Agobiada por una creciente oleada de inmigrantes africanos que llegan a sus costas, España lanzó el jueves un desesperado pedido de ayuda a sus vecinos europeos, afirmó que enfrenta un “drama humanitario” que no da signos de ceder y advirtió que el problema afecta a todo el continente.

“Nuestro país es simplemente la puerta de Europa”, observó el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, ante el Parlamento, donde se refirió a las medidas adoptadas para detener a los ilegales. “España ya no puede enfrentarse en solitario al control de la frontera sur de Europa -agregó-; la implicación de la Unión Europea es necesaria y esencial.” El dramático llamado de atención del ministro se produjo el mismo día en que unos 450 inmigrantes ilegales llegaron a las costas canarias y andaluzas en precarias embarcaciones conocidas como “cayucos” y “pateras”. Pérez Rubalcaba recordó que más de 19.000 inmigrantes desembarcaron en el archipiélago en lo que va del año -casi cuatro veces más que en todo el año pasado- y afirmó que “queda mucho por hacer” para impedir que esa cifra siga creciendo, ya que “no es presumible que la presión migratoria baje en los próximos tiempos”. Sólo en agosto llegaron más indocumentados a las Canarias que los 4751 que lo hicieron en todo 2005, y otros cientos no sobrevivieron a la odisea. Así lo informó el gobierno local, que asegura que hay unos 100.000 intentando llegar a España. La mayoría parte de Mauritania y Senegal, donde hay unos 15.000 cayucos listos para ser usados. “Nos enfrentamos al reto más complejo que nuestro país tiene por delante, pero no sólo nuestro país. Necesitamos a los inmigrantes para mantener nuestro crecimiento económico y por razones demográficas también, pero no podemos acoger a todos los que quieran venir. Sencillamente, no es posible”, observó el ministro. Aludió así en forma indirecta a un estudio de la institución financiera Caixa Cataluña según el cual la economía española creció un promedio del 2,6% anual en la última década gracias al aporte de los inmigrantes. Sin su contribución, destacó el informe, el producto bruto interno (PBI) per cápita hubiese caído un 0,6% por año entre 1995 y 2005. El trabajo demostró que sólo tres países de la Unión Europea (UE) -Irlanda, Finlandia y Francia- habrían experimentado un crecimiento del PBI sin la colaboración extranjera, y que la inmigración tuvo además una importante incidencia en el crecimiento demográfico europeo. Con la misma intención de hacerles ver a sus vecinos que el problema no es solamente de su país, la vicepresidenta primera del gobierno socialista español, María Teresa Fernández de la Vega, viajó esta semana a Bruselas. Sin embargo, los reiterados pedidos de ayuda realizados hasta ahora a la UE por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tuvieron escaso éxito. La Comisión Europea reiteró el martes que no está en condiciones de “detener el flujo de inmigrantes ilegales”. Al respecto, el Consejo de Europa -el principal organismo de derechos humanos del continente- sostuvo que los países europeos no están mostrando suficiente solidaridad con los Estados del sur del bloque en este tema. “Los países europeos deben compartir la carga de ocuparse de estos arribos en un frente humanitario y también como parte de una estrategia común europea de administración de la migración”, dijo el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Rene van der Linden. Agregó que los accesos de entrada usados por los africanos, como España, Italia y Malta, son “meros trampolines para el resto de Europa”. EL “EFECTO LLAMADA” En España, el opositor Partido Popular (PP) aprovechó en estos días para recordar que los funcionarios europeos manifestaron su irritación cuando Rodríguez Zapatero concedió una amnistía general a los inmigrantes sin consultarlos, poco después de llegar al poder. Según el PP, esa medida desencadenó un “efecto llamada” que atrajo a más indocumentados. El reclamo es similar al de la oposición de centroderecha italiana, que acusa al gobierno de Romano Prodi de haber atraído a los clandestinos con el anuncio de su intención de cambiar la restrictiva ley de inmigración. Según cifras oficiales, en los primeros siete meses de 2006 llegaron a Sicilia 11.900 inmigrantes ilegales. “Tenemos que caminar en la dirección en la que estamos caminando”, se justificó ayer Pérez Rubalcaba, y destacó la creciente cooperación entre España y varios países de la costa occidental de Africa. El ministro viajó a Mauritania y Senegal para proponer el patrullaje conjunto de sus costas y acuerdos de repatriación, como los que permitieron a España enviar este año a 52.757 inmigrantes a sus países de origen. Según el ministro, que definió la constante emigración de africanos como una “rebelión pacífica contra la pobreza”, fue el aumento de la cooperación con Marruecos lo que provocó el masivo desplazamiento de migrantes desde el estrecho de Gibraltar hasta las Canarias.