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Autoamnistía anticipada. Es ley el proyecto sobre la responsabilidad del Estado

PREPARANDO LA HUÍDA

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La iniciativa fue rechazada por la oposición, que teme que el Estado no se haga responsable por la concesión de los servicios, aunque el oficialismo rechazó que se pretenda exculpar a los funcionarios e impuso su mayoría para sancionar la iniciativa.


(www.parlamentario.com) El Frente para la Victoria en el Senado sancionó con 38 votos positivos y 23 negativos el proyecto de ley de responsabilidad del Estado. La norma, excluida del nuevo Código Civil y Comercial, ubica dentro del derecho administrativo las demandas de particulares y empresas contra el Estado.

 

La norma está destinada a los autónomos y monotributistas que, habiendo cumplido la edad jubilatoria, o cumpliéndola en los dos años de vigencia de esta norma, tengan que regularizar aportes hasta diciembre del año 2003, ya que el Plan de Inclusión Previsional anterior regía hasta 1993.

 

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En su defensa del proyecto, el senador oficialista Pablo González aclaró que el proyecto “no es un salvoconducto ni una norma que busque evitar las responsabilidades de los funcionarios”. Al contrario, aclaró, se establece cual es el tratamiento que se les da y cuáles son las medidas a adoptar en cada caso.

 

El presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas señaló que la norma propuesta “es procedente” y que “establece normas que cumplen la postura de la Corte”. Se establece que en el futuro el Estado se va a regir por la ley y no los establecimientos jurídicos y en cuanto a la sanción pecuniaria, la norma no determina que un juez luego no pueda aplicar las astreintes, sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial. Los senadores consideran que esa posibilidad no tiene que estar puntualizada en la norma.

 

Entre otras cosas, la norma establece que el Estado no debe responder por los servicios de un concesionario y con relación a las culpas de los funcionarios, González aclaró que no están exentos de la responsabilidad de resarcir por su culpa o dolo.

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“Ello marca los límites de la discusión que estamos llevando adelante con este proyecto de ley”, señaló el senador santacruceño, quien precisó que “uno ha visto críticas que no se condicen con esto que acabo de aclarar”, y rechazó que se buscara garantizar “la impunidad de los funcionarios kirchneristas en el saqueo de la administración pública”.

 

A continuación, el senador radical Ernesto Sanz planteó sus dudas sobre “los tiempos y el sentido de la decisión política del oficialismo”. A su juicio, “esto nunca obedeció al deseo de una mejor técnica legislativa” y alertó sobre “otras implicancias que el oficialismo ha tenido todos estos años respecto al Estado en su conjunto”.

 

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Para el senador mendocino, no se trata de una cuestión que tenga que ver con el Código Civil, que se podría haber tratado el año pasado, pero no ahora, por cuanto en Diputados no se está analizando esa reforma. Cuestionó entonces el “apuro” para avanzar en ese sentido.

 

“La Corte no puede ser la generadora de legislación por vía pretoriana”, aclaró Sanz. Luego advirtió que el “partido de gobierno” (el PJ) ha tenido durante los últimos años lo que definió un comportamiento “pendular” con respecto al Estado, y citó las diferencias entre lo que fue la gestión de los 90 y la actual.

 

“La contraparte del Estado no son las corporaciones, los grandes estudios jurídicos o los jueces débiles, en todo caso son una deformación”, dijo. Luego señaló que “si sale este proyecto, no solamente estamos legislando para el Estado federal, sino que a partir de ahora este debate se replicará en 24 distritos argentinos”.

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De ahí que advirtiera que “este es un tema de derecho común, lo que en la Constitución le reservó a los congresos, la posibilidad de dictar los códigos”. En ese sentido consideró que “estamos cometiendo el grave error de no fijar pautas de derecho común”.

 

“¿Cómo va a hacer el ciudadano de a pie cuando tenga una sentencia contra el Estado para hacerla cumplir?”, preguntó Sanz en el pasaje más acalorado de la sesión.

 

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Entre otros oficialistas, la senadora misionera Sandra Giménez le respondió leyendo un pasaje de la Constitución de su provincia, convencida que ahí se dirimía que quedaba claro que las provincias siguen reconociendo las responsabilidades de los Estados.

 

El senador Marcelo Guinle insistió en que siempre el Estado deberá responder ante las situaciones planteadas, cuando se pruebe su omisión. Y puso como ejemplo la tragedia de Once. “Estos supuestos están en el marco general de responsabilidad del Estado, que este proyecto contempla en los artículos 1 y 2”, remarcó.

 

Sanz respondió que “el Estado está en Once por el tema de los subsidios”, poniendo en duda que de lo contrario así hubiera sucedido.

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Como miembro informante del bloque FAP-UNEN, la senadora Magdalena Odarda expresó el rechazo de su bancada, entre otras cosas porque “incurre en una violación al principio de igualdad ante la ley”, alertando que va a determinar que cada distrito tenga una legislación individual en la materia.

 

A su juicio, la norma “busca excluir al Estado de lo que debería ser un sana subordinación”, y lo consideró “promotor de una inaceptable multiplicidad de normas”. Para Oyarda, “el Estado debe responder por los daños que causen quienes lo dirijan o administren” y citó antecedentes de la Corte Suprema.

 

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Para la senadora rionegrina, “es una ley que va a garantizar impunidad, sobre todo para muchos funcionarios públicos”.

 

A su turno, el senador fueguino Jorge Garramuño planteó en nombre del interbloque Federal sus discrepancias con la norma, considerando “inadmisible el otorgamiento de impunidad a los funcionarios”, asegurando que “esta ley corre el riesgo de ser pasible de numerosas tachas de inconstitucionalidad”.

 

“Esto tiende a echar un manto de impunidad”, reiteró a su turno el radical Luis Naideoff, coincidiendo con el rechazo de sus correligionarios.

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La cordobesa Norma Morandini aclaró al hablar que no es jurídica ni abogada, enarbolando en cambio “el sentido común”. La senadora del Frente Cívico dijo que no podía sustraerse a lo que fue el accidente de Once y dijo que entonces “el Estado no cumplió ya no con su derecho de garantizarle a los ciudadanos que viajen bien, sino siquiera garantizarles la vida”. Y se preguntó: “¿cómo podemos aprobar en este Senado una norma que establece desigualdad de los ciudadanos ante la ley?”.

 

El radical Mario Cimadevilla consideró que el proyecto tratado “tiene coherencia con la normativa del 90 y que se ha venido repitiendo durante esta década ganada”, y citó una serie de leyes aprobadas durante la gestión menemista y la actual, a las que sumó la de responsabilidad del Estado.

 

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“Todas responden a un mismo patrón, a que el Estado no es responsable”, estableció el senador que es miembro del Consejo de la Magistratura. A su juicio, esa es “la concepción ideológica a la que responden este tipo de leyes”.

 

“Pagatodo”, replicó Miguel Pichetto, que advirtió sobre el deseo de muchos de establecer “un Estado que tenga un arco de 14 metros, al que le entran todas”. El radical chubutense repuso que no estaba estableciendo una dicotomía entre el Estado “vivo o bobo”.

 

En representación del Pro, la senadora Gabriela Michetti sostuvo que el trabajo en comisiones y el debate de la iniciativa fue un “proceso rapidísimo” y que se llevó adelante “sin haber profundizado el tema”.

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“Estamos demasiados acelerados con el tema, no está madura la iniciativa y requería mas debate. Se puede mejorar muchísimo”, evaluó.

 

Con respecto a la discusión acerca de la responsabilidad estatal ante los problemas que surgen en las concesionarias, Michetti resaltó que “es muy difícil explicarle al ciudadano que el Estado no va a tener responsabilidad si un concesionario hizo mal las cosas”.

 

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“Es demasiado potente decirle al ciudadano esto, porque cualquier concesionario puede manifestarse en quiebra para evadirse de la responsabilidad”, agregó. Y luego se preguntó: “¿Y en ese caso, dónde está el que garantiza que eso no pase?”.

 

Para el senador Gerardo Morales, “el Gobierno tiene un desvío conceptual en este tema”. En ese sentido, el jujeño dijo que para el kirchnerismo “los Entes Reguladores son pensados como organismos que tutelen al Estado y en verdad tienen que tutelar los derechos del ciudadano y, en consecuencia, controlar al Estado y al concesionario”.

 

Al finalizar el debate, el senador del Frente para la Victoria Marcelo Guinle le respondió a Gabriela Michetti acerca de su pedido de “más debate”. “A mí también me hubiese gustado más debate, que vengan especialistas que hagan interpretación de la ley, que hablen a favor y en contra”, expresó.

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Pero luego, explicó que “una cosa es que esto no pase el test de constitucionalidad que tendrá y otra es que haya una mala interpretación u opiniones legislativas”.

 

En cuanto a las quejas de la oposición sobre el artículo N°6, que habla de la responsabilidad del Estado en cuanto al control de los concesionarios, el chubutense sostuvo que “la norma dispone que el Estado debe responder cuando se le imputa en acciones u omisiones propias, no en carácter principal, no subsidiario, independientemente de la responsabilidad del contratista y concesionario”.

 

Además, Guinle se refirió a la responsabilidad de los funcionarios y resaltó que el funcionario “es responsable civilmente sólo si hay dolo” y enfatizó en que “hay que tener en cuenta que esta disposición no tiene vinculación con la responsabilidad penal de los funcionarios, sean nacionales, provinciales o municipales”. Y, por último, recordó que “la responsabilidad penal y administrativa de los funcionarios siguen vigentes”.

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Cristina firmó acuerdos con China por US$ 18.000 millones

MÁS ENDEUDAMIENTO

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El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.


(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.

 

De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.

 

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Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.

 

Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.

 

En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.

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A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.

 

Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.

 

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La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.

 

Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.

 

La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.

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Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal

CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON

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La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.


(www.perfil.comSegún reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.

 

La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.

 

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Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.

 

Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.

 

Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.

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A 20 años del atentado a la AMIA. Duros discursos contra Timerman y D´Elía

AÚN IMPUNE

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Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.


(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.

 

También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.

 

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Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.

 

“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.

 

“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.

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Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre.  Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.

 

“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.

 

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Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.

 

Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.

 

Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.

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Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.

 

El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.

 

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Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.

 

Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.

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