Según declaraciones del abogado Jorge Buompadre, defensor de personas a las que se les atribuyen la comisión de delitos gravísimos como tormentos, desaparición forzada de personas, vejámenes y asociación ilícita, entre otros, el Programa de Protección y Asistencia a Testigos de la causa en la que se analizarán las responsabilidades del ex Campo Clandestino de Detención conocido como “Regimiento 9” organizado por el Gobierno de la Provincia, mas específicamente los Ministerios de Salud y de Gobierno y Justicia, es: “Un pseudo plan de asistencia y protección de testigos, fiscales y jueces”, por el que dijo “No sé de qué hay que protegerlos si declaran desde hace treinta años y a esta parte no han tenido ningún problema … está elaborado por el Estado para manipular a los testigos. ¿Que necesidad tiene un testigo hoy, después de 30 años de tener una asistencia psicológica?”.

Obviando la evidente contradicción que presentan las propias declaraciones del letrado, ya que es imposible manipular a un testigo que hace treinta años viene declarando lo mismo y que deja constancia documentada de ello (Las declaraciones ante la CONADEP, ante medios periodísticos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que visitó la Argentina en 1.979, ante la Cruz Roja Internacional que visitaba las cárceles argentinas durante la última dictadura y ante el propio Juzgado Federal al reestablecimiento de la democracia) se trata de aberraciones que resultan imposible de soslayar, para todas las personas de buena fe que habitamos este bendito suelo correntino. En primer lugar, no soy el responsable de diseñar el programa concreto de protección. Esto es una tarea de las fuerzas de seguridad, pero surge como un dato de la realidad que sin dudas habrá que tener muy en cuenta, que la defensa de los carniceros del Regimiento Nueve, no quiere o no le gusta que se proteja a los testigos. Como se decía en otro tiempo, “Por algo será”. Desde la nulificación del sistema legal de la impunidad que se había consagrado en la Argentina, se llegó a la etapa oral y pública en cuatro oportunidades. En una de ellas se secuestró a un testigo importante, Julio López, que al igual que los testigos de esta causa, hace treinta años que venía diciendo lo mismo. En otro se asesinó a un imputado, 48 horas antes de que hablara en el Juicio. En esa acción se confirma la peligrosidad del aparato del terror, con tentáculos actuales y que como toda organización mafiosa, al que se quiera salir o declarar y “traicionar” a los suyos, no se perdona. Sostengo que resulta necesario proteger a todas las partes involucradas en la causa: jueces, fiscales, abogados (De la defensa y de la querella), peritos y testigos (Propuestos por ambas partes). Se va en ello el pleno juego y accionar de un poder del Estado: El judicial; los derechos de toda víctima a una respuesta judicial eficaz de naturaleza constitucional y el de la sociedad, a la verdad. La asistencia psicológica resulta imprescindible para toda persona que vivió una situación extremadamente traumática. Recordemos aquí que se trataba de personas que eran arrancadas de sus hogares o levantadas en la vía pública, alejadas de sus familiares, privadas de todo derecho, torturadas por funcionarios estatales -pese a que en el año 1.813 esta País ya abolió la tortura y sus instrumentos- confinadas en mazmorras clandestinas y al mismo tiempo obligadas a observar y sentir como propias las torturas a otras personas y ser testigos de sus asesinatos o desapariciones. Nadie sale sin secuelas físicas y psíquicas de semejante experiencia. Es parte fundamental de la reparación que todo Estado está obligado a garantizar a las víctimas de crímenes cometidos por el propio Estado (Art. 75 Inc 22 de la Constitución Nacional y todos los tratados de DDHH suscriptos por el País). De las consecuencias del stress post traumáticos hablan los sobrevivientes del holocausto nazi, que lo sufren hasta hoy, nuestros combatientes en Malvinas o cualquier otra persona que haya sido víctima de asalto en su domicilio, o de una golpiza o de una violación. Ríos de tinta se escribieron sobre esto. Hay protocolos científicos ya determinados, carreras universitarias que se especializan en la materia, todos los estados desarrollados del mundo crean institutos para atender estas problemáticas. En este punto Buompadre es un ignorante del desarrollo científico mundial y en cuyo caso es absolutamente vergonzante para una universidad pública que lo tenga como Vicedecano. El desconocimiento de otras ciencias, para un profesional, es gravísimo y algo así como que un médico negara la medicina legal. O que creyera que los tratamientos del dolor y la anestesia impiden una solución medica eficaz. Los que somos abogados no siempre defendemos las mejores causas, pero aun él más abyecto criminal merece asistencia letrada, aun, los amos y señores de la vida y de la muerte, que decidían a quién secuestraban y a quien no, a quién torturaban y a quien no, a quién dejaban vivir y a quien no, que operaban en el Regimiento 9 de Corrientes. Estos señores merecen asistencia legal. Pero ella se puede ejercer con decoro y con dignidad, sin mengua en la efectividad de la defensa. Buompadre asumió una defensa política de sus clientes, que lo aleja bastante del mundo del Derecho para acercarse al mundo de la política y de los defensores del Terrorismo de Estado y de las Dictaduras. Allí radican las críticas al Estado Nacional (A los tres poderes del Estado), y al sistema de Derechos Humanos establecido en nuestra Constitución por decisión mayoritaria de los partidos políticos argentinos en Santa Fe, en la Reforma de 1.994. Esta defensa política también explica las críticas, curiosamente por sus aciertos, a los gobiernos de este país y de esta provincia, ampliamente legitimados por el voto popular. Y lo más grave para un profesional del Derecho y Vicedecano de una universidad pública, son los insultos al tribunal y a los demás operadores del Derecho, que solo se explican por su añoranza de un sistema político que privilegie la impunidad, que privilegie la ley de la selva y que desconozca los avances para la paz y la convivencia del sistema democrático. Buompadre puede defender a quien quiera, puede ganar fortunas con ello: está en su derecho. Pero no está obligado a asimilarse en sus valores humanos a sus clientes y mucho menos a ejercer verbalmente la misma crueldad que ejercían sobre sus víctimas, personas que violaban a detenidos, que torturaban con sadismo, que secuestraban a personas. Acusar a los testigos de ser manipulables, a una persona que desde hace treinta años viene diciendo lo mismo, como el propio Buompadre lo reconoce, es alejarse de toda defensa éticamente ejercida para entrar en el mundo de la crueldad y del bochorno, del cual, como el ridículo, nunca se vuelve. (*) Carta recibida por Corrientes al Día del Subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes