Cuarenta y ocho horas después del hallazgo del cuerpo de Cecilia Cubas, la hija del ex presidente de Paraguay que fue secuestrada y asesinada, surgen interrogantes sobe la versión oficial. Hay otras dos hipótesis.

(Página/12) El gobierno paraguayo intentaba anoche sostener la historia oficial del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, la hija del ex presidente Raúl Cubas, acusado en su momento de haber recaudado, corrupción mediante, una fortuna sideral de centenares de millones de dólares. El ministro del Interior, Nelson Mora; el jefe de Policía, Carlos Zelaya, y el fiscal general Oscar Latorre insisten en endilgarle el secuestro a la organización de izquierda Patria Libre, que –según la versión oficial– fue entrenada y mantenía contactos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) de Colombia. Buena parte de la oposición descree de esta historia y apunta a una banda, en la que participan miembros de la policía y las estructuras del Estado y que ya en varias oportunidades secuestró a familiares de políticos conocidos por su riqueza malhabida. Es más, la familia del joven correntino Cristian Schaerer insiste desde hace tiempo en que la misma organización que secuestró a Cecilia también perpetró el secuestro de Cristian, pero nunca se mencionó a Patria Libre, sino a un famoso secuestrador, Rodolfo “El Ruso” Lohrman, quien habría actuado como mano de obra. En diciembre pasado, los vecinos de la casa en la que se encontró el cuerpo de Cecilia, además del subcomisario encargado de la policía de la zona y el intendente de esa localidad, Ñemby, alertaron por los movimientos extraños que se percibían allí e incluso filmaron la presencia en el lugar de vehículos muy similares a los utilizados por la policía. El subcomisario fue desplazado cinco días después de haber informado de esos movimientos extraños. La historia oficial se basa en que, supuestamente, la investigación llegó a la vivienda de Ñemby a raíz de una pesquisa antiterrorista vinculada con un video en el que se enseña a perpetrar secuestros, algo por demás extraño en el mundo de la política. Si una organización como las FARC –que cuenta con abundantes recursos económicos– quiere entrenar a alguien para un secuestro, todo indica que lo llevaría a la selva colombiana, no que le enviarían un video del estilo hágalo usted mismo. Sin embargo, el fiscal Latorre asegura que ese fue un indicio clave y que, además, la casa en la que se encontró el cuerpo pertenece a Manuel Cristaldo Mieres, a quien sindica como miembro de Patria Libre (PL). En forma paralela, los investigadores paraguayos hicieron trascender que las negociaciones con el padre de Cecilia se hicieron a través de teléfonos públicos, pero utilizando tarjetas, y que los integrantes de PL cometieron la torpeza elemental de usar la misma tarjeta, y tarjetas con números correlativos, para negociar con el ex presidente Cubas y también para comunicarse entre sí. En un diagrama distribuido el miércoles, se dice que la operación fue coordinada desde un teléfono del dirigente de PL, Osmar Martínez. Ayer, el fiscal Latorre insistió en su teoría y agregó dos elementos que, según él, le dan mayor contundencia a la historia oficial. Por un lado, que está probada la relación de los dirigentes de PL con las FARC y que existen correos electrónicos entre ambas organizaciones, en especial con el representante de las FARC, Rodrigo Granda, capturado con escándalo por la policía colombiana en Venezuela. Ante Página/12, el dato fue evaluado con una carcajada por un dirigente de la izquierda argentina: “A cualquiera de nuestros partidos le pueden demostrar que tiene relaciones con las FARC. En la Argentina nunca se ocultó que los colombianos tenían en forma oficial y pública a un hombre en el país, Javier Calderón, quien era recibido por organizaciones de piqueteros, legisladores y partidos. Lo mismo ocurría con Granda: no era un hombre que se movía en la clandestinidad, sino un representante oficial, que concurría a actos públicos. Están tratando de instalar una pista falsa”. El otro elemento que el fiscal general considera incriminatorio es que el cuerpo de Cecilia se encontró en un túnel de 0,70 centímetros de diámetro y dos metros de extensión. Al final de ese túnel había una especie de bóveda de dos por tres metros, con dos metros de altura. “Es una típica cárcel del pueblo, tradicionalmente usadas por la guerrilla urbana”, sentenció Latorre. Lo que sucede es que en Paraguay hasta el momento no se ha percibido funcionamiento de ninguna organización guerrillera urbana ni hubo atentados ni lucha armada, sólo una serie de secuestros, casi todos de las mismas características: a familiares de ex funcionarios sospechados de tener millones. La acusación contra el PL no es nueva. Hace dos años se le imputó el secuestro de la nuera de Enzo Debernardi, ex ministro de Hacienda paraguayo y al que también se le calcula una fortuna de 800 millones de dólares. En aquel momento fueron detenidos, y se comprobaron torturas, los dos principales dirigentes de PL, Juan Arrom y Anuncio Martí. Lo asombroso es que Patria Libre se presentó a las elecciones de 2003 llevando como candidato a intendente de Asunción precisamente a Arrom, quien ahora vive prófugo en Brasil. Resulta extraño que una organización supuestamente guerrillera utilice a sus figuras públicas al mismo tiempo como secuestradores y candidatos electorales que aparecen en televisión. Además, hay indicios de que en el secuestro de María Edith, la nuera de Debernardi, habrían participado familiares indirectos como entregadores. Transcurridas 48 horas de la aparición del cadáver de Cecilia, las hipótesis son tres: – La oficial, que les atribuye todo al PL y a las FARC. – Algún sector del oficialismo admite que tal vez no se trate de PL, sino de algunos ex militantes enfrentados con la conducción oficial y que se han dedicado al delito común para juntar fondos. – Una banda de secuestradores profesional, en el que revistan delincuentes, policías y agentes de inteligencia y que se especializa en secuestrar familiares de corruptos. En esta última hipótesis encaja la denuncia del subcomisario Merardo Palacios y el intendente Blas Lanzoni, quienes afirman haber visto frente a la casa de Ñemby, camionetas Runger, igualitas a las que utiliza la Policía Nacional.