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La inseguridad jurídica

MARIO TEIJEIRO (*)

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El dictamen de la Corte Suprema sobre la pesificación ha reabierto el debate de la inseguridad jurídica. “La seguridad jurídica es de vital importancia para cualquier intento de reinstalar al país en la senda del progreso y el crecimiento”, dice La Nación en su editorial del 9 de Octubre.


“Estamos en una situación de emergencia en la que los derechos de propiedad no pueden ser respetados en forma absoluta”, replica el gobierno. ¿Quién tiene razón?. ¿Es posible mantener el respeto de los derechos de propiedad en medio de un colapso económico?. ¿Es legítimo defender la estabilidad jurídica de cualquier tipo de legislación?. Las leyes pueden ser (y muchas de ellas son) irrealistas e injustas. Es por eso que antes de plantear los beneficios de la estabilidad jurídica, es necesario que la política económica sea prudente y las leyes respeten los principios de la libre competencia y de la igualdad ante la ley consagrados por nuestra Constitución Nacional. REALISMO ECONÓMICO Y SEGURIDAD JURÍDICA En primer lugar cabe reconocer que no hay sistema jurídico que pueda asegurar los derechos de propiedad al margen de la realidad económica. Así el sistema legal tiene como instrumento una Ley de Quiebras que reconoce la necesidad de un procedimiento dentro del cual puedan minimizarse las pérdidas de los acreedores de una empresa en riesgo o certeza de quiebra. Si la empresa quiebra, perderán sus accionistas y probablemente también los acreedores. Lo que debe procurar una buena legislación es que las pérdidas se repartan equitativamente y que no haya propietarios picaros que ganen mientras los acreedores pierden (esto es, que la quiebra no sea fraudulenta). El default y la devaluación fueron la expresión de una quiebra del país en su conjunto. La quiebra fue inicialmente del sector público, que se vio imposibilitado de sostener el endeudamiento acumulado durante diez años de irresponsabilidad fiscal. El default público arrastró a la quiebra virtual de bancos y la devaluación a la quiebra virtual de empresas endeudadas en dólares. El default y la devaluación no fueron una decisión política unilateral y caprichosa (aunque Rodríguez Saa irresponsablemente transmitió esa imagen), sino fue la consecuencia inevitable de un país que se endeudó masivamente en dólares a tasas altísimas para financiar consumo o inversiones en sectores domésticos que no generaban capacidad de repago en dólares. Como en una quiebra privada, los derechos de propiedad de bonistas acreedores del sector público y del sector privado, han sido dramática e inevitablemente violados. Los depositantes del sistema bancario también se vieron atrapados por la quiebra virtual de los bancos. El patrimonio de estos se pulverizó como consecuencia del default de los bonos del gobierno (que los bancos poseían en su cartera) y por el hecho que la devaluación transformó en (parcialmente) incobrables los préstamos en dólares otorgados a empresas e individuos que tenían ingresos en pesos. El problema era cómo repartir las inevitables pérdidas. El gobierno tiene razón en argumentar que el respeto absoluto por los derechos de propiedad era una meta inalcanzable. Pero la pregunta relevante es si el gobierno fue un justo repartidor de las cargas de la quiebra virtual del sistema bancario. En un artículo titulado “Hay que salvar al ahorrista” publicado el 30 de Diciembre de 2001 sostuve que el valor de los depósitos en dólares debía ser preservado, aún a costa de crear nueva deuda pública. Ahí propuse un esquema de apoyo contingente a los bancos que se avinieran a respetar el valor original de los depósitos y retuvieran el riesgo propio de banqueros de cobrar los préstamos otorgados. El fundamento del respeto al ahorrista era la necesidad de evitar que quedáramos condenados a que los ahorros nacionales fugaran definitivamente al colchón o al exterior. Lejos de adoptarse esa propuesta, se optó por la pesificación de los depósitos. Pero peor aún, se optó por una pesificación “asimétrica”, convirtiendo las deudas a una relación 1 a 1, lo que resultó en una “licuación” hoy equivalente a $30,000 millones de dólares, la mitad de su valor original en dólares. La pesificación asimétrica fue una “estafa de guante blanco” que agrandó la magnitud de la quiebra potencial. El resultado final de esta historia es que los deudores, lejos de compartir las pérdidas de la quiebra sistémica, “licuaron” ferozmente sus deudas. Los únicos perdedores han sido los depositantes pesificados y mucho más, los tenedores de bonos. La deuda emitida para compensar la pesificación asimétrica hizo necesaria una quita aún mayor a los bonistas. Como siempre, el hilo se cortó por lo más delgado. En Argentina las grandes crisis han sido ocasión propicia para producir quiebras sistémicas “fraudulentas” en las que los que tienen mayor capacidad de lobby no solo no pierden sino que ganan a costa de los ahorristas (recordemos la licuación del 82 y el Plan Bonex de 1990). El comportamiento empresario ha planteado nuevamente profundas dudas sobre su carácter moral. Esta vez no escapa a esta crítica una parte substancial de la banca nacional y extranjera, que consintieron la pesificación asimétrica a pesar de su responsabilidad fiduciaria frente a los ahorristas. El cuadro desalentador se completa con la hipocresía de aquellos medios de comunicación que habiendo hecho lobby a favor (y habiéndose beneficiado) de la pesificación asimétrica, ahora se rasgan las vestiduras porque el gobierno y la Corte Suprema no defiende la seguridad jurídica de depositantes y bonistas. ¿A quién pretenden hacerle pagar la licuación de sus deudas?. No hay sistema jurídico que pueda evitar que los derechos de algunos o de todos se violen cuando hay que pagar los costos de la irresponsabilidad fiscal y de la voracidad de los deudores por licuar sus deudas. LEGITIMIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA A nivel más general, quienes reclaman seguridad jurídica argumentan (con razón) que el incumplimiento de la ley y la consecuente imprevisibilidad hacen ilusoria cualquier pretensión de que los inversores piensen en la Argentina. El estado de derecho es planteado así como una condición imprescindible para la atracción de capitales y el progreso económico. Esta postura, que parece obvia, tiene también una condicionalidad importante. Un sistema legal no es bueno por el solo hecho de que sea estable y garantice derechos adquiridos, sino porque lo que está garantizando son derechos adquiridos compatibles con el interés general. Por cierto la compatibilidad con el interés general no es lo que caracteriza a nuestro sistema jurídico. Citemos algunos ejemplos: ¿es bueno para el interés general que se respete la Constitución haciendo esfuerzos para cumplir con un artículo de cumplimiento imposible como el que garantiza los derechos sociales (Articulo 14 bis)?. Por supuesto que no, pues para hacerlo se requeriría una fenomenal intervención del Estado que alejaría mucho mas a los inversores potenciales. ¿Es bueno que en aras del cumplimiento estricto de nuestra Carta Magna, según el texto reformado en 1994, se consolide la Coparticipación Federal de Impuestos?. Por supuesto que no lo es, ya se ha debatido lo suficiente sobre los comportamientos perversos que esa institución provoca sobre la clase política. Pero el caso económicamente más relevante continúa siendo la violación de los contratos con las empresas privatizadas. Si bien es cierto no es posible hacer generalizaciones pues se trata de casos muy diversos, el hecho es que varias de esas privatizaciones tuvieron la ilegitimidad de consagrar monopolios privados y garantizar precios en dólares. Al consagrar monopolios, estuvieron viciadas de ilegitimidad. Al consagrar cláusulas de ajuste atadas a un sistema cambiario insostenible, el cumplimiento de los contratos fue imposible o perverso cuando el esquema monetario colapsó. ¿Significa esto darle la razón a la actual política del gobierno?. De ninguna manera. El gobierno ha reemplazado contratos ilegítimos e incumplibles con la discreción total, arrogándose la facultad de fijar precios “políticos” y decidir inversiones. La alternativa a la invalidación de contratos ilegítimos no es el vacío legal y la discreción estatal, sino la renegociación de un nuevo régimen legal, esta vez caracterizado por la introducción de competencia y cuando ésta no fuera posible, por una regulación de precios compatible con el interés general. La discreción del Estado en materia de precios y de inversiones destruye los incentivos a la inversión de largo plazo y sólo sirve para fomentar la corrupción. La seguridad jurídica no hay duda que debe reestablecerse, pero esta vez sobre la base de un régimen contractual competitivo. PRINCIPIOS Y SEGURIDAD JURÍDICA El valor de la seguridad jurídica está condicionado por el realismo económico y por la legitimidad de los derechos que la legislación protege. Si el respeto por la ley no está acompañado por políticas fiscales prudentes, la protección de la propiedad de depositantes y bonistas puede ser de cumplimiento imposible. Por otro lado la seguridad jurídica es útil cuando es funcional a los principios de igualdad ante la ley y protección del interés general. Nuestra falta de respeto por la ley tiene su origen en leyes discrecionales y abusivas, que han llevado a la percepción generalizada de que la ley es un instrumento para garantizar prebendas y para que la cumplan los zonzos. En nuestro país las leyes han estado por décadas al servicio de la discreción, beneficiando hoy a determinados grupos y mañana a otros. Este gobierno no escapa a esa regla. Su accionar tiene como objetivo beneficiar a los perdedores de la Convertibilidad y a castigar a sus beneficiarios. Los distintos tipos de legislación hechas a medida de los sectores “elegidos” y “reprobados”, así lo atestiguan. Es por eso que antes de hablar de seguridad jurídica, tenemos que saldar una discusión previa: ¿sobre qué principios debe gobernarse nuestro país?. ¿Debemos respetar los principios libertarios de la libre competencia y de igualdad ante la ley consagrados por nuestros padres fundacionales en la Constitución de 1853?. O por el contrario, ¿seguiremos insistiendo con politicas corporativas corruptas que hoy benefician a determinados grupos y mañana a otros, siempre postergando el interés general?. (*) Recibido por Corrientes al Día de Mario Teijeiro, Presidente del Centro de Estudios Públicos

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Opinión

Cuando el mérito no importa

OPINIÓN (*)

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Dijo en San Juan el presidente Fernández: “lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años, porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres”.


Esto es tan falso, tan terriblemente insultante para la inteligencia, que es difícil decidir por dónde empezar a analizarlo.  Sólo diré que Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Windows), Jeff Bezos (Amazon) y Marcos Galperin (Mercado Libre), son algunas de las fortunas más grandes del mundo y de Argentina, y NINGUNO fue hijo de rico.  Este pelotudismo socrático y retrógrado ha sido totalmente superado en los países desarrollados… ¡Y PRECISAMENTE PORQUE LO SUPERARON SON DESARROLLADOS!

 

Luego invocó a Alberdi y Sarmiento, reinterpretándolos con un pensamiento tan retorcido que los vuelve irreconocibles.  Dijo admirarlos porque “vislumbraron la importancia de la educación pública, que nada es más importante que el conocimiento humano” y del sanjuanino aseguró que “en un gesto inigualable de igualdad, resolvió que todos los que estudian en la escuela pública calcen un guardapolvo blanco para que las diferencias sociales allí donde se aprende no aparezcan.  Con todo eso nos dijo que el estado debe estar muy presente en el desarrollo humano y que finalmente lo que más vale es la igualdad, es propender a un sistema más igualitario”.

 

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Pobres Alberdi y Sarmiento.  Si pensamos cuales referentes históricos argentinos estuvieron absolutamente en contra de la intromisión del estado (que debía ser pequeño) en el quehacer cotidiano de los ciudadanos, fueron sin dudas estas dos inmensas figuras de nuestra patria.  Hacer semejantes distorsiones de su pensamiento es una ofensa a sus memorias y, como se hacía en la escuela, debería lavarse la boca con jabón para limpiar sus palabras.

 

Alberdi decía que “la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual” y que “la grandeza del vecino, forma parte elemental e inviolable de la nuestra”, LO OPUESTO al igualitarismo y el desconocimiento del mérito.

 

¿Y qué pensaba Sarmiento?, al que dijo admirar.  El sanjuanino dijo: “las cumbres se alcanzan doblando el empeño” y “toda la historia de los progresos humanos es la simple imitación del genio”; Don Domingo era un ferviente defensor del mérito, concepto que el señor presidente denigra.

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Es increíble que en la actualidad, con lo fácil que es conocer la realidad de otros países, todavía existan personas “educadas” (en realidad son apenas instruidas, la educación implica pensamiento crítico algo que les es ajeno) que sean tan ciegas como para dejarse engañar así.

 

El presidente habla de defender el federalismo y a las provincias del “pulpo” del puerto, cuándo el mayor héroe de esta gente fue Rosas, quien prohibió los puertos del Paraná para que todo el comercio exterior pasara por Buenos Aires, empobreciendo a las otras provincias.  Obsesión rosista por el monopolio del puerto porteño que condujo a la muerte a valerosos patriotas en la Vuelta de Obligado, sacrificio disfrazado con la mentira de la “defensa de soberanía”.

 

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Valga la apostilla: ese fue el mismo Rosas que le quitó los sueldos a los docentes de las escuelas y universidades estatales, hundiendo en la ignorancia a los pobres y yendo en contra de la tan mentada “igualdad de oportunidades” con la que se llenan la boca.

 

¿Habla del federalismo y de trato igualitario para todas las provincias?, cuando el peronismo fue el mayor promotor del crecimiento del conurbano bonaerense y que le otorgó tantos subsidios a la luz, el gas y a los combustibles, que hacía que en Buenos Aires se pagara hasta 5 veces más barato los servicios públicos que en el resto del país.  ¿En serio?  ¿Se puede ser tan caradura?  Y lo peor, ¿se puede ser tan idiota como para creerles?

 

También dijo Fernández: “lo que uno más debería desear como argentino, es que cada argentino tenga la oportunidad de nacer…”, ¿oportunidad de nacer?, ¿de qué oportunidad de nacer habla quien defiende el aborto?, ¿se puede ser más cínico y contradictorio?  “…Y de morirse feliz después de haber vivido bien, en la provincia donde ha nacido”, ¿morirse feliz?, ¿Cómo Solange que murió sin ver a su padre?, ¿o Facundo Astudillo?, ¿o Franco Martínez?, ¿o Franco Isorni?, ¿o Luis Espinoza?, todos desaparecidos y muertos en democracia en este 2020.

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Entiendo (no comparto) que los que “están prendidos” defiendan “el modelo”… ¿pero el resto?, ¿el laburante que deja más de la mitad de su sueldo en impuestos para mantener punteros y para que le den por sus impuestos la porquería de salud, educación, seguridad y justicia que tenemos?, ¿el profesional que como universitario debería ser capaz de ver más allá de las mentiras de los demagogos?  Cómo decía Sarmiento y se aplica a los “educados” que egresan de la universidad: “era el que más sabia… Pero el que menos entendía”.

 

Lo cierto es que a decir del gran sanjuanino: “la ignorancia es atrevida”, pero aún es más atrevida la avaricia, la soberbia y el despotismo de quienes conducen hoy el destino de nuestra patria y que lejos están de seguir el siguiente principio rector del cuyano: “fui criado en un santo horror por la mentira, al punto que el propósito de ser siempre veraz ha entrado a formar el fondo de mi carácter y de ello dan testimonio todos los actos de mi vida”.

 

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Quienes creemos en la Libertad, en la igualdad ante la Ley y no por la Ley, y en el Respeto por la vida y la propiedad del prójimo, no solo tenemos el deber ético y moral, sino también la impostergable necesidad de oponernos y manifestarnos en contra de los atropellos que se están cometiendo contra los argentinos y contra la República.   

 

El momento es YA… antes de que terminen de hundirnos y de someternos, antes de que no quede nada por salvar.

(*)  Rogelio López Guillemain

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Opinión

Reconvertir proyectos e innovar

POR MARIA EUGENIA MANCINI

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La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto profundo en nuestras sociedades. Además de la crisis sanitaria, ha afectado la educación, la vida social y los medios de subsistencia. A una economía difícil, esto lo ha profundizado aún más.


Para nuestros jóvenes muchos de estos impactos será a largo plazo y multidimensionales: Por ejemplo, 191 países han implementado el cierre de escuelas a nivel nacional o local, y 1,5 mil millones de personas no pueden asistir a la escuela ya que no disponen de tecnología básica para acceder a las plataformas educativas.

 

Sin embargo, hay muchos jóvenes liderando esta crisis y no se han quedado de brazos cruzados. Hay una Juventud que está apoyando el diseño y la ejecución de programas sociales pensando en caminos creativos y de respuesta.

 

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También debemos destacar la variedad de emprendimientos que han surgido adaptando propuestas comerciales a estos nuevos tiempos donde se pudo ver la creatividad y el desarrollo de productores locales.

Es fundamental continuar apoyando estos proyectos para que tengan continuidad formulando estrategias competitivas, incentivando y se conviertan en micro empresas sustentables económicamente.

 

Sumar programas de recuperación en base a economías locales y ver como su fuerza creativa comienza a enriquecer a instituciones, proyectos sustentables  y caminos nuevos para salir adelante.

 

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Pienso que un camino de desarrollo  es no solo fortalecer las economías regionales sino volver a los oficios, capacitarnos y tener herramientas prácticas para generar recursos propios.

 

Estamos atravesando un momento de reinvención muy grande y donde más que nunca necesitamos estar unidos, sacar nuestras fortalezas y trabajar juntos como sociedad pensando en lo que queremos construir, diseñando la sociedad futura, poniendo  foco en nuestros recursos y liderar.

 

Es fundamental generar herramientas para crear una sociedad más igualitaria y solidaria y no solo como respuesta a la pandemia sino también pensando a largo plazo y abordando todos  el compromiso de crear un cambio duradero.

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Opinión

La “borocotización” de Alberto

(*) OPINIÓN

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Recuerda una crónica del diario perfil: “Eduardo Lorenzo Borocotó el 23 octubre de 2005 obtuvo una banca. Pero antes de asumir algo cambió. El 9 de noviembre visitó la Casa Rosada, acompañado por su hijo. ¿Con quién tenía cita? Con el actual presidente Alberto Fernández, quien era jefe de gabinete de Néstor Kirchner.  Borocotó se reunió con los dos. A Kirchner no lo conocía. A Fernández, sí.


El mismo día del encuentro en la Rosada, Borocotó anunció su partida del bloque macrista: armó un mono-bloque independiente, afín al kirchnerismo. Alberto Fernández explicó la jugada: "Tenemos que ser amplios. Hay muchos votantes y dirigentes de ARI que están descontentos con Carrió, por ejemplo. Y nosotros estamos abiertos a recibirlos, así como a los radicales, peronistas y a todos los que crean en el proyecto del Presidente".

 

En nuestras democracias actuales, se debería empezar a pensar en que los ciudadanos, en vez de elegir a personas que encarnen proyectos, ideologías, o letras muertas de lo establecido en partidos políticos, votemos directamente, proyectos, propuestas, modelos o formas de hacer las cosas y que la ejecución de las mismas, pase a ser un tema totalmente secundario, esto sí podría denominarse algo que genere una revalidación de lo democrático, pero no estamos en condiciones de hacerlo actualmente, primordialmente porqué el gobierno de ese pueblo, está en manos de uno sólo, a lo sumo, en cogobierno por un legislativo (con flagrantes problemas en relación a la representatividad, que sería todo un capítulo aparte el analizarlo) y supeditado a un judicial, que siempre falla, de fallar en todas sus acepciones, liberar la opción de ese pueblo, para que elija su gobierno, mediante las ideas que se le propongan, sin que sea esto eclipsado por la figura de un líder o lo que fuere, en tanto y en cuanto siga siendo uno, recién podrá ser posible, cuando su vínculo con la vida y la muerte, no tenga que ser anatematizado mediante la creencia o no creencia, que como vimos son las dos caras de una misma moneda, en un ser único y todo poderoso, creador de este mundo y de todos los otros, los posibles como los imposibles.

 

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La violencia del estado que en la actualidad se traduce en su sobre-presencia en ciertos sectores a costa de la ausencia del mismo en vastas áreas y bolsones, la sobreactuación de un supuesto sentir o hacer democrático, en donde sólo se ejerce una dudosa aclamatoria de mayorías (sistemas de preselección de candidatos cerrada, como internas que no se llevan a cabo, que transfieren el sentido de elegir por el de optar, entre quiénes ellos, de acuerdo  a sus reglas disponen que tengamos que optar, es decir elegir condicionados) debería estar tipificado en la normativa, como uno de los delitos más flagrantes contra las instituciones y el pleno ejercicio de la libertad, de tal manera, la ciudadanía no tendría excusas como para no levantarse en puebladas, en manifestaciones que dan cuenta de la total y absoluta anomia, en que la incapacidad de cierto sector de la clase política nos puede volver a conducir en cualquier otro momento u oportunidad. Propuestas es lo que sobra, se precisa de predisposición de estos para hacerles sentir a la ciudadanía que algo determinan, con el pago de sus impuestos y con sus votos. En tiempos electorales, una práctica que debería ser desterrada y que es una muestra expresa del democraticidio, es la compra de votos, sea mediante una dádiva, prebenda, por intermedio de corte de chapas, dinero, mercadería, merca o lo que fuere, como de las mentiras flagrantes e inconsistentes las que ofrecen por doquier. Como también lo es la no sanción de los hechos de corrupción, o la dilación en demasía para resolver los mismos, perpetrados por hombres que hayan pertenecido al funcionariado público.

 

Si somos presa de políticos corruptos seguiremos encarcelados en el imperativo de una sociedad penalizada y penalizante para sancionar delitos y no para reconvertir conductas que no nos lleven a ellas.

 

Hasta aquí sí se quiere, nada nuevo bajo el sol, o desconocido para todos aquellos a quiénes, Alfonsín nos prometió que con “la democracia se educa, se come, se cura, no necesitamos nada más, que nos dejen de mandonear…” la nueva modalidad, de estas suertes de “democraticidios” que nos afectan, es que el poder unipersonal del ejecutivo nacional, pasó a un sistema, tal como lo definió un constitucionalista “vicepresidencialista” y por tanto, Alberto, el creador del “borocotismo”, tal como Víctor Frankenstein, pasó a ser víctima de su propia creación, de su mutación práctica de lo representativo.

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En la aceleración, profundización o intensificación del cristinismo, camporismo o kirchnerismo recargado, en el que recayó Alberto, no quedaría otro espacio en la historia para él, que un título de un libro escrito por Miguel Bonasso, acerca de Héctor Cámpora; “El presidente que no fue”.

 

La mayoría que se construyó a tales efectos, con una propagación mayor que la de un virus desconocido y contagioso, se reconstituye con proverbial dinámica y en las próximas elecciones demostrará cuán cerca o lejos puede estar de un poder político, en la actualidad, “borocotizado”.

 

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(*) Por Francisco Tomás González Cabañas.

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