Los casos de Ecuador, Bolivia y Perú son las excepciones de la regla. Sin embargo, aun en estos países los movimientos indígenas han necesitado de acuerdos con el Ejército o algunos partidos políticos para alcanzar su cuota de poder en el gobierno. En la mayor parte del Hemisferio han sido casi invisibilizados, prácticamente como si no existieran. Según el informe al que tuvo acceso Corrientes al Día, de José Antonio Pastor para Cambios Digital, aunque generalmente es discriminada en todo América Latina, la población indígena ha demostrado en los últimos años un extraordinario repunte: ha botado a dos presidentes y puesto en jaque a otros tantos gobiernos, a partir de manifestaciones multitudinarias, una participación electoral significativa y una incuestionable organización.

En la actualidad, la población indígena alcanza alrededor de 50 millones de personas, distribuidas principalmente en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Perú. La gran mayoría (aproximadamente el 80 por ciento) es pobre, y de éstos más de la mitad son extremadamente pobres. Los pobres de zonas rurales, tanto los indígenas como los no indígenas, son generalmente trabajadores sin tierra propia en áreas de explotación agrícola a nivel comercial, o dueños de pequeñas extensiones de tierra en áreas de productividad marginal y bajo grado de comercialización. Primero en Ecuador, luego en Perú y recientemente en Bolivia, los movimientos políticos basados en el campesinado de raíces indígenas o mestizas han hecho tambalear las estructuras políticas tradicionales y los modelos económicos en esos países, con demandas similares de justicia social, nacionalismo y de acceso a la tierra. Después de décadas de tener un papel político secundario y una situación económica de marginalidad, los movimientos indígenas empezaron en los años ochenta a resurgir en varios países de América Latina, especialmente los andinos —una tendencia que se reforzó a partir de la década del noventa. Hasta entonces nadie los creía capaces de desafiar a un gobierno y mucho menos derrumbarlo. Entonces sucedió en Ecuador en el 2000. Dos años después, un acuerdo con el movimiento indígena llevó al ex militar Lucio Gutiérrez a la presidencia. En Bolivia, una revuelta de indígenas dirigida, entre otros, por el líder aymara Evo Morales, derrocó el pasado 17 de octubre al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Para los especialistas, en estos países los indígenas parecen haber cobrado conciencia de su fuerza, que parte de una unidad que nunca antes pudieron consolidar. Y es que hoy la telefonía celular y la Internet les brindan un nuevo panorama a este sector de la población latinoamericana, que ya no quiere mirar la Casa Presidencial desde las montañas, sino desde el propio balcón, como manifestó el escritor Manfredo Kempff. A LA RECONQUISTA, ¿PERO CÓMO? El especialista en derechos humanos, Cletus Gregor Barié, sostiene en su libro Pueblos Indígenas y Derechos Constitucionales en América Latina que este aumento en la participación indígena en los espacios de gestión política y en las reformas políticas han contribuido a la visibilidad de una población que está prácticamente escondida en las estadísticas. En su opinión, el cinismo con que las clases dirigentes violan el orden legal es uno de los problemas más graves de América Latina. Pone algunos ejemplos, como el del régimen de Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989), donde el gobierno estuvo acusado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de abusos contra los indígenas. Paraguay cuenta en la actualidad con 86.000 indígenas que representan aproximadamente el dos por ciento de la población total, de los cuales más de 42.000 se encuentran en el Chaco (Región Occidental), principalmente en los departamentos de Presidente Hayes y de Boquerón. La situación de los pueblos indígenas del Paraguay no solo depende de las decisiones de las autoridades o del Estado paraguayo, sino también del apoyo y la aceptación del resto de la población respecto de sus costumbres y reivindicaciones. Tal es el desinterés mostrado por este sector de la población de participar dentro de la sociedad nacional, que ni siquiera el Instituto Nacional del Indígena (Indi) tiene datos sobre alguna agrupación política que los represente. La antropóloga y docente en la Universidad Católica de Asunción, Marilín Rehnfeldt, explicó que los tenues casos de movimientos políticos indigenistas se dan solo en el Chaco, pero que tampoco es una organización política como tal. “En las últimas elecciones generales hubo una agrupación que se alió al Partido País Solidario y ganó una representación en la Municipalidad de la ciudad de Mariscal Estigarribia (departamento de Boquerón, 530 kilómetros al noroeste de Asunción), pero a estas comunidades indígenas no les interesa la participación en la sociedad. Los representantes indígenas en la concejalía, que se da sobre todo en distintas ciudades del Chaco, están abocados a hacer valer sus derechos como aborígenes, a reclamar sus reivindicaciones”, explicó Rehnfeldt, quien agregó que la posición de los indígenas de la Región Oriental es sumamente antipartidista, ya que ellos son conscientes de que fueron usados por los partidos políticos. La razón por la que los aborígenes paraguayos no quieren tener ninguna clase de relación con esta sociedad es porque las mismas no son igualitarias y no hay respeto mutuo. Para comprender la actual política indigenista del gobierno, se debe mirar más allá de los cambios de administración del Indi y tener en cuenta los siguientes indicadores: los recortes presupuestarios para compra de tierras del 2000 al 2002, la no aprobación de un pedido de reprogramación presupuestaria para compra de tierras al Ministerio de Hacienda hecho ya en el 2000, el rechazo de expropiaciones de reivindicaciones territoriales históricas en el Parlamento, la previsión de fondos para el funcionamiento institucional del Indi hasta ahora, y finalmente, la presentación por parte de la Secretaría de la Reforma del Poder Ejecutivo de un anteproyecto de ley de cambio de la Ley 904/81 considerado inconstitucional y contrario a los derechos indígenas, que aún deberá ser tratado por el Parlamento. El rechazo y retiro de varios proyectos de expropiación de tierras a favor de comunidades indígenas por ambas cámaras señalan que el Parlamento no ha tenido reparos en violar flagrantemente los mandatos constitucionales y legales de restitución territorial a los pueblos indígenas. En contra de estos reclamos, la Asociación Rural del Paraguay, los ganaderos afectados y políticos afines a sus intereses, en alianza con medios de comunicación, realizaron una campaña de deslegitimación de los reclamos territoriales y sus fundamentos que agravió a las organizaciones aliadas de los indígenas y presentó a los latifundistas como víctimas. En los últimos años, el Estado no ha avanzado en el manejo de un marco jurídico claro y favorable para la restitución territorial a los pueblos indígenas, y de la relativa sencillez de su solución en términos financieros y políticos ha tendido, por el contrario, a la simple negación del problema. Hoy, por ejemplo, los pueblos indígenas chaqueños reivindican apenas el tres por ciento de su territorios —en cifras redondas unas 750.000 hectáreas— y los de la Región Oriental menos de un cuarto de esta extensión, cuya adquisición de manos de los particulares que las detentan no debería costar más de 50 millones de dólares.