(Argenpress.info) Por pedido de la Oficina Anticorrupción el ex ministro del Interior menemista, Carlos Corach, deberá presentarse ante la Justicia por su actuación en el proceso de licitación del llamado Proyecto DNI, que favoreció a la empresa alemana Siemens tras rechazarse la impugnación de la oferente, Malam Systems Ltd. El juez Jorge Ballestero dispuso la citación del ex funcionario Carlos Vladimiro Corach y del ex presidente prófugo en Chile, Carlos Saúl Menem, para ser interrogados por la causa que investiga la asignación de la empresa alemana Siemens S. A., para la confección de los documentos nacionales de identidad con nuevas marcas de seguridad invulnerables.

También fue intimado el ex secretario de Población, Aldo Omar Carreras, quién se destacó en su momento por resistir particulares procedimientos durante la instancia de evaluación previa a la contratación de la empresa alemana. Del lado de Siemens deberán declarar en la indagatoria los directivos, Juan Ares y Juan Carlos Denicolay. La actuación fue impulsada por el Fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción (OA), Daniel Morín, advirtiendo la pronta prescripción de la causa, cerrada desde 1999. En su presentación, Morín señaló que del expediente surgen “ilegitimas restricciones que se opusieron a eventuales interesados”, además de mencionar “condiciones abusivas” que afectarían en el contrato al Estado Nacional. No obstante, el ex ministro negó la existencia de irregularidades y destacó que la anulación del mismo, ocurrió en el marco de la ley de emergencia económica, según la cual el gobierno del entonces presidente Fernando De la Rúa dispuso la posibilidad de rescisión de los contratos celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 1999. “De cualquier manera estoy y estaré a disposición de la Justicia para esclarecer, una vez más todos los interrogantes que me planteen”, explicó Corach. A continuación se reproduce parte de la investigación realizada por el escritor Emilio J. Corbière, publicada en el libro “Opus Dei. El totalitarismo católico” (2002), por Editorial Sudamericana, en donde se describe en detalle las maniobras ocurridas durante el llamado a concurso. Otras fuentes documentales surgen de la minuciosa tarea periodística realizada para el diario Página/12, por el actual diputado nacional Miguel Bonasso. DOCUMENTOS POR FAVOR La historia negra del intento licitatorio para la creación de un nuevo documento de identidad “inviolable”, parece estar escrita con tinta invisible y protagonizada por super agentes del recontra espionaje. Las figuras estelares Alfredo Yabrán y Francisco Macri esta vez ocupan un rol secundario en una trama secreta que involucra actos heroicos, agentes dobles, padrinos políticos y consejeros formados a la sombra de elementos autoritarios. ¿Qué tienen en común el subsecretario de Empleo del interinato duhaldista, Aldo Omar Carreras, y el síndico general de la Nación también de ese gobierno provisional, Julio Cesar Comadira, además de surgir de las mismas entrañas del Opus Dei? Que los dos hicieron carrera en el menemismo y supieron aggiornarse a los nuevos tiempos. Que tienen una formación académica impecable y que ambos participaron en la licitación del sistema nacional de identificación y registro del tránsito fronterizo, junto a otros opusdeístas como Rodolfo Barra y Juan Franchino. Una minuciosa investigación iniciada por el periodista Miguel Bonasso desenredó el entramado de intereses económicos en medio de un juego de influencias cada vez más complicado (36). El asesinato de José Luis Cabezas torció el camino de la licitación. Pero la tromba política que desató tal crimen convirtió en mala palabra el apellido Yabrán y a quienes lo rodearan. Carlos Corach repartió nuevamente las cartas marcadas y, casualmente, apostados en diferentes frentes estaban los hombres del Opus Dei. Sólo un jugador se animó a patear el tablero. En agosto de 1994, el presidente Carlos Menem y el ministro del Interior Carlos Ruckauf firmaron el decreto 1310 que habilitó el Proyecto DNI, fundamentando entre otros motivos la necesidad de mejorar la seguridad los controles fronterizos. También fue una de las imposiciones de la administración de Bill Clinton a la Argentina para eximir del requisito de visa a quienes visitaran Estados Unidos -que fue limitada nuevamente en febrero del año 2002 con el pretexto de extremar las medidas de protección a raíz de los atentados sobre las torres gemelas-. Quien se adjudicara tal licitación sería responsable de la confección de los documentos -y su distribución-, el control migratorio y la elaboración de los padrones, en un negocio que en 1997 alcanzaba los 600 millones de dólares. Tres grupos empresarios se presentaron en a concurso: la Unión Transitoria de Empresas (UTE), compuesta por Itron S.A., SHL Systemhouse, TRW Systems Ovearseas Inc y Malam Systems Ltd.; su principal oponente encabezada por Siemens, asociada a la imprenta Boldt; y una tercera que fue descalificada en la primera etapa, formada por Ivisa-TTI, del grupo Bulgheroni. Ivisa-TTI tenía buenas perspectivas hasta que se desató el escándalo de las coimas que involucró a funcionarios del Banco Nación con la firma norteamericana IBM, su socia en la licitación. De ganar la Unión Transitoria de Empresas, la compañía OCA postal perteneciente a testaferros de Alfredo Yabrán se ocuparía de repartir los documentos. La empresa informática de los Macri, Itron, actuaría como cabeza integradora junto a SHL, TRW digitalizaría las huellas digitales y la firma mixta israelí Malam, de sobrada experiencia en documentación y controles fronterizos, sería el otro soporte informático. Contra todos los pronósticos, en noviembre de 1998 el Estado nacional termina firmando el contrato con la alemana Siemens, que había ganado luego de infinitas postergaciones y el rechazo de una contundente impugnación presentada por Malam. “Los informes técnicos y jurídicos iniciales le otorgaron el más alto puntaje a la UTE liderada por Itron y todo parecía andar sobre rieles, cuando empezaron las dificultades. Siemens tenía también amigos influyentes y empleados de lujo, como el abogado Rodolfo Barra, ex ministro de Justicia y actual Auditor General de la Nación. O el empresario Carlos Sergi, representante en Argentina de Printac, empresa que se dedica a procesar huellas digitales informatizadas, una de las sofisticadas exigencias del pliego licitatorio. Sergi era muy amigo del entonces presidente (CEO) de Siemens Argentina, Luis Rodolfo Schirado. Y también del director de Migraciones Hugo Franco quien, de acuerdo a lo que dice la impugnación de Malam, habría producido un “brusco cambio” en el expediente, “con la clara intención de privilegiar la situación de uno de los oferentes, Siemens S.A.”. (…) En el nuevo frente de tormenta se alzaba también el dictamen jurídico de Julio Comadira, un abogado que Menem incorporaría al Consejo de la Magistratura y en tiempos de la dictadura fue auditor de la Armada. Según el escrito de Malam, fue el único informe jurídico adverso a la propuesta de Itron”, explica Bonasso en su artículo. Lo llamativo del caso es que Carlos Corach desde el ministerio del Interior es quien rechaza la impugnación de Malam por considerar que representaba sólo a una parte de la UTE. Que Julio Cesar Comadira era uno de sus asesores. Y que el entonces consejero de Siemens había tenido bajo su tutela a Comadira cuando el marino pasó a retiro para comandar la dirección de Asuntos Jurídicos de la vieja cartera de Obras y Servicios Públicos, durante la gestión del ministro Roberto Dromi y de su segundo Rodolfo Barra. Casualmente el capitán de fragata de la dictadura y el viejo militante de Tacuara pertenecen al Opus Dei. Casualmente el profesor Aldo Omar Carreras había participado de una comisión evaluadora; y, casualmente, Juan Franchino había integrado otro grupo paralelo. Por esas cosas de la vida Franchino y Carreras habían sido funcionarios de Gustavo Béliz que también por casualidad integra las filas del Opus. Casualmente, Comadira había asesorado a Dromi para el desguace del Estado; y, casualmente, el estudio de Dromi ejerció la defensa de monseñor Toledo en otro caso donde fueron procesados viejos conocidos de Béliz. Pero no fue tan casual que Juan Franchino presentara informes opuestos a los que favorecieron a Siemens. El ingeniero en Sistemas ya había obtenido fama de “incorruptible” y de excelente funcionario público a principios de los 90 cuando denunció el supuesto negociado de los DNI de factura francesa. También es importante destacar que la comisión evaluadora en la que participó el entonces subsecretario de Población, Aldo Omar Carreras, se disolvió rápidamente a fines de 1997, al resistir a ciertos procedimientos de apariencia poco regular. De la actuación de Carreras no surgen argumentos para cuestionar su idoneidad. Al contrario, durante su paso por esa secretaría enfrentó al entonces titular de migraciones, Hugo Franco, cuando este impulsó un proyecto de delación que contemplaba recompensas a quienes denunciaran a extranjeros indocumentados. Ambos quedaron desalineados en la ofensiva opusdeísta. Entonces el Octopus Dei extendió los tentáculos de sus hombres más duros. Aquellos que en su juventud adoptaron el saludo romano y otros colaboracionistas de interregnos militares. En los setenta, Julio Cesar Comadira fue asesor jurídico de la Armada. Obtuvo el cargo de capitán de fragata y pasó a retiro el 1 de agosto de 1989. Fue director de Asuntos Jurídicos del ministerio de Obras y Servicios Públicos. Subrogó por el ministro del Interior en el Proyecto DNI. Asesoró también a Raúl Granillo Ocampo durante su gestión en el ministerio de Justicia y representó al ejecutivo menemista en el Consejo de la Magistratura. Apenas llegado al sillón presidencial, Duhalde lo designa síndico general de la Nación. Actualmente es profesor de las universidades nacionales de La Plata y Buenos Aires, en la Universidad Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino de Mar del Plata y dirige el postrado en Derecho Administrativo de la Universidad Austral -cargo que ocupara Barra en 1991- (37). En septiembre de 1997, una nueva postergación hasta el 3 de mes siguiente dilataría los resultados de la licitación. A pesar del retraso la evaluación de la comisión entendida en la materia había concluido sus recomendaciones. Algunas trascendidos periodísticos relataban supuestas “explosiones de ira en el consorcio germánico” respecto al conocimiento informal de tales conclusiones, debido a la particularidad de presentar posiciones adversas. Uno fue realizado por el ingeniero Franchino y el otro por el abogado Julio Cesar Comadira. (38). Por esos días se realizaban las Jornadas Industriales de Bariloche, organizadas por la Unión Industrial Argentina. Allí estaba presente Francisco Macri, cabeza de Socma, poseedora de la firma Itron, que todavía parecía disputar la licitación. Pero el hábil comerciante sabía que el asesinato de José Luis Cabezas aquel verano del 97 no le jugaría a su favor. Se había descubierto que los principales accionistas de OCA eran Blanca Pérez de Alonso y Oscar Raúl Alonso, los cuñados de Yabrán. La denuncias de los entonces diputados Juan Pablo Cafiero y Darío Alessandro llenaban los espacios periodísticos. El ministro Carlos Corach recurrió a un plan b para esquivar el huracán mediático. La presencia circunstancial de la organización religiosa siempre habida de poder sería funcional para la ocasión. “En ese contexto -dicen todas las fuentes- Macri se reunió con Schirado, el CEO de Siemens, y comenzó a negociar la venta de Itron a la transnacional alemana, que más tarde se concretaría por una cifra que -según los informantes- sería muy superior al valor real de la integradora (…) La cuestión es que, a la hora de protestar, los socios de Macri descubrieron que estaban solos y sospecharon que se había negociado a sus espaldas. Malam depositó los 500 mil dólares que el pliego establecía como fianza para poder impugnar y presentó un explosivo escrito ante Corach. El ministro del Interior desestimó la impugnación porque la presentaba solamente una parte de la UTE”, explica Bonasso. En tal oposición, el representante de Malam en Argentina, el ingeniero Israel Lotersztain, denunció la falta de legitimidad de la preadjudicación del contrato por existir ““serias irregularidades en el desarrollo de la licitación”, “graves falencias en la resolución de la Comisión Técnica de Evaluación” y un “extraño proceder del ministerio del Interior” que el 17 de diciembre de 1997, “casi un año más tarde de la fecha de apertura de la licitación, puso en marcha un procedimiento tendiente a rescatar la oferta de la empresa Siemens, claramente descalificada, y a otorgarle un puntaje muy superior al de la UTE”, ignorando “todos los elementos de juicio elaborados por las distintas instituciones y técnicos convocados para la evaluación y cuya tarea fue avalada por la SIGEN”, con informes alternativos…”(39). La impugnación rescató la pericia del ingeniero Juan Franchino, cuyas evaluaciones habían otorgado un mejor puntaje a la UTE. Pero que luego, según el escrito, fueron dejadas de lado por la Comisión Técnica de Evaluación basándose en las opiniones del director de Migraciones Hugo Franco, el titular del Registro Nacional de las Personas, Eduado D`Amico y las el licenciado Patricio Bustos, descalificado por Malam. La integridad de Franchino deja constancia de que muchas veces las acciones de los hombres pueden transformar instituciones integristas de estructura patriarcal como la del Opus Dei. Que esa congregación impulsé a sus congregantes para ocupar espacios de poder no significa que ellos respondan ciegamente a intereses poco claros. No obstante ello el resultado de la licitación concluyó en un sínodo de sombras. En donde no se distingue el púrpura del rojo, y se allana el camino para que el Diablo meta la cola. (Informe recibido por Corrientes al Día desde Argenpress.info)