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Corrientes rubricó el Acuerdo Federal Minero

MINERÍA

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El Gobierno nacional y las provincias rubricaron  un nuevo Acuerdo Federal Minero. El documento fue presentado durante un acto en la Casa de Gobierno nacional encabezado por el presidente Mauricio Macri junto al ministro de Energía, Juan José Aranguren y el secretario de Minería, Daniel Meilán y representantes de las provincias firmantes.


En representación de Corrientes, firmó el acuerdo el administrador General del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) ingeniero Mario Rujana en su carácter de autoridad minera provincial.

 

El Nuevo Acuerdo Federal Minero introducirá un conjunto de nuevas instituciones y normativas entre la Nación y las provincias como la conformación de un Catastro Minero Unificado.

 

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Incluirá, además la conformación de un Centro Nacional de Información Minera, así como un nuevo régimen de participación de las empresas provinciales, hasta el destino a los que se deberían orientar los ingresos por regalías y fondos de infraestructura.

 

Son cerca de 30 puntos consensuados por la Nación y las provincias tras año y medio de discusión en el marco del Consejo Federal Minero (Cofemin), que se firmó ayer, a excepción de Chubut y la Pampa, para impulsar y dar un nuevo marco institucional al desarrollo de la actividad minera en todo el país.

 

El acuerdo será remitido al Congreso nacional y a las legislaturas provinciales para su aceptación o rechazo, pero la sola suscripción de las autoridades ejecutivas de cada distrito tendrá un valor normativo que se explica bajo la figura de “Federalismo de Concertación” y que tiene medidas que pueden ser de inmediata aplicación.

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Entre las modificaciones que impulsa el acuerdo y que deberá traducirse en la modificación del Código de Minería, en su artículo 264, refiere a la pérdida del derecho de propiedad minera en manera simultánea con el cierre definitivo del establecimiento por las circunstancias ya vigentes vinculadas a temas ambientales, contractuales o por inoperatividad, situación para la que actualmente debe mediar un plazo de al menos 4 años.

 

Al mismo, tiempo se mantiene inalterable que las concesiones duren mientras haya recursos minerales para explotación, y la garantías de las condiciones fiscales durante 30 años, lo que permite asegurar el retorno de las inversiones que tienen un 97 por ciento de mortandad entre las tareas prospectivas y de exploración, hasta que se concreta el efectivo desarrollo y productividad de la mina.

 

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Otro de los puntos acordados para generar una Política de Estado Minera sustentada en el federalismo es la sistematización, organización, estandarización y provisión recíproca de información para la conformación de un Centro de Información Minera nacional.

 

Las Provincias compartirán con la Secretaría de Minería la información sobre la actividad minera en sus respectivos territorios, y referencias de índole geológica, socio-ambiental, catastral minera, económica y de proyectos.

 

Con el fin de estandarizar, a nivel nacional, los sistemas y procesos de registración de derechos, propiedades y trámites mineros, su presentación en forma gráfica y la digitalización de los respectivos expedientes instrumentarán un Sistema de Registro y Catastro Unificado.

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Nación y provincias también coordinarán desde el COFEMIN, junto con el Consejo Federal de Medio Ambiente (“COFEMA”) la aplicación de protocolos de buenas prácticas; análisis y gestión de riesgos; sistemas de control ambiental; y protocolos de acción ante la ocurrencia de incidentes.

 

En esa línea, se acuerda la creación de un denominado “Equipo Consultivo de Gestión Ambiental Minera” (“ECGAM”) para generar insumos tecnológicos y técnicos para fortalecer la gestión ambiental y generar conocimiento a través de la investigación y desarrollo de las mejores prácticas de gestión socio-ambiental, incluyendo comparación a nivel internacional.

 

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Otro punto innovador es el desarrollo de fuentes de energía renovable y de la adopción de prácticas de eficiencia energética como parte integral de los proyectos mineros, para lo cual se fomentará el uso de fuentes limpias en emprendimientos presentes y futuros y promover la adopción de prácticas de ahorro y eficiencia energética que lleven a la reducción del consumo.

 

En el marco del impacto social y ambiental de la actividad minera, otro de los compromisos será el fortalecimiento de los procedimientos de consultas o audiencias públicas en los procesos de evaluación de los proyectos a instalarse.

 

Como parte de la búsqueda de promover la pequeña minería y la minería artesanal, las provincias se proponen articular acciones conjuntas con el Banco Nación, el Consejo Federal de Inversiones y otras eventuales entidades crediticias la generación de herramientas de financiamiento para las Pymes del sector.

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Otras herramientas previstas en ese sentido se mencionan programas específicos de carácter regional con apoyo técnico del Servicio Geológico Minero de la Nación, la disposición de tarifas diferenciadas y bonificadas de estudios, análisis y generación de proyectos, así como esquemas que prioricen la formación de PYMES locales que provean insumos mineros a la industria.

 

Con una voluntad similar se promoverá el trabajo con el Consejo Federal Agropecuario y el Ministerio de Agroindustria para generar “clusters” en ubicaciones estratégicas para la provisión de insumos minerales, como también el uso compartido y complementario de recursos naturales o la elaboración de estrategias de encadenamiento productivo.

 

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Finalmente, para asegurar la transparencia, responsabilidad y competitividad las empresas públicas provinciales serán, a partir del acuerdo, entidades independientes del Estado provincial, tendrán su propio patrimonio -sujetas a auditoría y contralor-, podrán actuar en los términos previstos en el Código de Minería y no podrán tener ningún tipo de influencia o participación en el procedimiento de otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones.

 

 

 

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La PSA capturó al narco “Dulce” Abregú en Rosario

ESTABA PROFUGO DESDE OCTUBRE

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La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, detuvo ayer a Walter Daniel Abregú, alias “El Dulce”, líder de una organización criminal familiar dedicada al acopio, fraccionamiento, distribución y venta de cocaína en Rosario, provincia de Santa Fe, que fue desbaratada en octubre del año pasado por esta fuerza.


El fugitivo tenía pedido de captura vigente desde entonces por lo que se estableció una coordinación con el Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), junto con el cual se desarrolló el análisis de la información aportada por el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia (BUSCAR). Además, desde junio el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido medio millón de pesos de recompensa para dar con su paradero.

 

Tras amplias tareas investigativas de la fuerza que conduce Alejandro Itzcovich Griot, los oficiales pudieron determinar dónde se encontraba el prófugo. Al allanar un domicilio de la Avenida Rivarola al 7000 de Rosario, el narco intentó escapar pero fue rápidamente detenido por los policías aeroportuarios, quedando a disposición del Juzgado Federal N° 4 de dicha ciudad, a cargo de Marcelo Bailaque.

 

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La organización que lideraba “El Dulce” fue desarticulada el 24 de octubre del año pasado, cuando la PSA realizó 17 allanamientos en Rosario, Coronda y Piñero donde se aprehendieron a sus padres entre otras personas, y se desbarató una cocina de droga, en el marco de una pesquisa que tuvo un aporte fundamental de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias, y de la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Claudio Kishimoto. Luego, en noviembre, los oficiales detuvieron en la vía pública a su pareja, hermana, cuñado y suegra, como así también a un suboficial que prestaba servicios en el área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), acusado de tener estrechos vínculos con el clan narcocriminal.

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El País

La PSA designó a una mujer al mando de su Guardia de Infantería

ES LA PRIMERA VEZ EN UN ORGANISMO DE SEGURIDAD

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La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, asignó como responsable de la Guardia de Infantería Aeroportuaria (GIA) a la inspectora Silvia Alejandra Miers, convirtiéndose en la primera mujer al mando de este tipo de grupos especiales en una fuerza federal de seguridad.


Con 25 años de trayectoria en el organismo y una destacada profesionalización, la inspectora Miers admitió que se trata de uno de los desafíos más importantes en su carrera: “Estar a cargo de la GIA representa un sinfín de valores que debemos recalcar a quienes integran esta agrupación ya que las funciones a cumplir son distintas al resto de los oficiales. Aquí se requieren una preparación, una templanza y una personalidad especial que irán moldeando el perfil adecuado para este tipo de tareas.”

 

Tanto el director nacional, Alejandro Itzcovich Griot, como el director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC), comisionado general Miguel Ángel Martino, coincidieron en encomendar esta función a una oficial con mucha experiencia en conducción de personal policial y ordenamiento de unidades. “Me llenó de orgullo saber que mi nombre haya sido uno de los primeros que surgieron para asumir esta responsabilidad. Ambos manifestaron creer que estaré a la altura de las circunstancias y me han dado su plena confianza”, dijo la inspectora.

 

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Miers, madre de dos hijos, reconoció que su nombramiento “causó cierta sorpresa por ser mujer, pero después vino la calma y el entendimiento sobre la necesidad de una modificación en el curso de la GIA. Haremos un trabajo muy fuerte, tenemos que lograr una imagen institucional importante y sólida. Debemos estar preparados para llegar al lugar del conflicto y que a través de nuestro nombre se entienda perfectamente para qué estamos y qué hacemos.”

 

La GIA en la PSA fue creada hace dos años y sus funciones se abocan a la protección de instalaciones ante el intento de toma, ocupación o destrucción de las mismas por parte de terceros. Asimismo evita el bloqueo de rutas y accesos a los aeropuertos, auxilia a la Justicia en allanamientos de baja y media complejidad, y puede estar presente en desalojos y detenciones. También protege objetivos sensibles dentro de la jurisdicción aeroportuaria (torre de control, depósitos de combustibles, perímetros) y participa en respuesta a actos de interferencia ilícita como secuestro de aeronaves y toma de rehenes, entre otros.

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El País

La Unión Europea mostró conformidad con el sistema de control y certificación del maní

EXPORTACIONES

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Los inspectores auditaron los controles en aflatoxinas en maní, que realiza el Senasa, para asegurar que las partidas enviadas a ese destino se encuentren dentro de las tolerancias establecidas.


Una delegación de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG-Sante) de la Unión Europea verificó el sistema sanitario de control y certificación de aflatoxinas en maní en establecimientos argentinos.

 

Durante la reunión final realizada en la sede del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en Buenos Aires, los auditores europeos manifestaron su conformidad con los controles y con el sistema de certificación que lleva a cabo el Senasa.

 

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En el encuentro estuvieron el presidente del Senasa, Ricardo Negri, el vicepresidente, Guillermo Rossi, el director nacional de Protección Vegetal, Diego Quiroga, los directores de Inocuidad y Calidad de Productos de Origen Vegetal, Alejandro Fernández, de Laboratorio Vegetal, Jorge Kempny y el coordinador de Relaciones Internacionales, Miguel Donatelli.

 

Del 6 al 16 de mayo, los inspectores europeos auditaron los controles que realiza el Senasa en la provincia de Córdoba para asegurar que las partidas enviadas a ese destino se encuentren dentro de las tolerancias establecidas por la Unión Europea.

 

La verificación incluyó la visita a 4 establecimientos habilitados para procesar y exportar a este destino y 3 laboratorios inscriptos y autorizados por el Senasa, que son los encargados de hacer los muestreos, los análisis y la certificación de contenido de aflatoxinas, que son un tipo de toxinas producidas por cepas toxigénicas de hongos en cultivos agrícolas como el maíz, el maní, la semilla de algodón y los frutos secos, de cáscara dura como las nueces. Las aflatoxinas son frecuentemente aisladas de alimentos como maíz, arroz, y maní, que han tenido un mal manejo de postcosecha.

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"La delegación de la UE considera que el sistema de control argentino sobre este producto es muy completo y muy bueno. Para nosotros fue muy positiva la auditoría. Continuaremos evaluando en conjunto recomendaciones para seguir mejorando determinadas cuestiones dentro del proceso de control", explicó Fernández.

 

El funcionario del Senasa además subrayó que “Argentina es el principal exportador que tiene la Unión Europea, por eso hacen especial hincapié en verificar el proceso completo de producción, elaboración, transporte y exportación de maní argentino. La Argentina siempre trabaja para producir alimentos seguros”.

 

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La Argentina produce 1.100.000 toneladas de maní al año y el 85% de la producción corresponde a Córdoba. Cabe destacar que Argentina exporta alrededor de 370.000 toneladas de maní a la UE.

 

 

 

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