La norma, que vencía a fin de año, contempla controvertidas medidas que avanzan sobre las libertades civiles. También se aprobó la ley que prohíbe el maltrato de prisioneros.

El presidente George W. Bush sufrió ayer una doble derrota en el Congreso, que aprobó una extensión limitada de una de las leyes clave de su lucha contra el terrorismo, el Acta Patriótica, y ratificó una medida que prohíbe el tratamiento cruel de extranjeros sospechosos de terrorismo detenidos por Estados Unidos. Pese a que el gobierno exigía su extensión sin límites, el Senado había aprobado anteanoche una ampliación por seis meses del Acta Patriótica, que le dio al gobierno poderes más amplios para detener a presuntos terroristas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York. Sin embargo, la Cámara de Representantes acordó anoche una extensión de sólo un mes, con lo que forzó al Senado a reevaluar su decisión. Por otra parte, el Senado le pidió al presidente que enviara a los legisladores reportes trimestrales sobre la guerra en Irak, mientras terminaba una extensa propuesta en rechazo a algunas de las políticas de guerra del presidente. Como si eso fuera poco, grupos defensores de los derechos civiles lanzaron una campaña en la que comparan a Bush con Richard Nixon, cuyo gobierno cayó en 1973 como consecuencia de un escándalo generado por escuchas telefónicas clandestinas. El gobierno, sin embargo, evitó ayer hablar de derrotas o fracasos al referirse a la extensión del Acta Patriótica, que vencía a fin de mes y que autoriza al gobierno a realizar registros secretos, interceptar llamadas telefónicas y otras medidas policiales contra el terrorismo. El vocero de la Casa Blanca, Scott McClellan, habló, en cambio, de una “victoria del pueblo estadounidense”. “Impedimos que los senadores demócratas mataran el Acta Patriótica”, agregó, en referencia al bloqueo que impuso la oposición hasta que logró la garantía de que se discutirán enmiendas con salvaguardias para las libertades civiles. La norma consta de 16 polémicas medidas que amplían los poderes de las fuerzas de seguridad, incluyendo libertades especiales para interferir comunicaciones telefónicas, revisar registros con datos personales y hasta ingresar en viviendas de sospechosos sin tener que notificarlos hasta varios días después. Los demócratas dejaron en claro que no se oponen a la renovación del Acta Patriótica, sino que su objetivo es un paquete de leyes que sirva tanto “para combatir a los terroristas” como para “proteger la privacidad de los estadounidenses inocentes”, según explicó el jefe de la bancada opositora en el Senado, Harry Reid. El debate por el Acta Patriótica se complicó luego de que se revelara, la semana pasada, que después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos Bush autorizó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, según sus siglas en inglés) a interferir llamadas telefónicas originadas en el país, sin orden judicial. Esa agencia de espionaje, posiblemente la más secreta del país, debe operar solamente en el extranjero. En una carta al Congreso, el gobierno defendió ayer su decisión de autorizar el espionaje de ciudadanos sin orden judicial, y afirmó que es más importante la seguridad nacional que la privacidad de la gente. ¿OTRO WATERGATE? Como consecuencia del escándalo, la principal organización defensora de los derechos civiles en Estados Unidos, la American Civil Liberties Union (ACLU) lanzó ayer una campaña comparando a Bush con Nixon. “La última vez que un presidente de Estados Unidos se arrogó el poder unilateral de intervenir teléfonos sin una orden judicial -dijo la ACLU en una solicitada publicada ayer en el diario The New York Times-, ese incidente terminó en la desgracia nacional conocida como Watergate.” Además, la ACLU instó a los ciudadanos a contactar a sus representantes en el Congreso y a exigir la apertura de un comité investigador independiente que establezca si Bush “rompió su juramento” o si se violaron leyes federales al poner a la NSA a espiar a estadounidenses en territorio norteamericano. Esa fue otra prueba de que las medidas de seguridad lanzadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el Pentágono y las Torres Gemelas de Nueva York se están convirtiendo cada día más en un dolor de cabeza para Bush. El mandatario no sólo debió defender la extensión del Acta Patriótica, sino que, además, debió aceptar la inclusión en la ley de presupuesto de Defensa de una enmienda que prohíbe expresamente la aplicación de torturas a detenidos en el marco de la lucha contra grupos terroristas internacionales. La Casa Blanca había amenazado en un principio con vetar cualquier propuesta que limitara la manera en que el gobierno detiene, interroga o procesa a sospechosos de terrorismo. Pero Bush se vio obligado a ceder la semana pasada, tras los crecientes escándalos por las revelaciones de que la CIA tiene cárceles clandestinas en Medio Oriente y Europa del Este, que se sumaron a los desatados por torturas y maltratos a prisioneros en Irak, Afganistán y Guantánamo (Cuba). El asunto de los detenidos era la cláusula más polémica de una medida a través de la cual el Congreso intenta incrementar su supervisión sobre la guerra en Irak y la campaña contra el terrorismo. Agencias ANSA, AP y AFP