Muchos marcos jurídicos nacionales están mal dotados para hacer frente a las tendencias actuales de la trata de personas. Carecen de legislación y de instrumentos y, debido a ello, su capacidad limitada de represión, unida a la falta de funcionarios judiciales calificados y de marcos internacionales, dificultan la cooperación en el plano internacional. En los últimos años los Estados Miembros de las Naciones Unidas han observado los acontecimientos con creciente inquietud, según informes a los que tuvo acceso Corrientes al Día. En el séptimo período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en 1998, la Argentina propuso redactar una nueva convención contra la trata de menores, mencionando los indicios cada vez más concretos de la participación de grupos delictivos organizados en esta actividad.

La comunidad internacional decidió ampliar este concepto e incorporar la trata de todo tipo de personas, haciendo notar al mismo tiempo la vulnerabilidad cada vez mayor de las mujeres y los niños y sus necesidades concretas de protección y apoyo. Los Estados Miembros decidieron también que la manera más adecuada de abordar el problema era elaborar un protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Las negociaciones relativas al Protocolo se terminaron a finales de octubre y la Asamblea General lo aprobó junto con la Convención a mediados de noviembre del presente año. El concepto fundamental que aplicaron los Estados Miembros al negociar el Protocolo se basó en la necesidad de mantener un equilibrio delicado entre la aplicación de la ley y la protección de las víctimas. EN CONSECUENCIA, EL PROTOCOLO ESTABLECE LOS TRES FINES SIGUIENTES: ” Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños. ” Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos. ” Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr estos fines. PRIMER ELEMENTO DEL ENFOQUE: DEFINICIONES E INSTRUMENTOS En el primer elemento del enfoque los Estados Miembros definieron la “trata de personas” utilizando como marco los grupos delictivos organizados transnacionales. Con el Protocolo se procura proteger a las víctimas y agilizar las medidas de control para investigar, enjuiciar y sancionar a los delincuentes. En resumen, en él: ” Se define la trata de personas. ” Se proponen instrumentos para la aplicación de la ley y el control fronterizo. ” Se fortalece la reacción del poder judicial. ” Se amplía el alcance de la protección y el apoyo a las víctimas y testigos. ” Se establecen políticas de prevención. SEGUNDO ELEMENTO DEL ENFOQUE: REALCE DEL SIGNIFICADO DE TRATA Y DE LA REACCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL En el segundo elemento del enfoque los Estados Miembros realzaron el significado de la trata y de la respuesta ante ella, es decir, abordaron la definición de la trata en relación con la explotación, la esclavitud y la esclavitud sexual. El Protocolo se aplica a todas las personas, sin embargo, hace hincapié en las mujeres y los niños en particular, pues los Estados Miembros reconocieron su vulnerabilidad concreta. La respuesta: ” Obligación de penalizar la trata. ” Sanciones en que se tiene en cuenta el carácter grave de estos delitos. ” Posibilidad de investigar, enjuiciar y condenar a los responsables de la trata. Instrumentos para la aplicación de la ley y el control fronterizo ” Intercambio de información. ” Capacitación en materia de: Prevención. Investigación. Derechos de las víctimas y derechos humanos. Cuestiones de género. Cooperación con la sociedad civil. Medidas fronterizas y calidad de los documentos de viaje. TERCER ELEMENTO DEL ENFOQUE: LA PERSPECTIVA DE LA VÍCTIMA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY El tercer elemento del enfoque adoptado por los Estados Miembros se basó en la perspectiva de la víctima y en la de los organismos de aplicación de la ley. Guardar este delicado equilibrio resultó fructífero en la elaboración del Protocolo. Como se señaló, en la actualidad las víctimas se exponen a resultar más perjudicadas que beneficiadas cuando cooperan con el sistema judicial. Los programas de protección de los testigos son inadecuados, porque es posible que se considere que las víctimas han transgredido las leyes de inmigración. Con arreglo al Protocolo el objetivo principal es capturar y enjuiciar al responsable de la trata y, al mismo tiempo, proteger a la víctima. Su ayuda es decisiva para la aplicación de la ley, porque aporta las pruebas necesarias para enjuiciar en debida forma al responsable de la trata. ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS ” Privacidad. ” Información sobre las actuaciones judiciales. ” Rehabilitación física y psicológica. ” Necesidades especiales de los niños. ” Seguridad de las víctimas. Protección de las víctimas. ” Medidas para evitar la deportación inmediata. Repatriación de las víctimas en condiciones de seguridad”. PREVENCIÓN La labor de prevención prevista en el Protocolo comprende la información y educación a las víctimas, así como a los funcionarios y al público. En muchos casos, la voluntad de las víctimas de abandonar su país es aprovechada por los delincuentes, que presentan una imagen engañosa de sí mismos y de sus actividades. Por ello, resulta decisivo educar a las posibles víctimas. Permitiendo que conozcan y ejerzan sus derechos por medio de la educación se ayuda a los organismos de aplicación de la ley en sus investigaciones y a llevar a los responsables de la trata ante la justicia. Los componentes principales de la política de prevención del Protocolo son los siguientes: ” Políticas y programas amplios de prevención. ” Prevención de la victimización reiterada. ” Investigación, campañas de información e iniciativas sociales y económicas. ” Cooperación con la sociedad civil”. EL LOGRO DE UN EQUILIBRIO: RAZONES POR LAS QUE EL PROTOCOLO ES ÚTIL Y NECESARIO El Protocolo representa un nuevo enfoque del problema en varios aspectos. En él se define la “trata de personas”, que es un problema complejo y multifacético, en particular si se considera la participación de grupos delictivos organizados transnacionales. Se conjugan las medidas tradicionales de lucha contra la delincuencia para investigar y sancionar a sus responsables con medidas para proteger a las personas objeto de trata. Tal vez, este enfoque equilibrado podrá acelerar la ratificación y la aplicación posterior del Protocolo. Las tentativas anteriores de hacer frente a esta cuestión desde una perspectiva unilateral no resultaron, de hecho, fructíferas. Por ejemplo, las medidas basadas en los derechos humanos tienen por objeto proteger a las víctimas, pero carecen de mecanismos eficaces de aplicación de la ley para detener y enjuiciar a los responsables de la trata. El Protocolo es un instrumento que servirá de modelo para la legislación nacional, en el que se reúnen disposiciones detalladas sobre los comportamientos que se deben sancionar, la severidad de las sanciones y las medidas eficaces para combatir y prevenir la trata.