El ex militar uruguayo Néstor Jorge Fernández Troccoli fue detenido cuando se aprestaba a celebrar plácidamente la nochebuena del pasado año en Salerno (sur de Italia). La aprehensión respondía al cumplimiento de una de las 139 órdenes de arresto contra los responsables de la llamada Operación Cóndor, acordada en los años setenta por las dictaduras de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia, que por muchos años disfrutó de impunidad con la complacencia de los presidentes de la transición democrática en todos los países del Cono Sur.

También se aprestaba a celebrar la Navidad, poco más de tres décadas atrás, el Coronel uruguayo Ramón Trabal cuando el 17 de diciembre de 1974 fue asesinado en París. Trabal formaba parte del elenco golpista que había disuelto las garantías manteniendo en el poder a un civil, el colorado pachequista Juan María Bordaberry, hoy purgando condena por sus crímenes. De cualquier manera, su eliminación aparece en la perspectiva presente como un autogolpe más de los militares uruguayos con la finalidad de desatar una ola represiva. Dos días después cinco militantes uruguayos de la izquierda traídos de Argentina aparecerían muertos en los alrededores del Aeropuerto de Carrasco. El mismo día que aparecían los cadáveres, en el Consejo de Estado el dictador de fachada, Juan María Bordaberry, discurseaba sobre Estados fuertes y naciones libres. Precisaba que: “La existencia de un Estado fuerte no supone limitación de las libertades esenciales del hombre”. El doble discurso del dictador no podía resultar más inoportuno. Esta es sólo una de las trágicamente espectaculares acciones del Operativo Cóndor que involucraron actores uruguayos, y que burlándose de la memoria han sobrevivido impunes por décadas. La eliminación de Trabal en la Ciudad Luz desató aquella represalia brutal que aún permanece sin castigo y sin que se conozca la verdad: el asesinato de Héctor Brum, María de los Angeles Corbo, Graciela Estefanel de Brum, Floreal García, Mirtha Hernández de García, y Julio Abreu. Todos habían sido secuestrados en Buenos Aires, al día siguiente del asesinato de Ramón Trabal en París. Wilson Ferreira Aldunate salvó la vida de milagro cuando un escuadrón militar secuestró y asesinó en Buenos Aires a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, logrando refugiarse en la embajada de Austria. Luego emprendería una enérgica campaña internacional que conmovió al mismo Congreso de los Estados Unidos, que suspendió su asistencia a Bordaberry. Basado en sus investigaciones, Ferreira describió cómo cuando se produjo el asesinato en París del coronel Ramón Trabal, los altos mandos se reunieron con Bordaberry y con el ministro de Defensa, Walter Ravenna. Con una frialdad inimaginable, en dicha reunión se decidió la ideología, la cantidad y la edad de los uruguayos que debían purgar la muerte de Trabal. Finalmente, se decidió en el cónclave que debían pagar el pato cinco jóvenes uruguayos, de ideología izquierdista, que se encontraban en el extranjero. Debían ser todos menores de 30 años de edad. Las cinco víctimas serían secuestradas en Buenos Aires, todos veinteañeros, y aparecerían muertos en Soca. Es triste pensar que estos hombres de hierro, que decidían los caracteres de sus víctimas antes de la cacería como si se tratase de un video juego, gozaron décadas de impunidad en uno de los países más evolucionados de América como Uruguay, cuyas conquistas en algunos terrenos como el laboral superaron en precocidad a Estados Unidos. Uno de los responsables de esa impunidad, el ex presidente Julio María Sanguinetti, estuvo por estos días de visita por Asunción, donde pontificó con sesgos social darwinistas sobre las angustias que afligen al subcontinente, en un enfoque que no hubiera diferido mucho al de un Venancio Flores revivido, socio menor del mitrismo en el genocidio que en 1870 sufrió el Paraguay. Tal vez a tantos años pueda olvidarse que el partido colorado del Uruguay, el mismo que honró la política en el continente americano con figuras como José Batlle y Ordoñez, fue también el que acompañó una de las más ignominiosas guerras que registra la historia de la humanidad, cuyo entramado clave sería urdido precisamente en territorio uruguayo bajo la severa supervisión del representante diplomático de su graciosa majestad, mister Edward Thornton. Pero es más difícil olvidar que fue Sanguinetti quien transigió con los militares uruguayos convirtiéndose en protagonista central del Pacto del Club Naval, que garantizó impunidad a los responsables del genocidio y el Operativo Cóndor a cambio de que cumplan con su deber constitucional de respetar las instituciones democráticas, contubernio del que se auto excluyó el Partido Nacional. En coincidencia con su vista a Paraguay, el ex presidente del Uruguay Julio María Sanguinetti fue sindicado por el descubridor de los archivos del Terror, el abogado y pedagogo Martín Almada, como cómplice por omisión del Operativo Cóndor. El conocido luchador por los derechos humanos también anunció que promoverá acciones judiciales y se tomó la molestia de redactar una dura carta dirigida a las autoridades de la Universidad para la Paz de San José, Costa Rica, advirtiéndoles sobre el malestar que se generaría con la designación del político uruguayo (al que define como “escombro”) en el cargo de presidente de dicha institución. Por ironías del destino, el honor persigue a quienes deshonraron a la clase pensante de América Latina permitiendo la impunidad a los asesinos de miles y miles de universitarios y pedagogos, alcanzados por la garras de lo que Almada denominó el Plan Cóndor Universitario. Y mientras la sonrisa siniestra de los verdugos se dibuja con la mueca burlona que dedica a la memoria el presente, en la fría semipenumbra, los muertos montan guardia y esperan. (*) Recibido por Corrientes al Día de Luís Agüero Wagner desde Asunción del Paraguay