Nacionales
¿Hasta cuándo?
INECIP
Una vez más, la sociedad argentina se ve conmovida por la absoluta incapacidad de la justicia penal para responder a las demandas sociales de tutela judicial a las víctimas de delitos y a la vez respetar los principios y garantías que establecen la Constitución y las leyes.
La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de dejar en libertad a varios represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada –ESMA- durante la última dictadura militar es, por supuesto, una nueva muestra de la impunidad estructural de los delitos que afectan gravemente a nuestra sociedad. Sin embargo, no debe pensarse que esta nueva derrota del imperio de la ley fue producida por esa decisión (la de poner fin a prisiones preventivas inadmisiblemente largas), sino que debe meditarse sobre las causas que llevan a esta situación. No parece contrario a la Constitución que se ponga fin a encierros que han durado más de un lustro sin juicio previo. Lo verdaderamente inadmisible es que los procesos contra los autores de tan atroces crímenes se dilaten durante tantos años, sin que los fiscales y jueces se hagan cargo de su morosidad en llegar al juicio. No hay excusas para tamaña dilación, y la historia judicial argentina demuestra que, cuando hubo decisión, se pudo proceder con celeridad: el juicio a las tres primeras juntas militares demandó poco más de siete meses (entre el 22 de abril y el 9 de diciembre de 1985) y su investigación y trámite preliminar fue de poco más de un año, ya que comenzó en diciembre de 1983 (contando en ese plazo el moroso trámite ante la justicia militar y todo el trabajo de la CONADEP). Si el proceso más complejo de la historia argentina (más de 900 homicidios, torturas y desapariciones cometidos por una organización criminal sumamente numerosa, creada al amparo del Estado, extendida por todo el país, y que todavía conservaba importantes espacios de poder real) pudo completarse en menos de dos años, ¿por qué casi un cuarto de siglo después tenemos, por los mismos hechos, imputados presos durante más de cinco años sin que siquiera se haya puesto fecha al juicio? En las dos décadas que transcurrieron desde entonces, todos los países de América Latina (incluidas varias provincias argentinas) vienen implementando reformas integrales a sus sistemas penales, en procura de que el enjuiciamiento y castigo de los autores de delitos se vuelva eficiente y al mismo tiempo respetuoso de los derechos humanos. Mucho se ha avanzado en este sentido, pero la Justicia Federal y Nacional se resiste a la modernización. Cada vez que se ha intentado reformar el ineficiente e inconstitucional proceso penal regulado por el Código Levene vigente desde 1993, han sido los propios operadores judiciales los principales opositores al cambio. Ni siquiera los contundentes fallos de la Corte Suprema que pusieron en crisis el sistema (“Llerena”, “Quiroga”, “Casal”, por nombrar sólo algunos) han conmovido la posición reaccionaria al cambio de la mayoría de los jueces y fiscales del fuero, y de quienes desde sectores de la Academia y en consenso con ellos, lograron bloquear en el Parlamento todas las iniciativas que alcanzaron estado parlamentario. ¿Hasta cuándo va a seguir sosteniéndose un sistema penal caduco, que sólo sirve para llenar las cárceles de pobres infelices (la mayoría de los cuales también pasan años detenidos sin juicio previo), mientras los peores delincuentes gozan de impunidad en procesos inacabables? Desde INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) alertamos a la ciudadanía sobre esta situación, que promoverá –como antes lo ha hecho- nuevos intentos de utilizar una situación vergonzosa e inadmisible (presos durante mucho más de dos años sin siquiera fecha de juicio) para promover parches (alargamiento de los plazos, multiplicación del número de oficinas judiciales y fiscales ineficientes, reducción de las garantías procesales) cuyo único efecto es el de empeorar las disfunciones del sistema penal. INECIP y otras instituciones del sector justicia están en condiciones de ofrecer todo el respaldo técnico (normativa, organización y gestión de recursos, capacitación) que requiera la adopción de soluciones coyunturales para saldar en breve plazo una deuda histórica de justicia que aún mantiene el Estado para con las víctimas y la comunidad toda. Pero creemos más en las soluciones de fondo: pedimos la urgente discusión parlamentaria de la reforma del sistema penal federal que lleve no sólo a la sanción de un Código Procesal moderno y acorde a la Constitución (como el que hace ya cuatro años propuso INECIP, expte. 2589-D-04 de la H. Cámara de Diputados de la Nación), sino además a la completa reingeniería de los Tribunales y Ministerios Públicos. Una reforma integral permitirá poner la investigación penal y la acusación a cargo de un Ministerio Público Fiscal comprometido con los intereses de la sociedad, así como también dará lugar para definir criterios de oportunidad y lineamientos estratégicos para la investigación de delitos complejos, promover la utilización de medios alternativos para la resolución de los conflictos, otorgar mayores potestades para las víctimas de delitos, abreviar los plazos procesales, establecer un sistema de juicio por jurados para los delitos de mayor gravedad y avanzar en la creación de una policía de investigaciones, entre otras medidas necesarias para garantizar un juzgamiento rápido, oral y público como manda nuestra Constitución. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una acordada del día 29 de diciembre sobre los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad, declaró “Que debe reconocerse un factor de demora permanente, constituido por un proceso penal que mantiene una instrucción judicial lenta, extremadamente formalista y plagada de oportunidades dilatorias, que afecta el juzgamiento de todos los delitos y no sólo de los concernientes a crímenes contra la humanidad, pero cuya considerable inidoneidad se evidencia en mayor medida en cualquier proceso de alta complejidad.” Es tiempo de que los tres poderes del Estado converjan para avanzar desde este reconocimiento hacia un plan efectivo de reforma.
El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.
(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.
De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.
Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.
Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.
En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.
A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.
Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.
La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.
Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.
La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.
Nacionales
Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal
CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON
La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.
(www.perfil.com) Según reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.
La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.
Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.
Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.
Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.
Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.
(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.
También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.
Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.
“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.
“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.
Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre. Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.
“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.
Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.
Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.
Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.
Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.
El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.
Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.
