El 50 por ciento de las matrículas son irregulares. Un 40 por ciento de los especialistas no hicieron la residencia. El 70 por ciento del staff de las clínicas privadas no tiene certificación.

Estos son sólo algunas de las consecuencias que generan la ausencia de registros unificados entre todas las provincias y los pocos obstáculos que ponen las clínicas para constatar la formación de su personal. Las áreas más críticas son cardiología, cirugía plástica y anestesiología. Todas las organizaciones del sector reconocen la anarquía. También lo hizo el Ministerio de Salud en una resolución de reciente publicación. ¿EN BUENAS MANOS? El panorama que trazan las organizaciones profesionales encargadas de otorgar las matrículas y monitorear los registros es preocupante: cerca de la mitad de los especialistas no realizó la residencia. Desde los médicos brujos y el naturalismo de Hipócrates hasta la hiper-especialización de la ciencia médica actual han pasado unos 2.500 años. En la Argentina, sin embargo, el paso del tiempo no ha logrado establecer reglas claras para las prácticas de curación, los lugares en dónde se llevan a cabo y fundamentalmente, sobre quiénes las realizan. Médicos sin matrícula, médicos con sentencias penales pero que aún no fueron inhabilitados, profesionales con escasa capacitación y clínicos que ejercen de especialistas son situaciones tan habituales como la gripe en invierno. Para los mismos médicos el estado es de “anarquía”, mientras “las autoridades miran para el otro lado”. La reciente muerte en Haedo de la joven Eliana Romero a manos del supuesto anestesista Luis Romero Hiriart es la punta del iceberg de un sistema de salud que evidencia una grave enfermedad. Colegios de médicos, autoridades de hospitales, academias de medicina y asociaciones de clínicas reconocieron la carencia de un sistema de control eficiente sobre quiénes tienen a cargo la salud de las personas. El mal diagnóstico comienza en la formación de los profesionales, cuando los alumnos aprenden a ser médicos en instituciones muchas veces no avaladas por el Estado y tienen serias dificultades para realizar las residencias, primer paso hacia una especialización. Con sus títulos bajo el brazo se matriculan en el colegio médico de la provincia en donde se disponen a ejercer, si es que existe alguno. Allí empieza el problema: la falta de control. ABUNDAN HISTORIAS QUE LO DEMUESTRAN LA DE ROMERO HIRIART ES UNA DE ELLAS. El médico ejercía en Santa Fe una especialización sin autorización hasta que la muerte de uno de sus pacientes lo obligó a radicarse en Santiago del Estero. Después abandonó Santiago por una denuncia de mala praxis y se radicó en el Conurbano. Allí era anestesista sin tener habilitación, hasta la muerte de Romero, en junio pasado. Pero el problema es mayor porque no se trata de un hecho aislado. La Academia Nacional de Medicina (ANM) reveló que sólo 2.300 de los 4.000 médicos que se reciben por año en el país logran hacer la residencia. El resto se queda sin esa posibilidad. “Generalmente consiguen empleo como médicos de ambulancia, internos en clínicas o como empleados en instituciones secundarias del Conurbano. Son mano de obra barata, pero sin experiencia clínica. Sólo cuentan con la teoría y se manejan como pueden. Se hacen solos. Esa es la situación real, y es un peligro”, advierte Oscar Aguilar, director del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos. Víctor Vassaro, titular de la Sociedad de Cirugía Plástica y especialista en certificación, hace un diagnóstico apenas más optimista, aunque con una salvedad: según él, de los 4.000 graduados sólo 30% hace la residencia, mientras 40% hace presenciales. El resto no hace nada. “Hay un porcentaje que queda a la deriva, que luego se especializa en lo más fácil, y no hay control de eso”. La residencia no es obligatoria para ejercer de médico, pero sí para obtener el título oficial de especialista. Vassaro ejemplificó con su profesión: ejercen la cirugía plástica al menos 1.500 personas, “aunque sólo 1.000 tienen la especialización oficialmente reconocida”. El dato refleja el descontrol en el ejercicio de las especialidades médicas, pero también la desconfianza que existe entre los profesionales por los títulos oficiales. Al menos 20 de las 67 especialidades reconocidas por el Ministerio de Salud cuenta con sociedades que agrupan y certifican a sus miembros en forma periódica y voluntaria. Es una forma que tiene la comunidad médica para demostrarles a los pacientes que se capacitan, en un contexto en donde el 50% de los médicos no realiza cursos de postgrado ni participan de congresos. Si bien no tienen capacidad punitiva ante casos graves, las certificaciones son garantía de idoneidad y ética, considera Hugo Arce, titular del Instituto para la Acreditación de Establecimientos de Salud. Para el medico sanitarista, surgen porque “no existe suficiente ordenamiento por parte del Ministerio de Salud respecto de tareas de fiscalización en el ejercicio de su poder de policía. Hay una anarquía jurídica muy grande”. LAS CERTIFICACIONES Para los médicos, la certificación por medio de las sociedades profesionales está dando resultado, y recuerdan el caso de José María Roldán Bonadeo, cuando en el año 2000 se descubrió que no estaba recibido pese a haber trabajado treinta años en el Instituto del Diagnóstico. Roldán Bonadeo se desempeñaba como jefe de Hemoterapia del prestigioso centro de salud porteño y tenía una larga carrera en otros centros de salud. Había logrado eludir las inspecciones y destacarse entre sus pares de la Sociedad Argentina de Hemoterapia, donde llegó a ejercer la presidencia. La matrícula que utilizaba correspondía a un médico de La Plata. Entre las sociedades de médicos, “caos” y “descontrol” son las palabras más utilizadas para describir la situación actual de la matriculación. Por el carácter federal del país se otorgó a los colegios médicos provinciales la potestad para entregar o quitar matrículas, aunque sólo once distritos cuentan con instituciones con poder de policía. En el resto, son las carteras sanitarias las encargadas de habilitar y controlar a los graduados. “El problema es la ausencia de control del Estado en el sector público y en el privado. Casos como el de Haedo son más frecuentes de lo que imaginamos. A veces a algunos dueños de clínicas les alcanza con poner a alguien con un guardapolvo a cargo de un servicio, nadie sabe si es especialista o no”, advierte la presidenta del Colegio Argentina de Terapia Intensiva, Viviana Wolanow. La falta de un registro único de clínicos y especialistas no sólo imposibilita saber quién tiene qué especialización: “Ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuántos médicos ejercen”, afirma Arce. Otros de los vicios del sistema de matriculación es la necesidad de tener la licencia en cada provincia en la que el médico desee trabajar. “Hay demasiada confianza entre registros. Cuando llega un médico de otra provincia se le otorga el registro local sin tantos requisitos”, reconocieron a este diario desde la Confederación General de Profesionales, que dirige Raúl Magariños. En uno de los casos más resonantes y graves de los últimos tiempos, fue la “confianza” entre el colegio de La Plata y su par de Avellaneda, la que permitió que un hombre realizara unas 500 cirugías cardiovasculares antes de ser descubierto su falso título. Francisco Rolando Biasco fue investigado a raíz de una denuncia anónima, y había actuado en una decena de hospitales públicos de la provincia. “Nos sorprendió porque se trataba de alguien con una trayectoria muy destacada, pero no podíamos obviar lo que correspondía hacer: llamar a la UBA”, explicó el colegio de La Plata días después de la denuncia. TAMBIÉN EN LOS PRIVADOS La migración que se registró en los últimos quince años desde los sistemas de salud sindical y pública hacia el sector privado no se dio precisamente por un tema de matriculación: el descontrol y la negligencia estatal son parte del funcionamiento cotidiano de ambos sistemas. Aguilar, del Consejo de Certificación, denunció que “la mayoría de las prepagas no exigen la certificación de sus médicos. Sólo logramos que una lo haga, pero en otros casos nos han dicho que no pueden hacerlo porque sólo 30% está certificado, entonces se preguntan qué hacen con el 70% que no lo está”. Las inspecciones oficiales en las 2.000 clínicas privadas chicas que se estiman existen en la Argentina son infrecuentes. Sin embargo, las entidades que las agrupan afirman hacer lo que el Estado no. Laura Rodríguez, titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) asegura que “en todos los casos se exige el titulo original, una copia certificada, el título de especialista y el seguro de mala praxis”. Las pautas son obligatorias para las 240 instituciones que representan Adecra, aunque otras 500 no son parte de ninguna asociación ni tienen requisitos para cumplir. El sistema público también “es caótico en muchos aspectos”, señala el jefe de servicio de emergencia de un hospital estatal del Conurbano, quien solicitó reserva de su nombre. “Así como no hay infraestructura, faltan recursos edilicios y materiales, también a nivel humano es un gran descontrol”, sostiene. Su descripción es similar a la de un colega porteño: la sobrecarga de trabajo, los bajos sueldos y la carencia de personal hacen que los controles sean escasos. “Es probable que tenga más celo en analizar al médico la compañía de seguros que el director de una clínica”, graficó una de las fuentes. Ante todas estas problemáticas irresueltas, el Ministerio de Salud emitió en mayo pasado la resolución 404, en la que reconoció algunos de estos inconvenientes: “La necesidad de imponer un nuevo modelo de credencial”, y la importancia de reformar los “registros defectuosos” que otorgan las provincias y las entidades profesionales. Pero por ahora parece una medida limitada para afrontar la situación de descontrol en la que se encuentran los 500 mil médicos y técnicos que hay en el país. UNA TRAYECTORIA FEDERAL Y FATAL El caso debería haber sido el fin de la carrera médica del falso anestesista Luis Romero Hiriart. Sin embargo, sólo fue el antecedente de otra muerte: la de la joven Eliana Romero, de 18 años en junio pasado, en una operación de apéndice en una clínica de Haedo. Rubén Daire tenía 38 años, tres hijos y fuertes dolores de cabeza cuando en 1998 decidió acudir a la “clínica del dolor” del “doctor” Romero Hiriart. El supuesto médico publicitaba sus servicios en los medios locales de la ciudad de Rafaela, Santa Fe, donde aseguraba combatir “todo tipo de dolores” con un novedoso sistema de curación mediante la aplicación de inyecciones. “Ese día había ido solo, Romero Hiriart le aplicó una inyección en la columna y en forma inmediata perdió el conocimiento, entró en estado vegetativo y murió al día siguiente en el hospital”, explicó un miembro de su familia. Fue Marcelo Daire, el hermano de Rubén, quien realizó la denuncia en la Policía y exigió la inhabilitación de Romero Hiriart en el Colegio Médico de Santa Fe. La entidad suspendió la licencia, aunque no en la especialidad de anestesista, que no era ejercida al atender a Daire. La familia de Daire aseguró que las peripecias de la Justicia para condenarlo y quitarle la posibilidad de volver a atender es otro de los capítulos de la “impunidad” con la que se manejó el médico. La instrucción de la causa la llevó adelante el juez Norberto Frenquelli, quien se jubiló tiempo después de la denuncia, y por el magistrado Alejandro Mognaschi, quien lo sobreseyó por falta de pruebas. Un año después del caso Daire, Hiriart fue relacionado con otra muerte, esta vez en Santiago del Estero. Gonzalo Mellberg murió tras una operación de cornetes en la que intervino el falso anestesista. La impunidad judicial fue, para su madre Zara, la que posibilitó el fallecimiento de Eliana Romero. Tras conocerse el caso de Haedo, la familia Mellberg convocó a una marcha en la ciudad santiagueña de Frías, donde aseguró que la causa no podía prescribir ya que Hiriart “había cometido otros delitos” y cuestionó que haya mantenido la matrícula. La Justicia informó que la UFI 4 de Morón continuaba con la instrucción del caso. El médico, se negó a declarar en dos oportunidades. La fiscalía lo transfirió de comisaría “por seguridad”, ante el temor a represalias de los vecinos. CON FIRMA Y SELLO (AJENOS) La historia de Natalia García refleja la desidia y falta de control que existen en pequeñas clínicas privadas bonaerenses, donde los recortes de gastos son habituales y las inspecciones por parte del Estado, infrecuentes. Sucedió en una guardia médica, el 11 de julio de 2006. Una sinusitis y un broncoespasmo llevaron a Natalia a la guardia de la Clínica Privada Florencio Varela SA, una de las tres que existen en la zona. Un joven de guardapolvo verde la revisó, le aplicó una inyección de dexametasona, un conocido fármaco de neumología, le recetó otros medicamentos y le indicó dónde debía pagar por la consulta. “Agarré el recetario para irme, pero de reojo observé debajo de su firma el nombre Raúl Knauer impreso por el sello: era la identidad del padre de mi mejor amiga, que había dejado de trabajar allí hacía seis años”, relató la mujer. “No lo podía creer, llamé a mi amiga por teléfono y me dijo que su papá estaba en España en un congreso”. Lo que siguió fue una serie de denuncias y advertencias que aún dos años después no llega a ningún puerto. El supuesto médico al verse descubierto, desapareció en ese instante, al igual que la cajera de la institución. Pronto apareció una segunda persona damnificada por un supuesto caso de mal diagnóstico por parte de la misma persona, y entonces las críticas llegaron al director del centro de salud. El gremio de trabajadores gráficos recibió la denuncia un día después: “Hablé con el auditor y me dijo que ya tenían denuncias por mala atención en esa misma clínica”. Su director, por insistencia de Natalia y luego de su padre, reconoció tiempo después el “desliz” y dijo que el joven era estudiante de medicina y “un buen muchacho”. En el círculo médico de Florencio Varela le pidieron la denuncia policial para iniciar acciones contra la clínica, aunque no dieron curso al reclamo al no tenerla entre los damnificados. En el distrito, dicen los vecinos, ni el propio intendente Julio César Pereyra confía en los servicios de salud de su ciudad: este mes fue atendido en el sanatorio La Trinidad, de Quilmes. Fuente: Perfil.com. Investigación Pedro Ylarri / Paulina Maldonado