Hace unos días fue asesinado el fiscal de Venezuela, Danilo Anderson, encargado de la investigación del intento del golpe de estado de 2002 para derribar a Hugo Chávez. Después de sufrir varias amenazas de muerte, un artefacto explosivo colocado en su automóvil fue accionado con un teléfono móvil y acabó con él.

Un mes antes, se intentó asesinar al general Jorge García Carneiro, ministro de Defensa, con un ingenio explosivo oculto en la tumba de su madre, que el militar iba a visitar, pero el atentado fue frustrado. El mes pasado, desde el canal 22 de Miami, el actor y presentador venezolano, Orlando Urdaneta, miembro activo de la oposición, reclamó abiertamente que el presidente de la República Hugo Chávez fuera asesinado de una vez. “Con hombres con armas largas con mirillas telescópicas que no fallan –precisó-. La orden tiene que venir de empresarios que tienen el dinero suficiente para traerse un comando israelí, como Dios manda”. El magnicidio, desde el de Julio César en Roma, tiene larga tradición entre los seres presuntamente racionales que somos los humanos. En Latinoamérica, el magnicidio del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán en 1948 inició una época de violencia en Colombia que aún no ha cesado. En aquel asesinato político estuvo mezclada la CIA, tal como reconoció en un documental cubano el ex-agente de esa agencia John Mempples Spirito, cuya misión fue contratar y pagar al asesino, el colombiano Juan Roa Sierra, linchado tras el magnicidio por la multitud en el inicio de la rebelión conocida como el “bogotazo”. Casi 40 años después, un líder de la izquierda colombiana, candidato presidencial por la progresista Unión Patriótica, Jorge Pardo Leal, fue asesinado a tiros en pleno Bogotá junto a su esposa y sus tres hijos. En marzo de 1990, el también candidato presidencial por Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa fue asesinado por varios disparos en Bogotá. John Perkins, antiguo miembro de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU, ha denunciado en un libro de reciente aparición que tanto el presidente Omar Torrijos de Panamá como el presidente Jaime Roldos de Ecuador fueron asesinados por la CIA en 1981. Al primero, haciendo estallar su avión, y al segundo, su helicóptero. En septiembre del año pasado, el Gobierno de Israel barajó seriamente mandar asesinar a Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina. El viceprimer ministro israelí, Elhud Olmert, dijo en una emisora de radio que asesinar a Arafat “no es un asunto de moral sino de saber si es práctico o no”. Amnistía Internacional ha denunciado en sus informes desde 1999 las ejecuciones extrajudiciales o muertes fuera de ley por parte de los israelíes, los asesinatos selectivos de líderes palestinos. En otros lugares, como en la agitada Bielorrusia, la oposición denuncia la desaparición o muertes inexplicables de los políticos que pudieran hacer sombra al autócrata Alexander Lukashenko. La tradición del magnicidio es repugnantemente sólida. Además de ser indiscutible expresión de miseria moral e innegable cobardía por parte de quienes recurren a él, es un lúcido barómetro del grado de civilización real de nuestros países y estructuras políticas, más allá de la retórica hueca de soflamas democráticas. Y es así, porque el respeto a la vida marca de verdad la temperatura democrática. No está de más recordar entonces que, en la difusa guerra contra el terrorismo internacional, Bush autorizó hace ahora dos años que la CIA pudiera asesinar sin necesidad de permiso presidencial a quien le viniera en gana, siempre que sospechase que pudiera ser miembro de Al Qaeda. Lo del permiso presidencial para asesinar arranca de los inicios de la Guerra Fría, cuando en el seno de la CIA se creó el denominado Destacamento especial W, también llamado ZR-Rifle, dirigido por William Harvey, concebido para asesinar a dirigentes políticos opositores en todo el mundo. ZR-Rifle planificó asesinar al líder congoleño Patrice Lumumba, al dirigente egipcio Gamal Abdel Nasser, al Che Guevara y a Fidel Castro, como ha documentado el periodista estadounidense de investigación, Joseph Trento. Previamente intentaron asesinar al dirigente chino Chou En-Lai. Y siempre por orden expresa del presidente de los Estados Unidos. Otra cosa es que, además de asesinos, fueran incompetentes y no lograrán sus objetivos. El magnicidio marca el nivel de crédito democrático de un Gobierno o de una estructura de poder; señala de forma implacable la verdadera calaña de quienes son capaces de recurrir a él y es, paradójicamente, síntoma de la profunda debilidad política de quienes no tienen empacho en considerarlo medio legítimo para enfrenarse a quienes se les oponen. (*) Recibido por Corrientes al Día del Centro de Colaboraciones Solidarias de la Ciudad Universitaria de Madrid, por Xavier Caño, Periodista.