El gobierno español está a la espera de los resultados de la investigación sobre diez supuestos vuelos de aviones de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA) que transportaban terroristas de Al-Qaeda y que habrían tenido escala en Palma de Mallorca entre enero de 2004 y 2005.

En todo caso, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, advirtió que si se confirmara lo anterior, se estaría ante “hechos muy graves” y “no tolerables”. La última de las escalas habría tenido lugar en enero pasado, y habrían comenzado en los últimos meses del gobierno de José María Aznar. De esto no quiso hablar Federico Trillo, quien fuera responsable de Defensa. El asunto fue tomado ayer con pinzas por gran parte de los ministros que integran el Ejecutivo, que preside el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ya que por la tarde José Bono, titular de Defensa, matizó al declarar que “el gobierno no tiene ninguna prueba de delito” en los vuelos de la CIA en España, aunque sí admitió la existencia de un informe de la Guardia Civil que reportó dichas operaciones aéreas. “No tenemos ninguna prueba, ni siquiera ningún indicio, de que se hayan producido actividades ilícitas o mucho más típicas desde el punto de vista penal. No estoy en disposición de poner en la picota ni al gobierno ni al país que es aliado por meras suposiciones de las que no tenemos ninguna prueba, ningún indicio y ningún fundamento”, afirmó. Bono aseguró no estar dispuesto a “alentar ningún sentimiento antiamericano”. “Defender a los países que son aliados y amigos no solamente lo hago con satisfacción, sino que es una obligación del ministro de Defensa”, añadió. Sin embargo, Bono confirmó que, tras hablar con el director del CNI, no pidió a la CIA que deje usar aeropuertos españoles para el traslado de presos. Se le preguntó si había tratado este tema con el embajador de Estados Unidos en España, Eduardo Aguirre, y comentó que conversó con el representante diplomático “en un contexto más amplio y de otros asuntos”. El ministro de Defensa español señaló, además, que el CNI no tiene informes sobre el uso que realizan los aviones de la CIA de los aeródromos españoles y que, por tanto, “no se puede invocar al Centro Nacional de Inteligencia como elemento probatorio o justificativo de lo que no tiene relevancia por sus pruebas, por sus indicios, de que tenga realidad”. Sin embargo, la información que fue adelantada desde hace ocho meses por el Diario de Mallorca apunta hacia otro punto, pues señala que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había pedido al servicio secreto estadunidense que no utilizara terminales aéreas españolas para trasladar presos ni para hacer vuelos secretos. CONTRADICCIONES DE MINISTROS Horas antes de las declaraciones hechas por Bono, el ministro de Justicia utilizó un tono más enérgico al de su colega de Defensa, al declarar en entrevista televisiva que si se confirma el paso por España de vuelos secretos estadounidenses con terroristas de Al-Qaeda hacia un destino desconocido, se estaría ante “hechos muy graves” y “no tolerables”. Precisó que el gobierno español no tiene “ninguna constancia” del paso por aeropuertos del país de este tipo de aviones. España “tiene que tener un pleno conocimiento de lo que contiene cualquier medio de transporte, pongamos por caso un avión, que pasa por su territorio, entre otras cuestiones para aplicar sus leyes”, explicó el ministro. No obstante, Alonso pidió “prudencia” hasta conocer “las conclusiones” de la investigación judicial iniciada. Un portavoz de la embajada de Estados Unidos en Madrid declaró que no deseaba hacer ningún comentario sobre un asunto “tan delicado”. Las relaciones entre España y Estados Unidos son muy distantes, luego de que Rodríguez Zapatero retirara, apenas un mes y medio después de ser nombrado presidente, las tropas españolas que su antecesor, José María Aznar, había desplegado en Irak. LOS VUELOS DE LA POLÉMICA Fueron diez en total y salieron a la luz tras la investigación abierta por la Guardia Civil, que remitió un informe el pasado junio a la Fiscalía del Tribunal Superior de Baleares, que atendió la denuncia de un grupo de ciudadanos encabezados por el abogado mallorquín Ignasi Ribas. La denuncia, que se basaba en informaciones aparecidas en el Diario de Mallorca, recogía supuestos delitos de detención ilegal, secuestro y torturas durante el uso por la CIA del aeropuerto de Son San Joan como escala en una cadena de traslados de sospechosos de terrorismo islámico. La CIA, según fuentes próximas al gobierno español citadas por la cadena de radio Ser, nunca reconoció oficialmente su vinculación con estos vuelos, aunque el servicio secreto español no tenía dudas al respecto. La Guardia Civil, además de constatar la existencia de los vuelos, el primero de los cuales aterrizó en Palma el 22 de enero de 2004, informó que los cuatro aviones utilizados en ellos están matriculados en Estados Unidos, y que el “propietario explotador” es una empresa llamada Stevens Express Leasing, una de las que el diario The New York Times incluye entre las utilizadas como tapadera por la CIA para el transporte de supuestos terroristas. Los aviones fueron identificados y se descubrió que uno de ellos coincide con el que Estados Unidos utilizó para trasladar a prisioneros por supuesto terrorismo desde Libia hasta Guantánamo, Cuba. Otro vuelo, citado por el diario madrileño El País, coincide con el que aterrizó en Bagdad (Irak) el mismo día de la captura de Sadam Husein. Pese a ello, la Guardia Civil concluyó que no se apreciaban indicios de actividades ilícitas, y que “se desconoce la actividad que desarrollaban sus ocupantes”. La Fiscalía de Baleares archivó poco después la denuncia, pero el juez Antonio García Sansaloni decidió en octubre pasado remitir a la Audiencia Nacional argumentando que carecía de jurisdicción. A principios de noviembre, el diario Washington Post indicó que la CIA habría enviado a más de 100 sospechosos de terrorismo a una red secreta de cárceles, creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, debido al carácter ilegal de esas detenciones en Estados Unidos.