, la Unidad de Reestructuración elevará al Congreso de la Nación una propuesta definitiva que puede contemplar quitas, recálculo de cuota o subsidios. En tanto la Unidad de Reestructuración no se expida con respecto a lo aquí establecido no podrán ejecutarse los mutuos hipotecarios involucrados y la demora no devengará intereses compensatorios ni punitorios, ni gastos a cargo del deudor, toda vez que la presente se declara de orden público. En caso de transferencia de cualquiera de los créditos alcanzados por esta ley, los mismos continuarán afectados por las condiciones establecidas por la presente. Esta afectación deberá ser fehacientemente comunicada al eventual cesionario.” (*) Recibido por Corrientes al Día de Griselda Méndez, por Comisión Directiva de la ADHiC, (03783-443013/15679956) y Ana Koczergo de Ayala, por Asociación Federal Adjudicatarios de Hipotecas Preconvertibilidad (03783/456622).