Muchos de los que buscaron un futuro mejor en Europa tiemblan de preocupación, mientras el miércoles se debatirán los últimos detalles de una norma destinada a expulsar, en un futuro no muy lejano, a ocho millones de inmigrantes irregulares que residen en los países miembros de la Unión Europea (UE). Entre ellos, España.

La norma busca “coordinar criterios para la expulsión” de inmigrantes sin papeles, de modo que los 27 países del bloque apliquen mecanismos idénticos, más rígidos y más exigentes, en los que se reduzcan a la menor expresión los márgenes de flexibilidad que hoy tiene cada país. Es imposible saber cuántos de esos 8 millones son argentinos. “Aunque ya no son tantos como hace unos años, muchos siguen viniendo en busca de un futuro que en su país no tienen”, dijeron en SOS Racimo, una de las organizaciones no gubernamentales que asisten a extranjeros indocumentados en toda Europa. La nueva legislación será analizada en el Comité de Representantes Permanentes del bloque, en Bruselas. Y, de resultar aprobada de acuerdo con el borrador ya acordado, uno de sus primeros efectos sería la puesta en marcha de mecanismos para la expulsión de no menos de ocho millones de inmigrantes sin papeles que, según las estimaciones oficiales, ahora residen en todo el bloque. El inminente debate de la normativa para expulsar indocumentados -conocida como Directiva de Retorno- coincide con nuevos casos de rechazo de viajeros argentinos en aeropuertos de España, según confirmaron fuentes locales. En la mayoría de los casos, se trata de jóvenes de menos de 25 años a los que la policía española impidió salir de los aeropuertos de Barajas y de El Prat, en Barcelona, y a los que puso de nuevo en un avión de regreso a nuestro país por considerar que, en realidad, no eran turistas sino “inmigrantes camuflados”. El debate para el retorno a sus países de origen de inmigrantes irregulares aborda una de las cuestiones menos conocidas y más ocultas de la política continental en la materia. De hecho, poco o muy poco se sabe de los aviones que suelen partir de noche, con un extraño pasaje compuesto sólo por inmigrantes que, en contra de su voluntad, son enviados de regreso a su país con una fuerte custodia policial que los acompaña para garantizar la seguridad en el vuelo. En el caso de España, se sabe que en los tres años transcurridos entre 2004 y 2007, aplicó tal procedimiento a 370.000 personas, de acuerdo con cifras oficiales. O, dicho de otra manera, que esa “repatriación” implicó un esfuerzo equivalente al desplazamiento de 740 aviones Boeing 737 con todos sus asientos ocupados. En este caso, por pasajeros involuntarios. Esa cifra de deportados aumentó un 43 por ciento respecto del anterior gobierno del Partido Popular (PP). En España, también entre 2004 y 2007, Canarias recibió más de 31.000 inmigrantes procedentes de países africanos. Sin embargo, gracias a la colaboración de las autoridades gubernamentales de Marruecos y Senegal, el número de indocumentados detenidos se redujo a la mitad. “Tenemos que hacer algo porque ahora Europa está absorbiendo más de dos millones de inmigrantes por año. Y eso es mucho más que lo que, en forma proporcional, ocurre en cualquier parte del mundo”, dijeron investigadores del Centro para la Reforma Europea. Uno de los puntos más conflictivos que se pretende impulsar es el que permitiría que la policía retuviera durante 18 meses en centros de detención a quienes fueran sorprendidos como inmigrantes sin papeles. Todos los Estados miembros se reservan el derecho de retener privados de su libertad a los inmigrantes indocumentados. Pero la disparidad es enorme: en el caso de Letonia, eso puede ocurrir hasta un máximo de 20 meses; o hasta 18, en el caso de Alemania, mientras que España sólo lo contempla por un máximo de 40 días. Muchos argentinos ya saben de qué se trata. Son numerosos los que permanecieron detenidos en alguno de los llamados Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Uno de los expedientes más sonados fue en 2002, cuando sólo la intervención directa del gobierno argentino logró sacar a los marplatenses Mauricio Martínez Vulcano y Pablo Luna del centro de internamiento de Hay Fría, en la isla canaria de Tenerife. Su liberación se produjo cuando faltaban horas para agotarse el plazo de 40 días. Hoy, de aprobarse la norma, podrían haber estado presos hasta fines de 2004, sin que nadie pudiera reclamar nada. Otros aspectos polémicos de la normativa son la posibilidad de detención de los menores no acompañados y la prohibición a los expulsados de volver a entrar en la UE durante cinco años. “CON LOS BRAZOS ABIERTOS” “Es bastante vergonzoso que nosotros, que en momentos muy difíciles de nuestra historia hemos sido recibidos con los brazos abiertos en la Argentina, México y Venezuela, ahora les demos la espalda” a los ciudadanos de esos países, confesó al diario El País un eurodiputado español que trabaja en la futura normativa. En sintonía con el legislador se ubican varias ONG europeas que trabajan con inmigrantes indocumentados. “La nueva normativa es un horror. Lo que busca es privar de su libertad a personas que no han cometido delito alguno, salvo que se considere delito a escapar del hambre”, denuncian las ONG que preparan una gran movilización de protesta en Bruselas, donde días atrás se suicidó el camerunés Ebenizer Folefack, retenido por las autoridades belgas.