Comenzó la contraofensiva: en las últimas 24 horas fuerzas policiales de San Pablo eliminaron a más de 30 sospechosos de integrar la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC), que durante los últimos tres días había estremecido a la ciudad con una ola de atentados que causó más de 150 muertos.

A pesar del polémico acuerdo que las autoridades habrían negociado el martes con el jefe del PCC para poner fin a los atentados, en las calles paulistas la policía seguía ayer sólo una regla: ante la menor duda, disparar a matar. “La cacería continúa. Estamos matando a quien tenga la osadía de enfrentarnos”, advirtió, sin medias palabras, el comandante de la Policía Militar, Elizeu Teixeira Borges. El impresionante desafío del crimen organizado contra el Estado, con 270 atentados, 70 motines y poco más de 40 miembros de las fuerzas de seguridad muertos, dejó una sensación de paranoia en la sociedad paulista. El estupor que la violencia causó en Brasil llevó al Senado a sancionar de urgencia once proyectos de ley contra el crimen organizado. Entre las medidas, que todavía deben ser aprobadas por la Cámara de Diputados, se encuentra la posibilidad de recluir bajo un régimen especial a los miembros del crimen organizado durante 720 días, prorrogables por otros 720. Bajo ese régimen podrán conversar con sus abogados sólo una vez por mes y con un vidrio de por medio. Los abogados de estos grupos suelen transformarse en integrantes de la organización, que actúan como voceros del “capo” y llevan sus órdenes afuera de la cárcel. Por otro lado, el gobierno anunció que las operadoras de telefonía celular serán obligadas, mediante un decreto presidencial, a comprar, instalar y administrar bloqueadores de celulares en las cárceles. Los teléfonos móviles son el principal medio de comunicación de los líderes del PCC, que los usan para enviar órdenes al exterior. Los piquetes policiales continuaban ayer esparcidos por toda la ciudad. Al pasar frente a una comisaría en la avenida Angélica, una de las principales de la ciudad, este cronista fue bloqueado por dos policías que le apuntaron fusiles directamente al cuerpo, mientras gritaban: “¡Los autos con vidrios polarizados tienen que pasar con las ventanillas bajas delante de un comisaría!” Nuevas informaciones mostraron ayer que los tentáculos del crimen organizado llegan más lejos de lo que se podía imaginar. Hace algunas semanas, los jefes de policía de San Pablo fueron interpelados por los legisladores de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Tráfico de Drogas. Como la información que podía surgir de la interpelación era confidencial, la declaración fue a puertas cerradas. Horas después de la reunión, Marcos Willians Herbas Camacho, alias “Marcola”, el líder del PCC, escuchaba en su celda la grabación en la que se planificaba la transferencia de todos los miembros del PCC a una cárcel de máxima seguridad en el interior de San Pablo. Fue entonces cuando comenzó a planear la ofensiva, que terminó cuando el gobierno negoció el fin de los ataques a cambio de condiciones especiales de prisión para él y su grupo. El líder del PCC tuvo acceso a la información por medio de un empleado del Congreso que vendió a abogados de la organización dos CD con las conversaciones de los jefes policiales. Pasado el estupor, comenzó la utilización política de los atentados. Primero, el candidato del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), Geraldo Alckmin, que era gobernador de San Pablo hasta hace 40 días -cuando pidió licencia para iniciar su campaña electoral-, acusó al gobierno nacional por la inseguridad, por no haber enviado a los estados fondos de coparticipación. El presidente Luiz Inacio Lula da Silva respondió en el mismo tono. “Lo que ocurrió en San Pablo es algo grave porque muestra el peso del crimen organizado. Por los artículos que leí ayer, parece que hubo un acuerdo entre policías y bandidos”, atacó Lula, y acusó a las autoridades paulistas. “Lo que tiene que quedar muy claro es que todo lo que el gobierno federal podía ofrecer se lo ofrecimos al gobernador Claudio Lembo”, dijo. SIN AYUDA El ministro de Relaciones Institucionales, Tarso Genro, subió todavía más el tono y provocó la ira de la oposición. “El gobierno paulista prefirió negociar con criminales antes que aceptar la ayuda del gob ierno”, disparó. Lula y Alckmin, los adversarios en las elecciones presidenciales de octubre, están prácticamente igualados en cuanto a la responsabilidad por lo ocurrido, según la opinión de los paulistas. Una encuesta de Datafolha reveló ayer que el 39% considera que Lula tuvo “mucha responsabilidad” en los atentados, y otros 37% culparon a Alckmin. La Justicia, sin embargo, fue para los paulistas la responsable mayor: el 55% consideró que el problema se debe a su funcionamiento ineficiente, blando y lento. Lembo, el actual gobernador paulista, pasó el miercoles intentando explicar la negociación con “Marcola”, que permitió que los ataques pararan. Enredado en justificaciones, Lembo llegó a decir que había autorizado que un avión de la policía militar trasladara a la abogada del líder del PCC hasta el presidio para “agilizar el diálogo” con el jefe de la organización criminal. Y dijo que se había permitido el diálogo con la abogada y que los presos recibieran televisores nuevos para ver el Mundial de Alemania para evitar que en un futuro se lo acusara de no respetar los derechos humanos.