La renuncia del kirchnerista Roberto Urquía a la comisión de Presupuesto de la Cámara alta detonó el debate en torno de la colisión de intereses que se puede generar entre los objetivos políticos y los negocios particulares de los parlamentarios. Según un relevamiento de PERFIL, al menos cincuenta diputados y senadores están vinculados con el campo.

(www.diarioperfil.com.ar; por Gabriela Manuli / Mariano Confalonieri) Entre los ocupantes de las bancas del Congreso hay desde hacendados y grandes empresarios agroindustriales, hasta pequeños productores rurales. La mayoría de ellos considera compatibles sus actividades privadas con la crucial votación por las retenciones. RECLAMO El envío del proyecto de retenciones trasladó la discusión al Congreso, en donde muchos comparten intereses con el campo. “Me debo a los intereses de mi provincia, a la posición tomada por el gobernador Juan Schiaretti y a las instrucciones que recibí de la Legislatura.” Con ese argumento, el senador peronista por Córdoba Roberto Urquía abandonó la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el 25 de junio. Su doble rol de legislador y productor agropecuario –es dueño de Aceitera General Deheza– lo colocó al borde de un conflicto entre sus intereses privados y políticos. Un problema que es más significativo si se tiene en cuenta que, como presidente de la comisión, tenía la responsabilidad de sacar el dictamen a favor de la política oficial de retenciones, cuando era público que estaba en desacuerdo. Pero el caso de Urquía es sólo el más emblemático. Según el relevamiento que realizó PERFIL hay al menos cincuenta diputados y senadores que, además de sus responsabilidades políticas, tienen un vínculo directo con la actividad agrícola o ganadera. Es decir, cerca de uno cada seis legisladores. Entre ellos, hay desde grandes empresarios y hacendados, como el propio Urquía o Carlos Reutemann, hasta pequeños productores que sólo tienen un centenar de hectáreas. Todos ellos, por un lado, podrían verse afectados por las medidas que deben adoptar en las Cámaras pero, al mismo tiempo, de su voto depende el éxito o el fracaso del Gobierno en el conflicto con el campo. Entonces, la polémica es inevitable: ¿pueden estos productores-legisladores levantar la mano pensando en el bien común sin estar condicionados por sus negocios privados? ANTECEDENTES En agosto de 2003, el entonces senador radical Raúl Baglini pidió que lo excusaran de participar en el jury al ex ministro de la Corte Eduardo Moliné O´Connor. Argumentó que, como abogado, tenía causas en trámite en el máximo tribunal. Pero Cristina Fernández, quien presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales, no hizo lugar a la explicación de Baglini por considerar que era una manera de eludir su responsabilidad de legislador (el criterio opuesto que utilizó ahora con Urquía). El senador optó por faltar a las sesiones para esquivar la votación que destituyó al magistrado. En circunstancias diferentes, el ex ministro de Salud Ginés González García intentó apartar del debate de la Ley Antitabaco al senador jujeño del kirchnerismo Guillermo Raúl Jenefes. Lo acusaba de hacer lobby a favor de la industria porque, en su actividad privada, declaraba ser socio de una cooperativa tabacalera. Jenefes no se apartó por considerar que él debía defender desde su banca los intereses de un negocio que daba empleo a muchas familias jujeñas. Pero no es una discusión sencilla. “No está mal que los congresistas tengan intereses, lo que está mal es que los oculten”, opinó Laura Alonso, directora ejecutiva de Poder Ciudadano (ver recuadro). ¿Será por ejemplo el caso del ex gobernador pampeano, actual senador, Rubén Marín? El peronista sólo consignó en su declaración jurada la propiedad de dos caballos, pero en la zona le atribuyen la estancia El Potrillo Oscuro, una importante extensión de tierra. Lo mismo ocurre con el presidente provisional José Pampuro. Félix Loñ, abogado constitucionalista, defendió la facultad de los legisladores al considerar que si hubiera conflicto de intereses por ocupar un doble rol, no podrían votar los sindicalistas “a favor de las leyes laborales”. “No hay ningún tipo de impedimento. Si lo que sancionaran resultara desmedido, para juzgar eso está el Poder Judicial”, indicó a PERFIL. Es cierto que nadie puede obligar a un legislador a votar a favor o en contra de una norma. Aunque en un clima político tan enrarecido como el actual, muchos interpretan que tanto desde el Gobierno como desde el campo se intenta inclinar la balanza hacia alguna de las dos posturas. “Hay algunos legisladores que son débiles ante los fuertes”, consideró Néstor Kirchner, titular del PJ, a pocas horas de la votación en Diputados. “Los que voten a favor de las retenciones no van a poder mirar a la cara a sus hijos, porque les va a dar vergüenza”, retrucó el ruralista Alfredo De Angeli. EL CAMPO Y LA BANCA “Las retenciones móviles congelan las ganancias de aquí al futuro”, dijo Reutemann al romper su habitual silencio. Habrá que ver cómo vota cuando el Senado trate el proyecto que se ponga en discusión, porque en su declaración jurada se define como empresario “agropecuario”, propietario de una firma unipersonal que gana al año 1.400.000 pesos y tiene un patrimonio de más de 2 millones de pesos. Algo similar sucede con Felipe Solá, quien sin cuestionar con mucha dureza al oficialismo, puso de relieve críticas a la carencia de una política agropecuaria nacional. El actual diputado contestó al Directorio Legislativo que es “consultor agrícola” y que su familia tiene campos en la zona de 25 de Mayo. También la senadora Delia Pinchetti tiene con su marido, diputado provincial tucumano, unas 195 hectáreas que destina a la caña de azúcar. La diputada Beatriz Rojkes se dedica con su esposo, el gobernador tucumano José Alperovich, a distintos cultivos y a la explotación de la firma Alperovich SA, que entre otras cosas declara como objetivo la venta de maquinaria agropecuaria. ¿Le impide esto votar a favor o en contra? ¿La condiciona? Fabián Ríos, el senador peronista que reemplazó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda a Urquía, fue contundente: “La actividad privada de un legislador no condiciona la votación”, sostuvo en diálogo con PERFIL. Añadió que el caso de Urquía es “muy particular, por el volumen de lo que produce”. Todos los legisladores consultados por este diario esgrimieron un argumento similar. Juan Carlos Marino, senador radical de La Pampa, alquila las 1.100 hectáreas que posee con su hermano para la cría de ganado. Pero no se siente presionado. Aunque en algún momento se le cruzó por la mente que podía haber un conflicto de intereses. “Después de lo de Urquía lo consulté con mi bloque, con las autoridades y ninguno creyó que podía haber una incompatibilidad”, le dijo a PERFIL. “Las actividades de los legisladores en algún momento se topan con leyes que regulan la actividad. Es lógico que, por ejemplo, un legislador del sindicalismo va a defender al sindicalismo”, prosiguió. Con Marino coincidió el diputado José Ameghino Arbo, del Partido Liberal de Corrientes. “Soy un micro productor. Tengo 550 hectáreas para la cría de terneros. Me dedico a esto, por mi cuenta, desde hace 30 años. Para mí no representa ningún conflicto” Arbo agregó: “No hay ningún impedimento moral ni jurídico. Además, en este caso lo que se discute son retenciones para el sector agrícola, yo me dedico al ganado. Si fuera que tengo 100 mil hectáreas todavía, pero tengo sólo 550”. OTRO CASO EMBLEMÁTICO El del senador y ex gobernador salteño Juan Carlos Romero, quien tiene una bodega, plantaciones Catamarca SA y la aceitera Romero Di Gangi, entre otros negocios. En la declaración que hizo ante el Directorio Legislativo consignó ser accionista en diversas sociedades familiares. Romero, cuando estalló el conflicto, advirtió en público que era “lamentable” la política oficial de enfrentar al Ejecutivo con el campo. Y ya desde entonces pedía el debate en el Congreso. Un férreo opositor al kirchnerismo, el ex presidente y actual senador Carlos Menem es otro ejemplo de la dualidad de intereses. En 2002 se asoció con Carlos Spadone en el negocio del vino con las bodegas Menem, que luego cambiaron el nombre por San Huberto. Hoy conserva una participación accionaria en la empresa. ¿Qué opinó Menem cuando le preguntaron por las retenciones?: “Son una necesidad de caja. Esta medida perjudica a los hombres que trabajan todos los días para que la Argentina siga creciendo”. Para César Gioja, senador kirchnerista por San Juan, la vinculación con la actividad agrícola no es ningún impedimento. “El caso de Urquía es puntual, porque se trata de un actor privilegiado. De todos modos, incluso con él, lo que ocurrió fue que hubo un conflicto político”, explicó a este diario. Gioja tiene una finca en la que se produce vino. Pero está a favor de las retenciones. “Es bueno que existan”, dijo. Sin embargo, a excepción de algunos casos, lo que une a la mayor parte de los productores-legisladores es que están en contra de la política oficial para el sector agropecuario. El debate está abierto y sólo cuando la iniciativa sea sancionada por el Congreso se sabrá cuánto influyó en la posición de cada representante la actividad privada que cada uno de ellos tiene. UN DEBATE CARGADO DE TENSIONES Hace mucho que no pasaba, pero esta semana el edificio del Congreso se convirtió en epicentro de todos los flashes. Los debates de comisiones de Agricultura y Presupuesto sobre las retenciones móviles fueron seguidos minuto a minuto. La decisión de enviar el proyecto al Congreso –que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 3 de julio por cadena nacional– marcó un antes y un después en el conflicto con el campo. Puertas adentro del Parlamento, el tema dividió aguas. Y puertas afuera también, con una vigilia montada desde carpas oficialistas y pro campo. Durante la semana, el kirchnerismo centró sus esfuerzos en asegurarse una mayoría para garantizar el número suficiente de votos y así lograr ratificar las retenciones en el recinto. Los debates se prolongaron durante horas en las comisiones y los bloques. Mientras, los ruralistas no perdieron pisada de lo que sucedía en las reuniones y mantuvieron contactos con legisladores opositores. Los cuatro representantes de las entidades rurales llevaron hasta el Congreso más de un millón de firmas reclamando la anulación de la Resolución 125. Otro de los actores que sumó su voz en medio del debate parlamentario fue el ex presidente Néstor Kirchner, quien les pidió a los legisladores que no se olviden “de dónde vienen” y “quiénes los votaron”. También les dijo que no tengan miedo y no se dejen amedrentar. Pero aclaró que sus palabras no eran un “apriete” a los diputados. TRANSPARENTAR LOS INTERESES El control de los conflictos de intereses está regulado por la Ley de Etica en el Ejercicio en la Función Pública (25.188). Sin embargo, el control sobre este punto es bajo o nulo, dependiendo del poder del Estado. En el caso del Congreso, la batalla por el acceso a las declaraciones juradas de los legisladores ha sido larga y todavía hay resistencias a entregar esa información, sobre todo en la Cámara de Diputados. Nadie controla efectivamente el contenido de estas declaraciones en el Congreso. Un interés particular puede condicionar la votación de un legislador y no está mal. Lo que no está bien es no conocer de antemano cuáles son esos intereses: para prevenirlo la herramienta más eficiente es la publicidad de la información. Así, el control de unos legisladores sobre otros, de la prensa sobre los legisladores y finalmente de la sociedad sobre los legisladores debe basarse en información pública provista por los propios sujetos obligados. Los legisladores tienen derecho a votar en todos los casos. Pueden abstenerse si lo desean, pero no se los puede obligar a hacerlo. En todo caso, promover la transparencia en el comportamiento de los diputados y senadores se relaciona con la publicidad de información acerca de sus intereses y potenciales conflictos. En el caso de la 25.188 debe avanzarse hacia su pleno cumplimiento creando la Comisión de Ética Pública, o proponiendo una reforma viable que fortalezca la información pública y el control. Así como es importante saber quiénes financian las campañas electorales de los postulantes políticos, también lo es conocer los potenciales conflictos de intereses que puede enfrentar un candidato al ser electo. La ley debería prever que la oficialización de candidaturas sólo debería aprobarse una vez que los partidos presentan las declaraciones juradas patrimoniales, de intereses y de causas judiciales. Esta es una reforma pendiente. Información suministrada por Laura Alonso, Directora Ejecutiva de la Fundación Poder Ciudadano.