El presidente de Venezuela ha sido víctima de las campañas mediáticas desde su primera victoria electoral, en diciembre de 1998, y hasta la última, en el referendo de agosto pasado. Peor aún, en esos medios se ha hecho apología del magnicidio y del terrorismo contra funcionarios, lo que derivó en el asesinato del fiscal Danilo Anderson. Esa fue la gota que colmó la paciencia chavista pues dio lugar a la presentación de un proyecto de ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. La derecha y la SIP claman contra Chávez y por la “libertad de prensa”.

OFENSIVA POLÍTICA En la noche del 18 de noviembre un comando terrorista asesinó al fiscal Anderson colocando explosivo plástico C4 debajo de su auto y haciéndolo estallar. En las semanas previas la oposición más cavernícola había reiterado en entrevistas concedidas a radios de Miami –de generoso rebote en medios de Caracas- su opinión favorable a matar funcionarios y si fuera posible al mismísimo jefe de Estado. Un actor, Orlando Urdaneta, en uno de esos reportajes, llegó a decir que “el problema Chávez se resuelve con un fusil con mira telescópica”. No fue una voz aislada. Antes del referendo del 15 de agosto había sido el ex mandatario Carlos Andrés Pérez quien manifestara que al ocupante del Palacio de Miraflores había que matarlo “como a un perro”. El asesinato de Anderson dejó en claro que no se trataba de palabrerío sino una reacción brutal ante las dos últimas victorias del oficialismo. Este ganó con amplitud el referendo de mitad de mandato y también, el 31 de octubre, las elecciones de gobernadores en todos los estados menos en dos. La mayoría de la prensa venezolana, en manos privadas, siguió cooptada por la oposición más beligerante e irracional. Por ejemplo, varias semanas después de la victoria chavista en el referendo, seguía afirmando que había habido “fraude”. No le importó que el Consejo Nacional Electoral hubiera dado resultados oficiales y destacado la limpieza del comicio, ni que el Centro Carter y otros observadores internacionales hubieran coincidido con ese dictamen. Funcional a la opositora Coordinadora Democrática, esos medios repetían la acusación de fraude, que duró unos pocos días y se esfumó. El acople medios-oposición no tenía nada de casual. Sobre cinco canales de televisión, sólo Venezolana de Televisión es estatal. El resto es privado y directamente desestabilizador en casos como Venevisión (del emporio Univisión-DirecTV, de Gustavo Cisneros) y Globovisión. Estas cadenas y sus similares de radio y medios gráficos sirvieron al golpe de Estado de abril de 2002 y fogonearon las campañas antidemocráticas. ¿Qué tenía de extraño que el gobierno retomara la ofensiva política con un plan antiterrorista y un proyecto de ley para poner ciertos límites a los popes mediáticos? LA NUEVA LEY Chávez elevó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. El plenario la aprobó en general con el voto favorable del Bloque para el Cambio y la derivó a la Comisión de Medios, Ciencia y Tecnología que redactó las modificaciones y la devolvió al plenario de la Asamblea. Allí fue aprobada definitivamente en sus 35 artículos, pese al voto adverso de los opositores, algunos de los cuales se pusieron mordazas a la hora de votar. El 7 de diciembre el jefe de Estado anunció que había promulgado esa norma, que se publicaría en el Boletín Oficial y regiría a partir del día siguiente. ¿Cuánto tiene de “mordaza”?. Entre otras cosas, la ley establece los contenidos de publicidad que, por motivos de salud pública, orden público y respeto a la persona humana, no se permite su difusión en ningún horario de las emisoras radiales y de TV. No se puede hacer publicidad de cigarrillos y derivados del tabaco; bebidas alcohólicas y demás especies previstas en la legislación; sustancias, estupefacientes o psicotrópicas prohibidas; servicios profesionales prestados por personas que no posean los requisitos legales. Con un sentido cultural y bolivariano, la norma establece que en la franja horaria comprendida entre las 7:00 y las 19:00, la radio y la televisión tienen que contemplar un mínimo de tres horas diarias de programas culturales y educativos, informativos o de opinión y recreativos dirigidos especialmente a niños y adolescentes. Eso no debe haber gustado nada a Cisneros y demás pulpos mediáticos. Tampoco que se prescriba que, entre las 5:00 a las 23:00 horas, quienes ocupen espacios musicales, tendrán que incluir al menos el 50 por ciento de obras venezolanas, cantidad que se extiende al 70 por ciento en las emisoras ubicadas en zonas fronterizas. Aunque la estimación política del gobierno ha sido respetar la propiedad de los medios y no confiscar ninguno, ha avanzado en reclamarles ciertos espacios. Por ejemplo, se estableció que los prestadores de servicios de difusión “deberán poner a disposición del Estado y en forma gratuita, de un canal para la transmisión de un servicio de producción nacional audiovisual destinado en un ciento por ciento a la producción nacional independiente y producción comunitaria, con predominio de programas culturales, informativos y de opinión”. La política venezolana le lleva kilómetros de ventaja a la de Néstor Kirchner. Aquí aún rige una ley de radio y difusión de matriz videlista, a la que sólo se modificó recientemente un artículo. Y la llamada ley de acceso a la información pública terminó en una versión tan limitada que el CELS y varias ONG la rechazaron en una solicitada titulada: “Información Pública: un derecho al que sólo pocos tendrán acceso”. LA SIP La oposición política de derecha realizó el 4 de diciembre en Caracas una marcha contra lo que llaman “ley mordaza”. Fue la primera manifestación de este sector tras los dos traspiés sufridos en las urnas en agosto y octubre. Y por eso mismo fue bastante “escuálida”, como le llaman los bolivarianos a los opositores acérrimos. Para la radio y televisión privada esa ley va a establecer una suerte de censura previa gubernamental, una acusación que no se sustenta en el texto legal ni en los procedimientos de un gobierno más que tolerante como ha sido hasta el hoy el de Chávez. Pero esas acusaciones prosiguen. Los imperios mediáticos están preocupados de que el Estado meta mano en la producción de contenidos, limite la publicidad y eventualmente disponga de fuertes multas a los infractores. Al promulgar la norma legal, Chávez instruyó al Consejo de Ministros para que se cumpla al pie de la letra. Por eso los empresarios del sector han salido a buscar solidaridades en los medios de la derecha latinoamericana y mundial. La han obtenido de los diarios Clarín y La Nación, cuyos directivos Héctor Magnetto y José Claudio Escribano comparten con Gustavo Cisneros la Fundación Iberoamérica. El “gran diario argentino” editorializó el 30 de noviembre sobre “Libertad de prensa, nula o amenazada”. Allí sostuvo que “se suma una preocupante iniciativa del gobierno de Venezuela consistente en un proyecto de “Ley de contenidos” que otorgaría a ese gobierno un amplio poder de discrecionalidad sobre los medios de comunicación”. Otro que tomó la bandera empresaria de Caracas, por afinidad política, es The Miami Herald-Nuevo Herald. Uno de sus periodistas estrella, Andrés Oppenheimer, publicó el lunes de esta semana un artículo titulado “Un mal momento para el periodismo”. Como era previsible, aseguró que era “absurdo comparar a EE.UU. con Venezuela, donde el congreso controlado por el gobierno acaba de promulgar un proyecto de ley exigiendo que los medios sean socialmente responsables, o sea gubernamentales”. Oppenheimer debía ganarse el sueldo cuestionando a Chávez porque en esa misma nota se había visto a comentar que en la reunión anual del Comité para la Protección de Periodistas, realizada en Nueva York, el aplauso más grande se lo había llevado el director de Los Angeles Times, John Carroll. Este había pronunciado un discurso sobre las crecientes amenazas al periodismo en EE.UU., en el que comentó las causas judiciales contra Judith Miller, The New York Times, y Matthew Cooper, de Time, que pueden ir a la cárcel por no revelar las fuentes de sus notas. El otro ámbito donde se amplificaron las denuncias contra Venezuela fue la Sociedad Interamericana de Prensa. Su presidente Alejandro Miró Quesada es el director de El Comercio (Lima), órgano de prensa del Tratado de Libre Comercio entre Perú y EE.UU. La SIP difundió desde Miami una declaración calificando la ley de Chávez como “un peligro para libertad de prensa, que establece la censura previa gubernamental sin mediación judicial”. Luego envió una misión a Caracas y sostuvo que “lo que está en debate es el derecho de todos los ciudadanos a estar debidamente informados y no sólo de lo que el gobierno quiere que se sepa, tal como sucede en Cuba”. El discurso anticomunista de la SIP quiere travestirse como democrático. ¿Creerá Miró Quesada que nos hemos olvidado que su antecesor en la presidencia de la SIP, Danilo Arbilla, fue director de Prensa de la dictadura militar uruguaya? ¿Pensará que hay amnesia sobre la gestión de Arbilla y los militares que clausuraron 173 medios de comunicación (14 cierres definitivos) sin que la SIP dijera ni mú? (*) Recibido por Corrientes al Día de EMILIO MARÍN