El presidente de Bolivia Evo Morales, emitió este lunes un decreto que nacionaliza los hidrocarburos en el país andino, poseedor de las segundas mayores reservas de gas natural en la región y que otorga 180 días a las petroleras para adecuar los actuales contratos o “no podrán seguir operando”. La medida fue acompañada por el despliegue de militares y policías que resguardan los “pozos, ductos, refinerías y gasolineras” en todo el país, según un mensaje oficial.

Esta presencia de efectivos no supone una confiscación, dijeron fuentes del gobierno a DPA. “Llegó la hora esperada, el día esperado, un día histórico para que Bolivia retome el control absoluto de nuestros recursos naturales”, afirmó Morales, que encargó a su gabinete, a la estatal petrolera y a las Fuerzas Armadas de velar por “la ejecución y cumplimiento del decreto”. “Se acabó el saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas petroleras internacionales”, subrayó desde el yacimiento de San Alberto, en la región de Tarija (sur), el mandatario, quien dijo estar cumpliendo con una de sus promesas electorales. El decreto, que coincidió con la celebración del Día del Trabajo, establece que, a partir de este 1 de mayo, las petroleras que operan en el país “están obligadas” a entregar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) “toda la producción de hidrocarburos”. La estatal YPFB se encargará de la comercialización y de definir “las condiciones, volúmenes y precios, tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización”. “A partir de este momento, a partir de esta fecha, quedan nacionalizados todos los hidrocarburos en el territorio nacional”, aseguró Morales, quien se encontraba flanqueado por sus ministros, funcionarios y efectivos de las Fuerzas Armadas, y vestía un casco y la indumentaria de los trabajadores en las áreas petroleras. Indicó que sólo podrán seguir operando las empresas que “acaten inmediatamente las disposiciones” del decreto de nacionalización, a la vez que fijó un plazo “no mayor de 180 días” para que las petroleras regularicen su actividad “mediante contratos que cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucionales”. “Al término de este plazo -añadió-, las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país”. El gobernante -cuya popularidad cayó en abril al 68 por ciento- anticipó que YPFB asumirá la operación de los campos de las compañías “que se nieguen a acatar o impidan el cumplimiento” del decreto supremo 28701. Resaltó que el traspaso de la propiedad de los hidrocarburos a manos del Estado boliviano “es la solución a los problemas económicos, a los problemas sociales del país”. En diálogo con DPA, el viceministro de Hidrocarburos, Julio Gómez, explicó que se dispuso el despliegue de efectivos militares en las instalaciones petroleras para “precautelar”, “preservar” y “salvaguardar” las mismas, sin que ello implique una confiscación. Analistas han expresado en ocasiones anteriores su temor en torno a las medidas que podrían asumir las petroleras en caso de una nacionalización de los hidrocarburos, como posibles juicios internacionales. Sectores que respaldan esta medida descartan esa posibilidad e indican que la no ratificación por parte del Congreso de los actuales contratos petroleros los convierte en ilegales. Esta es la tercera nacionalización emprendida por Bolivia, que llevó a cabo sendos procesos en 1937 y 1969. No obstante, desde 1996 -cuando se emprendió la capitalización o privatización de las empresas estatales-, se contrajo la labor de YPFB, encargada del sector. Morales destacó que corresponde “a la generación presente llevar adelante la tercera y definitiva nacionalización de su gas y su petróleo”, e inscribió esta medida “en la lucha histórica de las naciones y pueblos originarios por reconquistar nuestras riquezas”. La nacionalización se convirtió en una las principales banderas de la campaña de Morales, quien se impuso en las elecciones del pasado 18 de diciembre con un 53,7 por ciento de los votos. Bolivia posee reservas de gas estimadas en 48,7 trillones de pies cúbicos, las segundas de la región después de las de Venezuela. En la nación sudamericana operan, entre otras, la hispano- argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras, las inglesas British Petroleum (BP) y British Gas (BG) y la francesa Total. El reclamo de la nacionalización fue el detonante de las protestas que forzaron la renuncia del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003, cuando habitantes de las ciudades de La Paz y El Alto marcharon para también expresar su rechazo a un proyecto que preveía la explotación de gas por Chile. También el sucesor de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, dimitió, en junio de 2005, agobiado por la intensas protestas que cercaron a La Paz (sede de gobierno), demandando la nacionalización, mientras en el Parlamento se discutía la nueva Ley de Hidrocarburos. El Congreso boliviano aprobó y sancionó, en mayo de 2005, una Ley de Hidrocarburos que elevó los impuestos a las petroleras a un 32 por ciento y mantuvo en un 18 por ciento las regalías.