Los bolivianos dilucidarán el domingo en las urnas la suerte de su mayor tesoro natural -el gas- en un histórico referendo que abrirá su democracia a la participación directa. Según información de Reuters, la consulta, en que estarán en juego unos 53 billones de pies cúbicos de reservas del hidrocarburo, podrá cambiar la estructura económica de la nación andina, la más pobre de Sudamérica.

Simultáneamente, el voto para el que están habilitados cerca de 4,5 millones de los 8,3 millones de ciudadanos, definirá el destino del gobierno que conduce el independiente Carlos Mesa, según admisión del propio mandatario. Mesa, un ex periodista e historiador, de 50 años, convocó en abril al referendo como el primero de tres compromisos que asumió el 17 de octubre, cuando el Congreso lo designó presidente en sustitución de Gonzalo Sánchez de Lozada. Los otros dos fueron promover una nueva Ley de Hidrocarburos, que devuelva al Estado un mayor papel protagónico en el estratégico sector energético, y abrir la senda para la instalación de una Asamblea Constituyente. Sánchez de Lozada, un empresario minero que había gobernado el país con políticas liberales entre 1994 y 1997, renunció ese día a un segundo mandato, 14 meses después de iniciarlo, en el remate de dos semanas de protestas sociales reprimidas con un saldo de unas 60 muertes y 200 heridos. El descontento popular que acabó por derribarlo se inició con el rechazo a un proyecto de exportación de gas a través de Chile, nación a la que Bolivia cedió todas sus costas marítimas debido a su derrota en una guerra (1879-1883). Mesa, para consolidarse en el cargo, deberá sortear el domingo la primera dura prueba a sus tres compromisos. RESISTENCIA A LA CONSULTA Aguerridos sectores sindicales y campesinos le exigen dejar de lado la consulta, nacionalizar los hidrocarburos y expulsar del país a las petroleras extranjeras que los explotan y comercializan, bajo contrato, desde 1996. “El domingo arderá fuego en las comunidades”, dijo el viernes a Reuters el ex diputado indígena izquierdista Felipe Quispe, uno de varios líderes que desencadenaron un boicot del referendo y amenazan bloquear caminos, tomar recintos electorales y quemar ánforas. Las acciones contra el referendo se han concentrado en zonas rurales del altiplano andino y en El Alto, la ciudad más pobre del país, vecina a La Paz y principal protagonista de la rebelión de octubre contra Sánchez de Lozada. “La sangre de nuestros muertos no será regalada a las transnacionales”, dijo el viernes, durante el primer día de un paro de tres en El Alto, el dirigente obrero local Roberto de la Cruz. El Alto amaneció el sábado en completa calma luego de incidentes menores y esporádicos bloqueos que enfrentaron el viernes a manifestantes con la policía. Encuestas de institutos privados coincidieron en que Mesa obtendrá en La Paz y otras regiones urbanas y rurales en el resto del país mayoritario apoyo, aunque con dispar porcentaje, a cada una de cinco preguntas que forman parte de la papeleta del voto obligatorio. Estas fueron criticadas en distintos sectores como “ambiguas” y “complicadas” para el vasto electorado analfabeto o de escasa educación, especialmente del sector rural. Las preguntas se refieren a leyes, a la propiedad de los hidrocarburos en superficie, al fortalecimiento de la petrolera estatal de Bolivia, a las exportaciones de gas y a nuevas normas que establecen el aumento de obligaciones impositivas para las petroleras privadas, desde actuales 18 a 50 por ciento. También al uso del gas como “recurso estratégico” para obtener una salida al océano Pacífico. Mesa destacó el viernes en un mensaje nocturno a la nación la trascendencia del primer referendo constitucional en la historia del país y pidió a la ciudadanía que acuda a las urnas, aún en el caso de no estar de acuerdo con su contenido. “ENFRÉNTESE AL REFERÉNDUM COMO DEBE HACERLO: EN LAS URNAS,” DIJO MESA. “Asista a votar, porque no nos pueden robar, ni capturar, ni secuestrar ese derecho,” agregó. Más de un centenar de observadores internacionales, que incluyen a funcionarios de la OEA, del Parlamento Latinoamericano, del estadounidense Centro Carter, de organizaciones no gubernamentales y agencias europeas, llegaron al país para vigilar la jornada. Las primeras proyecciones privadas sobre el resultado de la consulta, basadas en muestreos levantados a la salida del voto, serán divulgadas por medios de comunicación a partir de las 2200 GMT. La Corte Electoral, cuyo cómputo oficial podrá prolongarse legalmente hasta el 4 de agosto, difundirá dos horas después un primer informe parcial, dijeron sus funcionarios.