La frontera europea se extiende en varios miles de kilómetros, serpenteando sobre la tierra y el mar entre el Ártico y el Mediterráneo y desde Chipre hasta Canarias.

En gran parte no está marcada con mojones bien definidos, pero hay otros elementos que la delimitan con claridad: la renta per cápita, el nivel de empleo, la disponibilidad de agua potable y energía, la alimentación, la salud, la educación… En suma, está marcada por una brutal discontinuidad en los índices de riqueza, bienestar humano y nivel de vida. Éste es el motor de toda la conflictividad que se produce en su entorno, que no es posible desconocer en cualquier esfuerzo que pretenda remediarla. En Ceuta y en Melilla, sin embargo, la frontera está además claramente marcada con una doble alambrada metálica, protegida por modernos medios de vigilancia y guarnecida por las fuerzas de seguridad españolas. Hay quien ha exigido que Marruecos disperse de inmediato a los subsaharianos concentrados frente a Ceuta y Melilla. Así, sin más. Como si pudiera exigirse a un país soberano que cumpla los deseos del vecino sin ofrecer nada a cambio. Eso sólo puede hacerlo EEUU, y así le va. Pero es que, además, revela cierta ignorancia de la situación. ¿Por qué Marruecos habría de diseminar por su territorio a los emigrantes subsaharianos, generándose así inútiles molestias? Le es más cómodo dejarlos frente a las dos ciudades españolas, porque contribuyen a su desestabilización interna y a lo que, en último término, es el objetivo final marroquí: la anexión de ambos territorios. No hay que olvidar que ese objetivo es, también, la causa de que España y Marruecos encuentren difícil, si no imposible, alcanzar acuerdos duraderos sobre cualquier asunto: siempre quedarán en la recámara marroquí las balas que apuntan a ambas ciudades. La emigración clandestina ilegal es ahora, en resumidas cuentas, un arma de Rabat para debilitar la posición de España en el norte de África. La guarda en su funda cuando le interesa rebajar la tensión pero está presto a blandirla en cuanto convenga a sus intereses. Quizá bajo la presión de la opinión pública, el Gobierno español ha decidido reforzar con medios militares el dispositivo de la Guardia Civil que guarnece ambos segmentos fronterizos. Es muy probable que, pasada la urgencia, haya que rectificar esta apresurada decisión, dadas sus evidentes incongruencias. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles se afirma que el Ejército (en este caso, unidades de la Legión y de Regulares) carece “de los medios y la formación adecuada” para la misión asignada. Por otro lado, algunos motivos aducidos para ese refuerzo son muy endebles. Afirmar que la presencia de los vehículos blindados BMR tiene efecto disuasorio es pura imaginación. ¿Cómo se usarán contra los que penetren en el espacio situado entre ambas verjas? Si está prohibido dispararles, ¿les amenazarán con atropellarlos? Unos vehículos militares, hechos para proteger del fuego enemigo a los soldados que desde ellos combaten, si se utilizan para “asustar” sólo disuadirán a quienes se dejen disuadir. Los desesperados emigrantes que asaltan el doble vallado no se detendrán frente a ellos. No es fácil ni práctico instruir en unos días a unas unidades militares, cuya misión es el combate, en el uso de medios antidisturbios. Y más difícil aún es transformar la forma de pensar y actuar del militar profesional. La solución no vendrá por ese camino. España necesita un cuerpo de policía de fronteras, muy especializado y bien dotado de medios. Pero también lo necesita Europa, puesto que no es sólo la frontera española la que se ha de controlar. La Unión Europea ha mostrado una vez más su debilidad al recordarnos a los españoles que cada Estado miembro es responsable de controlar sus fronteras exteriores, para impedir la entrada de inmigrantes ilegales en el territorio nacional pero también en los demás países del llamado “espacio Schengen”, cuyas fronteras interiores han sido suprimidas. Cualquier ser humano ha de debatirse entre la íntima compasión por quien sufre lo indecible en sus esfuerzos para alcanzar una vida mejor, y la ineludible necesidad de mantener la seguridad pública y garantizar el cumplimiento de la legislación que impide la inmigración clandestina. La solidaridad humana se enfrenta ahora con la obligación de regular las relaciones, también humanas, entre los distintos pueblos y Estados. No es fácil encontrar un equilibrio, pero es necesario que no haya más muertes por este motivo. (*) Recibido por Corrientes al Día del centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), de la Universidad Complutense de Madrid, por Alberto Piris, General de Artillería en la Reserva; Analista del Centro de Investigación para la Paz (FUHEM)