La grave crisis política que sacude a Bolivia parecía encaminarse hacia una ruptura definitiva entre el gobierno de Evo Morales y las regiones opositoras, después de que cuatro de los nueve departamentos del país iniciaran los preparativos para declarar su autonomía “de hecho”.

Ante este fuerte desafío, el gobierno de ese país, amenazó con usar la fuerza para detener lo que considera que son acciones separatistas que apuntan a dividir el país. Con miras a la proclamación de las autonomías, los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, región conocida también como de la Media Luna, comenzaron a instalar asambleas provisionales conformadas por representantes regionales, que discutirán hasta el sábado los estatutos autonómicos. En un clima cada vez más tenso, los dirigentes políticos y cívicos de Santa Cruz, la región más rica del país y principal bastión de la oposición, denunciaron que el gobierno ya había empezado a enviar contingentes militares y policiales a ese distrito. “Nuestra primera opción es el diálogo, pero si esto fracasa, las instituciones de fuerza legal actuarán”, dijo el ministro de Interior Alfredo Rada, en la más enérgica advertencia contra los “intentos separatistas”. Ante esta alarmante situación, el ex comandante del ejército general Marcelo Antezana advirtió en una carta abierta a Morales que no intentará enviar a las fuerzas armadas para sofocar las autonomías y afirmó que una medida de ese tipo dividirá a la institución castrense y el país. TRAS LA NUEVA CONSTITUCIÓN Los prefectos de los cuatro departamentos rebeldes habían adelantado el lunes pasado su decisión de crear gobiernos autónomos en sus regiones, al margen de la Constitución actual, apoyados en los resultados del referéndum de julio de 2006. En esos comicios, los habitantes de las cuatro regiones votaron por el sí a la autonomía, mientras que el no se impuso en los otros cinco departamentos del país. Los dirigentes de las regiones opositoras decidieron acelerar la instalación de los regímenes autonómicos después de que la Asamblea Constituyente, dominada por el oficialismo, aprobó el domingo pasado una nueva carta magna. La aprobación del texto constitucional, que deberá ser ratificado en un referéndum, se llevó a cabo en una controvertida sesión, de la que no participó Podemos, el principal partido de oposición. Según los líderes opositores, esa carta magna es “ilegal” y constituye un intento del gobierno de establecer un régimen totalitario de izquierda y cerrar el paso a las autonomías departamentales. El nuevo texto, de hecho, resta poder a los prefectos y recorta el presupuesto de las nueve prefecturas de Bolivia. El gobierno, por su parte, califica los intentos de autonomía de “ilegales, inconstitucionales y separatistas” y afirma que esas iniciativas ponen en peligro la integridad del país. En este contexto, el miércoles comenzaron a instalarse las asambleas “preautonómicas” en las regiones rebeldes, mientras los prefectos de La Paz y Cochabamba, también opositoras, expresaron su disposición a seguir los mismos pasos. Lo mismo hicieron influyentes dirigentes civiles de Sucre y Chuquisaca, que alientan nuevos referéndums autonómicos. En Santa Cruz, el estatuto autonómico será presentado el sábado a la población en una gran concentración. A continuación, se le pedirá al prefecto Rubén Costas que convoque a un referéndum para que el pueblo se pronuncie sobre ese estatuto. El prefecto de Beni, Ernesto Suárez, dijo que los cabildos o asambleas populares que se instalarán el sábado declararán “gobernadores” a sus prefectos. Después de esos cabildos, los “gobernadores” tienen previsto tomar el control de oficinas públicas, que desde la semana pasada están tomadas por activistas cívicos. Aunque los analistas consideran que el llamado a autonomías excede los límites de la Constitución, quienes las promueven afirman que los cabildos previstos para el sábado darán legitimidad a los documentos. “Vamos a iniciar una revolución en Bolivia sin fusiles, con las armas de la democracia”, dijo Pablo Klinsky, presidente de la asamblea preautonómica que se instaló en Santa Cruz. Sin embargo, el gobierno ya advirtió que podría reprimir con la fuerza estas iniciativas. “No admitiremos que ningún prefecto, municipio o dirigente cívico pueda atentar contra la unidad de la patria”, dijo el viceministro del Interior, Rubén Gamarra. El vocero del gobierno, Alex Contreras, informó que 400 policías habían sido enviados a Santa Cruz para “custodiar los edificios públicos y evitar que sean tomados”, pero negó que se hubiera ordenado el envío de militares. No obstante, el comandante del ejército, Freddy Bersatti, anunció que “si la policía es superada, los militares la apoyarán para garantizar la seguridad pública”. El gobierno prepara también para el sábado una gran concentración en La Paz, en la que los líderes oficialistas de la Constituyente entregarán la nueva carta magna a Morales. En este clima, el diputado por Santa Cruz Alejandro Colanzzi alertó ayer que la intolerancia del gobierno y de los dirigentes autonomistas podría provocar una “guerra civil” que “sería una catástrofe para Bolivia”.