Una delegación de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe expuso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA sobre los peligros que enfrentaron los trabajadores de la comunicación en el año 2006, y la manera en que afectaron los procesos democráticos.

En Washington, Eduardo Márquez, director del Ceso FIP en Colombia, reseñó las circunstancias en que fueron cometidos los numerosos asesinatos en la región y el nivel de impunidad que acompañó a estas muertes. Como así también las amenazas, el acoso judicial y la degradación de las condiciones laborales, que acrecientan las dificultades para el ejercicio de la libertad de prensa en el continente. Al final de la audiencia, en cuya preparación fue asesorado por la Comisión Colombiana de Juristas, Márquez entregó un texto con las siguientes peticiones: 1. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incorpore en sus informes un capítulo especial sobre la situación laboral de los periodistas. 2. Que el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realice una visita a México, Colombia y Venezuela, donde se concentraron la mayor cantidad de agresiones contra periodistas en el continente durante el año 2006, para la elaboración de un informe especial sobre la situación de la libertad de prensa. 3. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inste a los Estados de América Latina a que adopten medidas que garanticen la seguridad social de los periodistas, independientemente del tipo de vínculo contractual. 4. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inste a los Estados de América Latina a que adopten, de inmediato, medidas enérgicas para detener los ataques violentos contra periodistas e instrumentos concretos y eficaces para protegerlos. 5. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inste a los Estados de América Latina a que adopten medidas que eviten la impunidad en los casos de periodistas asesinados, las cuales deben incluir: a. La apertura de unidades especiales de investigación de asesinatos a periodistas, adscritas a la rama judicial. En el caso colombiano, la reapertura de la subunidad al interior de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación. b. La investigación penal seria, imparcial y efectiva de los casos de violencia contra los periodistas y la sanción de los agresores. c. El suministro de información periódica a las organizaciones gremiales de periodistas sobre los avances de las investigaciones penales por amenazas, atentados y agresiones contra periodistas, sin que se incurra en la violación de la reserva sumarial. d. La adopción de mecanismos como las comisiones de la verdad, donde tengan participación los periodistas, para hacer más eficaces las investigaciones. 6. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inste a los Estados de América Latina a que implementen campañas de sensibilización sobre los efectos perjudiciales que tiene en la sociedad cualquier atentado contra la libertad de prensa, en particular sobre el derecho ciudadano a una información veraz, equilibrada y oportuna. 7. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inste a los Estados de América Latina a la creación de comités en los que participen los representantes de las organizaciones gremiales de periodistas, para que junto con los órganos gubernamentales de los distintos niveles, definan de manera equilibrada la distribución de la pauta publicitaria oficial, con el seguimiento de los órganos de fiscalización. 8. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inste a los Estados de América Latina a que adecuen la legislación interna a los parámetros internacionales de responsabilidad civil posterior de los periodistas, mediante la despenalización de los delitos de injuria y/o calumnia y/o desacato, donde no lo hubieren hecho. 9. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inste al Estado colombiano a que adopte las medidas administrativas y disciplinarias tendientes a que el delegado de la Fiscalía General de la Nación asista a las reuniones del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos – CRER del Ministerio del Interior y de Justicia. 10. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inste al Estado colombiano a que dentro del informe final de la Comisión de Reparación y Reconciliación, se incluya un capítulo sobre la responsabilidad de los grupos paramilitares en la comisión de delitos que afectaron la libertad de prensa en Colombia. 11. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inste a la Defensoría del Pueblo de Colombia para que adopte, dentro de su estructura interna, la creación de una Oficina Delegada para la Libertad de Expresión. 12. Que la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, promueva un dialogo entre autoridades judiciales y periodistas para resolver, mediante el diálogo y la comprensión tanto de la ley como de las rutinas periodísticas, las naturales tensiones que se producen entre los dos sectores”.