Una de las medidas más sorprendentes del efímero gobierno del presidente Fernando De la Rúa en Argentina fue nombrar ministro de economía a Domingo Cavallo. Se pretendía sortear así la recesión que sufría el país desde 1999, olvidando todo lo que habían criticado a Menem, fuertemente identificado con las políticas económicas de Cavallo, a lo largo de la campaña proselitista del Frepaso.

Las medidas del economista de Harvard pronto mostraron su ineficacia para De la Rúa y resultaron ser sumamente impopulares, especialmente el corralito que restringía la extracción de dinero de cuentas corrientes y cajas de ahorro, tomada en noviembre de 2001. A raíz de dicha determinación, un estallido espontáneo se desató la noche del 19 de diciembre exigiendo la renuncia de Cavallo, minutos después de que el presidente anunciara por los medios que había declarado el estado de sitio. Al día siguiente, los disturbios también obligaban a renunciar al presidente de la Rúa, quien no había logrado entenderse con su vicepresidente el “Chacho” Alvarez, que había abandonado meses antes el gobierno. De esta manera, el peronismo recuperó el gobierno a pesar de perder las elecciones el año anterior y completó el período de quienes lo habían derrotado en las urnas. Por la misma senda de Fernando de la Rúa parece haber dado su primer paso el gobierno del obispo Fernando Lugo, al convocar para dirigir el área económica y tributaria del país a Dionisio Borda, de nefastos antecedentes como ministro de Hacienda del presidente Nicanor Duarte Frutos, etapa en la que atacó la pequeña empresa, hostigó al pequeño comerciante y a los trabajadores por cuenta propia, buscando justificarse ante el Fondo Monetario Internacional y olvidando a su propio pueblo. Allanándose a las imposiciones del FMI, Borda llevó la pobreza hasta grados insostenibles, al punto que el deterioro económico que generó con sus políticas acabó tumbando a un partido que llevaba 61 años ganando cómodamente las elecciones en Paraguay. Las fuerzas vivas y las mafias que se agazapan detrás de Borda demuestran así absoluta inconciencia y desprecio por la condición de sus compatriotas, sacrificando como lo hicieron Mahuad y Noboa en Ecuador, entre tantos otros, los derechos de su propia comunidad ante el altar de los engañosos índices macroeconómicos y los inicuos acuerdos con el FMI que jamás serían aceptados en el modelo que los promueve (el de los Estados Unidos). En el caso ecuatoriano, se insistió en sacrificar al ciudadano hasta niveles estoicos en aras de mantener una presunta cooperación del Fondo que en verdad poco hizo por evitar el fracaso de los sucesivos gobiernos de derechas previos al de Rafael Correa. Tal como lo ha señalado Joseph Stiglitz y lo han reconocido todos los intelectuales honestos del mundo, ha existido siempre una enorme diferencia entre las políticas que el FMI o el BM impulsaban alrededor del mundo, y especialmente en América Latina, y lo que sus mismos funcionarios hacían en América Latina. Mientras en Estados Unidos el Banco de la Reserva Federal controla la inflación y promueve el crecimiento económico y el empleo, sus homólogos del resto del mundo son restringidos por estos organismos a ocuparse sólo de la inflación. Además de ser campeones de la privatización de los sistemas de pensiones, algo rechazado enfáticamente en Estados Unidos, el FMI considera inaceptable un déficit fiscal en países como Paraguay, aunque en los países del norte exista consenso en cuanto a que si es necesario tener déficit fiscal para evitar una situación recesiva, hay que tenerlo. Durante el gobierno que llevó al colapso el esquema hegemónico de las últimas seis décadas en Paraguay, Borda introdujo profundas distorsiones en los sistemas contables que alteraron negativamente la economía, llevando a perder oportunidades de inversión y a malograr hasta empresas que habían sido rentables. Pero quizás el aspecto más negativo de la gestión de Dionisio Borda fue su enfoque de la política tributaria, una visión tributaria –vale la redundancia- a la de los centros de poder, que ignoró olímpicamente el componente esencial de una política democrática en la materia, que por lógica nos dice que los sectores más acomodados deberían pagar más. Ese aspecto no tuvo el trabajo en cuestión, dado que apeló al IVA, recurrente caballito de batalla del FMI. Como lo esclarece Stiglitz, para democratizar una política tributaria los impuestos deben ser progresivos y no proporcionales como el IVA, aunque puedan eximirse algunas categorías sin alterar mucho el resultado final. Lo más grave es que en países como Paraguay el IVA grava al sector formal de la economía, que es precisamente el que uno quiere impulsar como parte del proceso de desarrollo. Otro aspecto de la gestión de Borda fue la pérdida de la representatividad del Banco Central del Paraguay, que en manos de burócratas genuflexos a las imposiciones del norte se subordinó a los designios de los organismos y embajadas extranjeras que poco tenían que ver con los reales intereses del país. El contradictorio nombramiento como timonel de la economía paraguaya de un personaje tan identificado con las probadamente fracasadas recetas de un ente tan desprestigiado en América Latina como el FMI, no sería tan indignante si se diera en el marco de un gobierno neoliberal, salpicado por apellidos de la oligarquía y aplaudido por los centros de poder. Sin embargo, sucede en un gobierno al que la izquierda latinoamericana promocionó incondicionalmente antes de llegar al poder, y al que toda la prensa internacional saludó como el gobierno popular de un teólogo de la liberación tercermundista. (*) Recibido por Corrientes al Día de Luís Agüero Wagner desde Asunción del Paraguay