La movilización social, asentada casi exclusivamente en la ciudad de La Paz, sede de Gobierno, está llegando a extremos que pueden preludiar, de no mediar oportuna acción de los órganos públicos, en situaciones de absoluto descontrol.

Las principales vías de acceso a la ciudad están bloqueadas y la ominosa presencia de campesinos, cocaleros, mineros, maestros o universitarios se ha extendido a los principales puntos neurálgicos de la ciudad. Se han conformado barricadas y aparecen ya signos de vandalismo social. Entretanto, en el Congreso se anunció, en las primeras horas de la noche del 31 de mayo, la suspensión de la proyectada sesión parlamentaria que defina la suerte, en orden de realización, del referendo autonómico y/o la Asamblea Constituyente. Como parte de una desafortunada maniobra a fin de agotar todo sustento político al presidente Mesa, Hormando Vaca Díez, presidente del Congreso no asistió al cónclave. Estos hechos podrían ser el detonante de una eclosión social imprevisible. La presencia del Estado se desdibuja paulatinamente. Ante la lasitud de los controles estatales, los grupos marginales y descontrolados -el lumpenproletariat- tienen vía libre y son punta de lanza en el desborde generalizado. La aparición de brotes vandálicos -enseña la práctica es el punto de inflexión, acaso irreversible, en el éxito de la movilización social. El presidente Mesa, sólo atinó, a la par de criminalizar la protesta social, a garantizar la ya fallida sesión congresal que debió establecer las fechas y condiciones del referendo autonómico y la Asamblea Constituyente. El primero es exigido por Santa Cruz y los movimientos cívicos del Oriente y Tarija, en tanto la segunda es ahora renovado punto central de la movilización que clama la nacionalización pura y simple de los hidrocarburos. La primacía de la Asamblea Constituyente es ahora el eslogan que conjunciona el contenido de una plataforma de reivindicaciones sociales andinas que, hasta hace algunos meses atrás, parecía imposible de precisar. Que el número de movilizados, entre treinta y cuarenta mil, según cálculos moderados, no represente -a juicio del presidente Mesa- la gran mayoría de la población boliviana, traduce un razonamiento en extremo peligroso por lo superficial y engañoso de confiarse a la sola premisa numérica. Su invocación recuerda notablemente las alegaciones de Sánchez de Lozada, antes de su renuncia y partida apresurada a un exilio forzado en Octubre de 2003. Es más, revela desconocimiento de la dinámica de los movimientos sociales y su posible efecto en sociedades de incontrovertible fragilidad institucional como la boliviana. Los conatos revolucionarios y la insurrección popular, amén de los grandes cambios históricos, no han sido protagonizados por la presencia mayoritaria de la población en las calles, sino por fracciones decididas y altamente motivadas en la búsqueda de un objetivo concreto e inequívoco que hace bandera común, y posible, a todos los sectores en conflicto. En la estrategia bolchevique y, en especial, en las tácticas sugeridas por Trotsky, es suficiente -para consumar la revolución- un grupo altamente efectivo, en paralelo a la convicción generalizada de las masas movilizadas. De hecho, en Abril de 1952, en las jornadas de la Revolución Nacional, los enfrentamientos más notables sólo ocurrieron en La Paz, Oruro y los centros mineros. El peso de la insurrección estuvo a cargo de grupos de fabriles y mineros absolutamente decididos en su obrar revolucionario. ¿Podría afirmarse, luego, que los marchistas y bloqueadores, en razón a su relativo número, no configuren un factor decisivo a la hora de las definiciones políticas que hoy se toman en la calle y no en el Parlamento? Aunque es poco probable que la situación actual desemboque en la revolución, no puede soslayarse que la coyuntura tiene carices insurreccionales. Más aún si el presidente Mesa reitera su promesa de no acudir a los medios de represión que pone a su disposición el aparato estatal, en un afán de sustraerse, una vez más, a la coparticipación efectiva en la búsqueda de soluciones siquiera transitorias en este escenario de desencuentro generalizado. Al interior del Parlamento no hay consenso en una fórmula que conjugue exigencias tan aparentemente contradictorias como las que se sustentan desde la zona andina y desde el Oriente del país. Es la infructuosa tarea de conformación de la agenda única que, sin embargo podría verse apurada en los próximos días. Prima el desconcierto generalizado entre los Poderes Públicos y el sistema político retuerce sus vectores hasta límites casi intolerables, más allá de los cuales sólo opera el quiebre definitivo del aparato institucional y el desmoronamiento del Estado. Desde Octubre de 2003 no se habían presentado circunstancias tan duras y encontradas. Días negros, muy negros, esperan todavía al país y, entretanto, La Paz, asediada por los cuatro costados, se encuentra en urgente situación límite. (*) Recibido por Corrientes al Día de rebanadas de realidad, por Jaime Villarroel Montaño Abogado y docente universitario.