El agua, ese bien común tan necesario como lo es el oxigeno a la vida, se ha convertido en uno de los recursos más explotables y cada vez más costoso para la población. Ante esta situación, el agua ya no es un bien de todas y todos, sino una fuente de inequidad.

(SEMlac)- Se estima que 1.100 millones de habitantes de países en desarrollo carecen de un acceso adecuado al agua y 2.600 millones no disponen de servicios básicos de saneamiento, según Más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua, informe del PNUD sobre Desarrollo Humano 2006. Las zonas rurales son las más desfavorecidas por esta situación, indica el documento, y en las de América Latina 60 por ciento de niños y niñas carecen de ese recurso, señala Cepal. En las zonas rurales aún existe el sistema de pozos (aljibes), donde se acumula agua de lluvia, o las represas de usos comunitarios. Con este sistema, son las mujeres las que dedican horas al acarreo de agua desde esas represas hasta sus hogares. En Argentina, durante la década del noventa, se inició el proceso de privatización de todos los servicios estatales y el suministro de agua entró en este proceso. Sin embargo, no todas las zonas geográficas han sido beneficiadas con mejoras de infraestructura en el marco de este proceso, y muchos lugares aún poseen un suministro precario. Además, “el abastecimiento del servicio supone una serie de requisitos que las personas en situación de pobreza no pueden cubrir. Por lo tanto, el acarreo mediante baldes por parte de mujeres y niñas, así como el uso de pozos y fuentes muchas veces sin posibilidades de un tratamiento adecuado, aún siguen afectando a la población”, señaló a SEMlac la abogada Ana Claudia Vaughan, investigadora en recursos hídricos e integrante de la Alianza del Género y Agua (GWA, por su sigla en inglés). Sin embargo, la problemática del acceso al agua, ha tenido más atención en esta última década, a juicio de Vaughan. “El impulso de la ONU ha facilitado un acercamiento entre los distintos actores implicados. Pero, debido a que la situación es distinta en las diferentes regiones de Argentina, el acceso al agua sigue siendo una cuestión a resolver, tanto en el ámbito urbano como en el rural”, asegura. LA INJUSTA MERCANTILIZACIÓN La Fundación Heinrich Böll Stiftung, en su estudio El agua, nuestro bien común , sostiene que la mercantilización del agua es el negocio por el cual apuestan los grandes grupos empresariales, distanciando a las poblaciones de poder hacer pleno uso de ese recurso. El informe señala que las empresas transnacionales consideran “al agua como una mercancía que puede comprarse y venderse, no como un bien común, y están abocadas a crear un cártel parecido al que hoy controla todas las facetas de la energía, desde la exploración y la producción hasta la distribución”. Agrega que esas entidades igualmente “controlan el comercio del agua virtual, compran derechos de acceso a las aguas subterráneas y las cuencas hidrográficas en su conjunto, para adueñarse así de grandes reservas hídricas; compran y venden acciones en una industria creada para multiplicar exponencialmente sus ganancias en los años por venir” En Argentina, el proceso de privatización no favoreció a la población, en opinión de la abogada Ana Claudia Vaughan. “La mayoría de las empresas no cumplieron con los compromisos de mejorar o modernizar las plantas que recibieron para ofrecer los servicios. Además, las tarifas no fueron más accesibles y los aumentos recientes afirman esta tendencia”, relató a SEMlac. La investigadora en recursos hidráulicos estima que los entes reguladores muchas veces no cumplen con su función o sus funcionarios no cumplen los requisitos necesarios para esa finalidad. “En concreto, esto genera la venta ilegal o el uso de agua no segura, lo que afecta a las poblaciones más vulnerables”, precisa. Ante esta inequidad, las mujeres se han convertido en gestoras del cambio. Según Vaughan, “las diferentes iniciativas que las incluían fueron variando, desde aquellas que reforzaban roles tradicionales hasta las actuales, que valoran su papel en aspectos más técnicos, como el reconocimiento de fuentes de agua”. “Pero la discriminación de género y la falta de acceso a la toma de decisiones las colocan en labores de higiene, abastecimiento doméstico y seguridad alimentaria; actividades reconocidas especialmente por los planificadores del sector agua”. Desde 2008, Año Internacional de Saneamiento, Argentina lanzó una importante obra pública para cubrir estas necesidades, lo que favorecería también el uso del agua. Pero, “estas planificaciones deben enfrentar dos problemas: la corrupción y la contaminación del recurso, que a veces aparecen en conjunto”, señala Vaughan. La experta manifestó, a modo de ejemplo, que en la provincia de Chubut ubicada en la región patagónica del sur de Argentina, el escenario jurídico no ha sido favorable “porque la conformación de un Comité de Cuenca Interprovincial trajo una serie de conflictos jurisdiccionales. La constante dilación en completar los representantes a dicho Comité aparece como un manejo discrecional del derecho al agua, entendiéndolo como una reserva y no como un bien”, concluyó.