La próspera Europa presume de su respeto a los derechos del hombre y de su política social. Pero en España, para muchos puerta de entrada al continente, aumentan fenómenos lacerantes como el de los “niños inmigrantes”, o el de los matrimonios por conveniencia como penosas expresiones del intento de miles de personas por llegar al Primer Mundo. Y huir del hambre.

Lo más dramático es el goteo creciente de menores inmigrantes en las precarias lanchas, llamadas cayucos, con que desesperados africanos se juegan la vida por llegar a la costa española. Muchos, niños incluidos, mueren en el intento y sus cuerpos son arrojados al mar. “Hay cada vez más menores en los cayucos porque los padres los mandan para que, si sobreviven a la odisea, una vez en la península soliciten el reagrupamiento de toda la familia”, explican autoridades del gobierno español. De esa forma, todo el grupo tendría sus papeles en regla. La otra cara es la de los matrimonios por conveniencia. En los últimos años “la cifra se ha disparado”, dicen fuentes policiales. Nadie puede asegurar cuántos hay en estos momentos, pero el indicador del fenómeno es el creciente rechazo de uniones por considerárselas “sospechosas” Según datos oficiales, en el último año el Ministerio de Justicia paralizó 500 expedientes de matrimonio entre españoles y extranjeros por considerarlos “sospechosos”, fórmula con la que se alude a las uniones que sólo tienen por objeto lograr que el cónyuge español sirva de puente para que el extranjero obtenga sus papeles. El fenómeno, que se creía más propio de otras latitudes, ha crecido en la Península incluso como mercado: la policía detectó ya mafias que “vendían” uniones matrimoniales a inmigrantes desesperados por obtener estatus de ciudadano europeo. También aumenta como oferta amorosa para solitarios: en los sitios de Internet para buscar pareja, los “aspirantes” españoles suelen recibir ofertas de personas de cualquier latitud, a cambio de que los tomen por cónyuges, según admiten tanto en los portales Meetic, Match y Amigos, tres de los más populares en la Península. “Todo esto que se está viendo no es más que la consecuencia de la imposibilidad de conseguir papeles de miles y miles de seres humanos que tienen miedo de que se los devuelva al hambre del que intentan escapar”, dijo Ahmed Khalifa, de la Asociación Marroquí de Málaga. Lo más dramático de todo son los menores inmigrantes. Con el verano en Europa y las mejores condiciones para la navegación, todos los días el mar vomita cayucos repletos de famélicos emigrantes africanos. Y el fenómeno en alza es la presencia en ellos de niños y mujeres embarazadas. LA PUNTA DE LANZA Con las mujeres embarazadas no habrá contemplaciones especiales. “La condición en que se llega o el hecho de tener un embarazo no pueden ser supuestos para la legalización”, dijo el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. “No me haga decir lo que ocurriría si nos pusiéramos más flexibles con eso”, añadió. Con los menores la cuestión es más compleja: por ley, no pueden ser devueltos sin más a su tierra de origen. Y, si bien en el ministerio nadie quiere hacer acusaciones en voz alta, la explicación allí es que los niños se convierten en la punta de lanza con la que los padres intentan obtener sus papeles. “Es difícil calcularles la edad, pero muchos difícilmente tengan más de 12 años”, dicen en el colegio Los Baldíos, en Santa Cruz de Tenerife, que acaba de ser “tomado” por las autoridades para albergar un precario centro de acogida para menores de edad. Pululan allí los pequeños de cuerpo escuálido y mirada intensa. No tienen mucho tiempo para que se decida su futuro: en septiembre comienzan las clases y el patio, que ahora es su casa, deberá estar vacío. Libre de los camastros en los que descansan. Las dificultades económicas agudizaron en Europa la ofensiva contra la llamada “inmigración irregular”. El paso más controvertido se dio hace un par de meses, con la llamada Directiva de Retorno, que permite retener a una persona en prisión durante más de un año, por no tener papeles. Estimaciones de Bruselas calcularon en más de ocho millones la cantidad de personas que podrían ser objeto de expulsión. En España, el derrumbe laboral reconocido por el gobierno es más grave para la población inmigrante: si la tasa global es del 10, 44%, entre los trabajadores extranjeros la pérdida de puestos llega al 15%. El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero lanzó planes para fomentar el retorno de los inmigrantes a sus lugares de origen. Hay más de cuatro millones de inmigrantes regulares en España, pero menos del siete por ciento (unos 280.000) estarían dispuestos a considerar su eventual retorno al país de origen “en los próximos cinco años”, según la reciente encuesta sobre inmigración del Instituto Nacional de Estadística (INE). El drama, mientras, irrumpe a diario en los informativos. Como una penosa rutina. Fuente: La Nación