Las autoridades venezolanas parecen estar torciendo, si no quebrando, las leyes nacionales e internacionales para asegurar un resultado favorable para el presidente Hugo Chávez en el referéndum revocatorio sobre su mandato. Según fuentes norteamericanas, Corrientes al Día pudo saber que, los aliados de Chávez en la Asamblea Nacional se han enfrascado en dudosas maniobras legales para cambiar la composición de la Corte Suprema, mientras que sus aliados en el Consejo Nacional Electoral han desarrollado una virtual camisa de fuerza de regulaciones para los observadores internacionales que seguirán la votación del 15 de agosto.

Tres magistrados de la Corte Suprema considerados como inclinados hacia la oposición fueron recientemente removidos, y reemplazados por tres considerados favorables al presidente. Esto terminó con el equilibrio del alto tribunal, donde la mitad de los 20 jueces era pro-gobierno y la mitad de oposición. Ahora el gobierno tiene “12 sólidos” partidarios, mientras que la oposición puede contar con ocho jueces en el tribunal superior del país, informó la semana pasada el periódico económico VenEconomy. “Es un tribunal a disposición del gobierno, para tomar cualquier decisión que favorezca a Hugo Chávez”, se añadió. Ese tipo de temores se han cristalizado en estos días. En la edición del sábado del periódico local El Nacional, el juez de la Corte Suprema, Iván Rincón, señaló que Chávez podría participar en elecciones posteriores si pierde el referéndum. “No hay restricciones si no están en la Constitución o las leyes”, declaró. El alto tribunal todavía no ha fallado oficialmente si Chávez podría participar en elecciones presidenciales después de la votación del referéndum. Pero eso no ha impedido a Chávez decir que puede. Efectivamente, durante un viaje a Argentina, Chávez dijo que se postularía nuevamente de inmediatamente si pierde la votación. No es arriesgado asegurar que la Corte Suprema validará el punto de vista de Chávez, gracias a una nueva ley que permite al Congreso nombrar y remover jueces de la Corte Suprema con una mayoría simple y expandir su número a 32 miembros. Una mayoría simple en el legislativo unicameral, controlado por aliados de Chávez por apenas un puñado de votos, aprobó la ley en mayo, a pesar de que los legisladores de oposición señalaron que la Constitución exige expresamente la aprobación de dos tercios de los legisladores para remover a un juez de la Corte Suprema. Los legisladores partidarios de Chávez utilizaron esa ley hace un mes para despedir al vicepresidente del tribunal, Franklin Arrieche, acusado por un comité del Congreso compuesto exclusivamente por miembros del partido de gobierno de entregar información falsa al ser nombrado y de tener vínculos con Luis Miquilena, un conocido opositor a Chávez. Al mismo tiempo, otros dos jueces del alto tribunal considerados contrarios a Chávez fueron obligados a retirarse después que partidarios de gobierno de la Asamblea Nacional pidiesen al fiscal general, contralor y al defensor del pueblo, todos nombrados por aliados de Chávez, que investigasen a ambos por acusaciones “morales y éticas”. Human Rights Watch ha criticado con fuerza la ley. “La crisis que enfrenta el sistema jurídico de Venezuela podría tener un impacto profundamente negativo en la democracia del país”, advirtió en junio. Las cosas no se ven más alentadoras en el Consejo Nacional Electoral, o CNE, que a finales de mayo exigió que se verificase que cientos de miles de personas que pidieron un referéndum realmente habían firmado la petición del año anterior. Y lo requirió a pesar de que la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter habían señalado su conformidad con el proceso de recolección de firmas. LOS OBSERVADORES DE LA OEA Y EL CENTRO CARTER SE GANARON LA ENEMISTAD DEL CNE AL SEÑALAR QUE LA VERIFICACIÓN ERA INNECESARIA. El director del CNE, Oscar Battaglini, ha expresado abiertamente su oposición a la presencia de observadores de la OEA en la votación del 15 de agosto. Pero en vez de prohibir su presencia, el CNE, introdujo el 23 de junio una estricta normativa a ser seguida por todos los observadores internacionales. Entre los puntos más polémicos está la capacidad del CNE para vetar la composición de los conservadores; la prohibición de hacer declaraciones públicas durante la votación y la confidencialidad de toda comunicación con el CNE; “ajustar sus actividades al programa establecido” por el CNE y presentar su informe final sólo al CNE, el cual decidirá después si publica el contenido. El CNE también ha informado que no permitirá “auditorías simultáneas” privadas de los resultados de la votación, aunque sus reglas formales no las prohíben. La oposición insiste en que se realicen, debido a la decisión del CNE de usar pantallas tipo “touch-screen” que no han sido probadas. Durante la última década, la OEA ha empleado rutinariamente su propio sistema de “computo rápido” para evaluar la intención de voto en todas las elecciones que ha monitoreado. Las interrogantes sobre el acceso de los observadores a todos los aspectos del proceso también podrían necesitar clarificación. El CNE oficialmente invitó a la OEA, al Centro Carter y a otras numerosas organizaciones a observar las votaciones. Pero una fuente de la OEA dijo que la entidad continúa evaluando la reglamentación y negociando con el CNE los puntos más complejos y que debería presentar una respuesta formal a la invitación. Por otra parte, la estatal Petróleos de Venezuela (PVZ.YY), PdVSA, ha desviado miles de millones de dólares a programas sociales, que algunos han calificado como gastos de campaña casi ilegales. Aunque el Banco Central ha autorizado a PdVSA depositar hasta US$2.000 millones en una cuenta para proyectos de infraestructura, por ley, la empresa debería vender los dólares que gana al banco central. Los críticos también dicen que los gobiernos locales, algunos de ellos en manos de la oposición, también deberían recibir su tajada de los mayores ingresos gracias al aumento en los precios del petróleo. Pero, a pesar de que la cesta petrolera de Venezuela ha promediado más de US$30 por barril en lo que va de este año, el gobierno central no ha subido el precio por barril de US$18,50 con el cual calculó su presupuesto federal del 2004. Los analistas no creen que el propósito del gobierno de Chávez al no incrementar el precio de referencia en el presupuesto es ser conservador, sino que está inflando su gasto discrecionario para su campaña, a expensas de los gobiernos municipales. Por otra parte, no es conservador para un país rico en petróleo el registrar un déficit presupuestario cuando se dispara el precio de este bien básico: para este año se prevé que el déficit fiscal del gobierno de Chávez alcance el 5%.