En las últimas semanas, los medios de comunicación occidentales se han dedicado a pregonar la buena nueva con rimbombantes titulares: “Vientos de cambio soplan en el Cercano Oriente”, “Transición pacífica en el Magreb”, “El deshielo ha comenzado”. Editorialistas y comentaristas políticos se subastan un tono triunfalista, que recuerda extrañamente el discurso de la prensa estatal de las extintas “democracias populares”.

Todo ello, para hacer hincapié en los comicios celebrados en Palestina, Iraq y Arabia Saudita, en las futuras elecciones libanesas, en el cambio de la normativa electoral egipcia. Sin embargo, si se analizan con detenimiento los efectos secundarios del tratamiento de choque administrado por el equipo del doctor Bush, se llega fácilmente a la conclusión de que el ejercicio per se de los derechos fundamentales en países que desconocen los rudimentos de la democracia, nada tiene que ver con el objetivo de la Casa Blanca. O tal vez… ¿sí? Los arabistas se limitan, por su parte, a llamar la atención sobre la espectacular victoria de los radicales islámicos en las primeras elecciones municipales celebradas en el reino wahabita, sobre la incapacidad de los partidos políticos iraquíes de hallar una solución de compromiso para la gobernabilidad del país, sobre la precaria estabilidad de la nueva cúpula de la Autoridad Nacional Palestina, obligada a ceder paulatinamente sus prerrogativas ante las presiones hábilmente ejercidas por las autoridades de Tel Aviv. Cabe preguntarse: ¿a quién le beneficia la fragilidad de los regímenes árabes? Desde luego, no a los auténticos defensores de la modernización del mundo islámico. Según la Administración norteamericana, entre los países con mayor déficit democrático figuran Egipto y Arabia Saudí, naciones muy reacias a recurrir a las herramientas del “sacrosanto” sistema occidental. En ambos casos, la “democratización” viene de la mano del sistema, que impone sus propias reglas de juego. En efecto, al potenciar el ascenso de los radicales, baluartes del régimen feudal, la dinastía wahabita no duda en echar las campanas al vuelo: el cambio no está impuesto por “potencias extranjeras”, sino por los pobladores del reino. Un arma éste de doble filo que, tarde o temprano, acabará convirtiéndose de la pesadilla de la Casa de Saúd. Muy distinta es la problemática de Egipto, primer Estado del Cercano Oriente en estrenar, a comienzos del siglo XX, un sistema pluripartidista. En este caso concreto, la involución política coincidió con la victoria de la sublevación de los oficiales nacionalistas de 1952, que abolió los derechos de la ciudadanía, instaurando un régimen autoritario. Durante la presidencia de Gamal Abdel Nasser (1954-1970), Egipto cayó en la órbita de la política exterior de Moscú. Los “consejeros” soviéticos se empeñaron en desmontar las ya de por sí escasas estructuras del pluripartidismo. Aunque tras la firma de los acuerdos de Camp David, Egipto inició su lenta marcha hacia la reintegración a Occidente, su rígido sistema político no experimentó cambios sustanciales. En efecto, de los 454 diputados que integran la Asamblea Nacional, 353 pertenecen al Partido Nacional Demócrata (PND) de Hosni Mubarak, catalogado por la CIA de “partido autoritario, adherido a la Internacional Socialista” (sic). Los cambios reclamados en las últimas décadas por la oposición política (liberales, independientes, ecologistas, militantes islámicos) no llegaron a materializarse hasta finales de febrero, cuando Mubarak anunció, sorpresivamente, la modificación del artículo 76 de la Constitución, relativo a la elección del jefe del Estado. Con ello, el “rais”, que lleva más de 24 años gobernando en solitario, pretende facilitar la presencia de otros candidatos en la palestra electoral. ¿Caras nuevas? No, en absoluto. Junto a Mubarak, que reclama un enésimo mandato, se divisan otras personalidades oficialistas: su hijo, Gamal, garante de la continuidad de la monarquía republicana, y el general Omar Suleyman, jefe de los servicios de Inteligencia, que cuenta con el apoyo del estamento militar. El único candidato de la oposición, Ayman Nur, líder de la agrupación progresista Al Ghad (Mañana), fue enviado a la cárcel (y liberado in extremis) por el Gobierno cairota. Se le imputaba un delito de “falsificación de firmas” a la hora de presentar la instancia para la legalización de su partido. Los egipcios confían, tal vez inocentemente, en que la próxima cita electoral servirá de punto de partida para un cambio de rumbo en la política nacional. Pero a la hora de la verdad, reconocen que la apuesta democrática no cuenta con demasiados adeptos en los círculos políticos de Washington o de Bruselas. Vientos de cambio, palabras al viento… (*) Recibido por Corrientes al Día del centro de Colaboraciones Solidarias (CCS) de la Universidad Complutense de Madrid, por Adrián Mac Liman, Escritor y periodista, miembro del Grupo de Estudios Mediterráneos de la Universidad de La Sorbona (París)