En dos jornadas que quedarán en la historia, la Argentina y Uruguay realizaron hoy sus primeras presentaciones ante la Corte Internacional de La Haya, tribunal en el que buscan dirimir la controversia que mantienen por la construcción de dos plantas de fabricación de pasta celulosa en Fray Bentos.

EL ESTATUTO Así como uno de los ejes de las audiencias de ayer, en la que cada país expuso sus argumentos, fue la posibilidad de que las papeleras provoquen daños irreversibles en el ambiente, las réplicas de hoy giraron en torno a la supuesta violación del Estatuto del Río Uruguay que denuncia la Argentina. En una fuerte defensa de su postura en el conflicto, Uruguay argumentó que el estatuto “no da derecho de veto” a la Argentina sobre la autorización y construcción de obras fuera de su territorio, uno de los pilares de la posición nacional. Del lado argentino, en cambio, se ratificó la postura de que Montevideo “insiste en violar” ese tratado, primero por haber autorizado las plantas de manera unilateral y luego por su reticencia a brindar información sobre el proyecto. “LO ANTES POSIBLE” El tribunal debe resolver una medida cautelar pedida por la Argentina para frenar la construcción de las pasteras hasta tanto la Corte resuelva la cuestión de fondo: la demanda presentada por el país basada en la supuesta violación del Estatuto del Río Uruguay, un fallo que podría demorar alrededor de cinco años. Aunque no dio precisiones sobre la fecha en la que se conocerá el veredicto, la presidenta del tribunal, la británica Rosalyn Higgins, aseguró que la Corte. que entra en receso el 28 de julio próximo, intentará pronunciarse “lo antes posible” sobre el pedido argentino. LA DEFENSA DE MONTEVIDEO “La Argentina ha intentado convencer al tribunal de que era necesario su consentimiento previo para que Uruguay realizara una obra en su territorio, que podría tener un efecto en la calidad del agua del río”, argumentó el jurista italiano Luigi Condorelli, uno de los integrantes de la delegación oriental. El experto cuestionó que la Argentina haya basado su pedido para detener las obras en el argumento de que la construcción de las pasteras requería el consentimiento previo de ambos países. En esa misma línea, el jurista estadounidense, Paul Reichler, indicó: “Uruguay no tenía ninguna obligación de tener el consentimiento previo de sus vecinos para construir estas plantas. El Estatuto del Río Uruguay no impone tal obligación y el derecho internacional tampoco”. El jurista también cuestionó la validez del pedido de paralizar la construcción. “Ningún punto estipula tampoco que la construcción de una obra deba paralizarse hasta la solución del diferendo entre las partes o la resolución por parte de la Corte Internacional de Justicia”, argumentó. RÉPLICA ARGENTINA En su exposición, los expertos argentinos encabezados por la asesora legal de la Cancillería, Susana Ruíz Ceruti, rebatieron parte de los argumentos planteados ayer por la delegación oriental basados en que las fábricas no implican amenaza de daño irreversible en el medio ambiente. En las dos horas que duró la exposición, la delegación nacional ratificó que Uruguay persiste en violar el Estatuto del Río Uruguay y que la Argentina no es responsable de ese error, cometido originariamente por Montevideo al no haber consultado la construcción de las pasteras, tal como lo dispone el tratado para proyectos que afecten a un recurso compartido como es el río Uruguay, a orillas del cual se levantan las plantas. En este contexto remarcaron que la principal dificultad, por la que se originó el conflicto, es la reticencia de Uruguay a entregar información completa y exhaustiva del proyecto. “Por qué no nos dan información, no lo sabemos”, se preguntó Ruiz Cerutti ante los 15 jueces del tribunal. “NO SON MATERIA DEL TRIBUNAL” Por otra parte, evitaron replicar a las referencias que Uruguay había hecho ayer sobre los cortes de ruta de los ambientalistas entrerrianos, los derechos humanos y la corrupción. “No son materia de este tribunal”, argumentó Ruiz Cerutti. VISIÓN DEFORMADA Además, acusaron al país vecino de “mentir” y ocultar información para evitar la suspensión de las obras. “Uruguay presentó ayer ante este tribunal una visión bastante deformada de los hechos. Este país ha optado desde el principio por la política de los hechos consumados”, declaró ante el tribunal el jurista argentino radicado en Suiza, Marcelo Kohen. Según el experto, “en ningún momento la Argentina consintió la construcción de las dos fábricas” y Uruguay “nunca” suministró la información exigida por el Estatuto del Río Uruguay. VEREDICTO Las sentencias de la Corte son definitivas y no se pueden apelar pero el tribunal no dispone de los medios para obligar a las partes a aplicarlas. Desde su creación en 1946, ha dictado 92 veredictos y tan sólo cinco no se han aplicado. Fuente: La Nacion