El ex dictador chileno Augusto Pinochet fue procesado hoy por el juez Carlos Cerda que además le dictó prisión preventiva por evasión y fraude fiscal, uso malicioso de instrumento público y falsificación de pasaportes, en el marco de la investigación por las cuentas secretas del Banco Riggs.

(region)- La Justicia chilena procesó hoy al ex dictador, Augusto Pinochet por evasión y fraude fiscal, uso malicioso de instrumento público y falsificación de pasaportes, en el marco de la investigación por las cuentas secretas del Banco Riggs. El juez Carlos Cerda fue quien dictó la resolución judicial, comunicada al anciano general a través de la secretaria del juzgado, Silvia Papa, en su propia residencia de La Dehesa donde quedó detenido, informó radio Cooperativa en su edición de Internet. Cerda resolvió también fijar una fianza de 12 millones de pesos chilenos (22.770 dólares) para otorgarle la libertad provisional. El defensor de Pinochet, Pablo Rodríguez, anticipó al diario La Tercera que apelarán el procesamiento y también el monto de la fianza. Asimismo, el magistrado desechó realizar nuevos exámenes médicos como lo había ordenado en abril el ex juez de la causa y actual miembro de la Corte Suprema Sergio Muñoz. En cambio, ordenó anexar los exámenes mentales y las conclusiones médicas decretadas por su par Víctor Montiglio en el marco de la Operación Colombo. En esos exámenes, los peritos del Servicio Médico Legal (SML) concluyeron que Pinochet no sufre enajenación mental, por lo que puede enfrentar un proceso. Y agregaron que el ex dictador “sobresimula un trastorno cognitivo”. Pinochet, quien el próximo viernes cumplirá 90 años, se encuentra además investigado por violaciones a los derechos humanos por 15 de los 119 crímenes cometidos en 1975 en el marco de la “Operación Colombo”. En este tema, el juez Víctor Montiglio debe resolver aún si le dicta el procesamiento o lo incluye en la Ley de Amnistía. Para el letrado defensor, sin embargo, la investigación “fue posible en gran parte gracias a la colaboración y contribución del general Pinochet, primero porque entregó todos los antecedentes que estaban a su disposición”. Argumentó también que Pinochet “liberó al albacea del secreto profesional y permitió que todos los fondos que estaban en países extranjeros fueran traídos e identificados en Chile, (…) y pagó todos los impuestos”. Rodríguez reiteró que “no existen cargos respecto a que el origen de los dineros sean mal habidos. Todos los dineros fueron adquiridos legítimamente por el general Pinochet y efectivamente no se declararon en Chile por la persecución política que ha sido objeto, no solamente en nuestro país sino que a través de todo el mundo”. Además, afirmó que “si bien es cierto que ocultó bienes en el extranjero, es discutible que los debiera declarar en Chile. Y en segundo lugar, no lo hizo para poder pagar menos impuestos sino que con el objeto de eludir la persecución de la que era objeto”. Cerda interrogó en cuatro oportunidades a Pinochet, diligencias en las que el ex gobernante justificó sus cuentas en el extranjero diciendo que era para evitar el embargo de los bienes que dictó en su contra el juez español Baltasar Garzón, tras detenerlo en octubre de 1998 en Londres. Las millonarias cuentas de Pinochet en el Banco Riggs fueron descubiertas en julio de 2004, a raíz de una investigación del Senado estadounidense que con posterioridad determinó que el ex dictador tenía otras 128 cuentas en diversos países, en las que utilizó al menos una decena de identidades falsas. En Chile, el juez Sergio Muñoz estuvo a cargo de la causa estableciendo que Pinochet mantuvo una fortuna de más de 17 millones de dólares en el extranjero y evadió impuestos por más de 5.700 millones de pesos chilenos (11 millones de dólares). En la misma causa, Muñoz sometió a proceso como cómplices del delito de fraude tributario la mujer de Pinochet, Lucía Hiriart; el hijo menor de ambos, Marco Antonio; su ex albacea, Oscar Aitken, y su secretaria, Mónica Ananías. El 19 de octubre último, la Corte Suprema chilena confirmó el desafuero de Pinochet por evasión tributaria, uso de pasaportes falsos, adulteración y uso de certificados de la subsecretaría de Guerra, y por la presunta falsificación de la declaración jurada de bienes que el ex uniformado efectuó en 1989. El máximo tribunal, en cambio, revocó el desafuero que pesaba sobre el ex gobernante por el presunto ilícito de alzamiento de bienes y lavado de activos que habría cometido al eludir un embargo dictado por el juez Baltasar Garzón.