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El País

Pese a la Ley de Bosques, sigue siendo elevada la extracción forestal en Chaco

INVESTIGACIÓN DE LA UNNE

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Un trabajo de investigación de la UNNE observó que tras la vigencia de la Ley de Bosques Nativos el ritmo de explotación forestal en la provincia del Chaco registró una leve baja, aunque sigue siendo elevado, por encima del millón de toneladas anuales. Observan la necesidad replantear el ordenamiento territorial para proteger ecosistemas remanentes y procurar que las prácticas se ordenen dentro de parámetros más sustentables


El Estado Nacional, considerando la necesidad de regular y racionalizar la utilización de los recursos forestales, dada la pérdida del 70% de las existencias boscosas originarias a nivel país, impulsó la ley Nº 26.331 (de “Presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos”), que fue sancionada y promulgada a fines del año 2007 y reglamentada en febrero de 2009 a través del decreto Nº 91/09.

 

La provincia del Chaco adhirió a los requerimientos nacionales mediante la sanción de la ley provincial Nº 6.409 del año 2009, el Decreto Reglamentario N° 932 del año siguiente y su modificatorio Nº 81/11.

 

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Para evaluar el impacto de la implementación del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en Chaco, investigadores del Instituto de Geografía de la Facultad de Humanidades de la UNNE analizaron las características, distribuciones e intensidades de la actividad forestal en el Chaco en los últimos años.

 

La metodología utilizada consistió en el análisis de las estadísticas de producción forestal publicadas por la Dirección de Bosques del Chaco desde el año 2005 en adelante, y el examen de la intensidad de la explotación en la provincia y reconocer las tendencias observadas en los últimos años. También se consideró la información cualitativa de origen primario y secundario referida a la organización y dinámica de la actividad forestal previa y posterior a la sanción y reglamentación de las nuevas normativas forestales a nivel nacional y provincial.

 

Los resultados del trabajo indican que si bien hubo un leve descenso en el ritmo de explotación forestal, todavía se mantiene por arriba del millón de hectáreas en los últimos años (sin considerar la extracción clandestina), evidenciándose una presión fuertemente concentrada en el noroeste provincial.

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“Cualquier análisis reflexivo indicaría que la provincia del Chaco, al alinearse a la ley nacional, debía mostrar una fuerte reducción en el ritmo de explotación de sus recursos forestales desde el año 2010 en adelante, situación que no se cumplió”, explicó el Doctor Dante Cuadra, investigador del Instituto de Geografía y autor del trabajo.

 

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Agregó que más allá de los cambios favorables impulsados oficialmente para la gestión y el control forestal, se advierte la necesidad de implementar algunos ajustes tendientes a evitar desequilibrios mayores en los ecosistemas remanentes y procurar que las prácticas se ordenen dentro de parámetros más sustentables.

 

Para contextualizar la situación forestal en la provincia, el Doctor Cuadra comentó que en el Chaco la explotación intensa de los bosques nativos, con fines industriales, lleva más de un siglo y, aun así, más del 40% de la superficie provincial todavía se halla cubierta por vegetación boscosa, aunque su distribución no es homogénea, sobre todo por la acción antrópica.

 

La frontera forestal chaqueña se ha ido desplazando y, actualmente, las áreas con continuidad boscosa se restringen, con algunas excepciones, al noroeste provincial, también llamado el “Chaco seco” o “El Impenetrable”, donde la biodiversidad es significativamente menor con respecto al “Chaco húmedo”. Ello significa que gran parte de los bosques del “Chaco húmedo y subhúmedo” han desaparecido y las tierras han sido destinadas a usos agropecuarios.

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Respecto a lo observado en el trabajo de investigación, detalló que entre la década de 1940 y fines de los años ´70, la extracción forestal en el Chaco se movió por arriba y por debajo de las 800.000 toneladas anuales. De allí hasta mediados de los ´80 la actividad declinó fuertemente hasta registrar un piso inferior a las 300.000 toneladas, pero en los años siguientes se inició una escalada sin precedentes que la llevó a superar el millón de toneladas en la segunda mitad de la década del ´90 e, incluso, a sobrepasar el valor de 1,3 millones entre los años 2004 y 2006.

 

Este severo impulso de la explotación forestal experimentó una desaceleración durante el proceso de sanción y promulgación de la ley nacional de bosques Nº 26.331 desde 2007 hasta su reglamentación en 2009, año en que la provincia del Chaco sancionó su propia ley de bosques, para reglamentarla a principios de 2010 pero luego volvió a crecer.

 

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“Se observa claramente que la atenuación en la intensidad de la explotación forestal en la provincia no logró mantenerse una vez habilitadas las correspondientes normativas, exhibiendo desde entonces valores anuales siempre por arriba de la línea del millón de toneladas, aunque inferiores a los años que precedieron a la aprobación, promulgación y reglamentación de la ley nacional de bosques” indicó el investigador de la UNNE.

 

Por ello, consideran que el efecto del cambio normativo ha sido de leve impacto, lo que no significa garantía de sustentabilidad en las prácticas que se llevan a cabo sobre el bosque nativo chaqueño, dado que los montos continúan siendo elevados y, máxime, si se toma en cuenta la extracción efectuada en términos históricos. El promedio de explotación anual entre 2010 y 2012 ha sido de 1.151.084 toneladas, equivalente a 3.154 toneladas diarias, sin considerar las extracciones ilegales.

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En cuanto a la evolución de la superficie anual autorizada para aprovechamiento forestal en la provincia del Chaco, en el trabajo se explica que en los años 2005 y 2006 el promedio fue de 145.954 hectáreas anuales, entre 2007 y 2009 los valores decayeron a 101.049 hectáreas y, en el trienio 2010-2012 registró un leve incremento, llegando a una media de 105.290 hectáreas.

 

“Teniendo en cuenta que la superficie de la provincia del Chaco es de 99.633 km², se puede decir que anualmente la provincia ha venido autorizando distintos tipos de aprovechamientos forestales con implicancias sobre una superficie que oscila entre 1 y 1,6% de su extensión territorial. Asimismo, si se considera la cifra oficial de cobertura boscosa, del orden de 49.000 km², significa que el área implicada cada año es del orden de 2,15% de la totalidad del espacio con existencias forestales” se resalta en el estudio.

 

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Incluso se estima que la proporción porcentual sería un poco más alta, dado que sigue existiendo el problema del desmonte ilegal.

 

“Las nuevas normativas, si bien lograron quebrar la tendencia creciente que venía registrando la explotación forestal desde los años 80´, no pudieron revertirla, evidenciándose una disminución leve, una especie de meseta escalonada, pero con valores altos si se toman en consideración los datos históricos de extracción en el bosque chaqueño” reitera.

 

Según se remarca en el estudio, ante la presión extractiva que sufren los bosques nativos del Noroeste de la provincia, se hace necesario replantear el ordenamiento territorial establecido en el año 2009, que sólo ha zonificado como áreas de alto grado de protección (zona roja) a una superficie fragmentada equivalente al 3% del territorio provincial que comprende alrededor del 6% de los bosques nativos existentes en el Chaco. Asimismo, hay unidades ecológicas que no han sido incluidas en ese grado de protección, razón por la cual tampoco se han previsto áreas de amortiguación de impactos en torno a ellas.

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“La situación descripta, más los patrones de uso que se promueven y las prácticas ilegales que se hallan presentes en toda la cadena productiva, le da el carácter de insustentable al bosque nativo chaqueño” concluyó el Doctor Dante Cuadra.

 

 

 

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El País

La PSA capturó al narco “Dulce” Abregú en Rosario

ESTABA PROFUGO DESDE OCTUBRE

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La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, detuvo ayer a Walter Daniel Abregú, alias “El Dulce”, líder de una organización criminal familiar dedicada al acopio, fraccionamiento, distribución y venta de cocaína en Rosario, provincia de Santa Fe, que fue desbaratada en octubre del año pasado por esta fuerza.


El fugitivo tenía pedido de captura vigente desde entonces por lo que se estableció una coordinación con el Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), junto con el cual se desarrolló el análisis de la información aportada por el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia (BUSCAR). Además, desde junio el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido medio millón de pesos de recompensa para dar con su paradero.

 

Tras amplias tareas investigativas de la fuerza que conduce Alejandro Itzcovich Griot, los oficiales pudieron determinar dónde se encontraba el prófugo. Al allanar un domicilio de la Avenida Rivarola al 7000 de Rosario, el narco intentó escapar pero fue rápidamente detenido por los policías aeroportuarios, quedando a disposición del Juzgado Federal N° 4 de dicha ciudad, a cargo de Marcelo Bailaque.

 

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La organización que lideraba “El Dulce” fue desarticulada el 24 de octubre del año pasado, cuando la PSA realizó 17 allanamientos en Rosario, Coronda y Piñero donde se aprehendieron a sus padres entre otras personas, y se desbarató una cocina de droga, en el marco de una pesquisa que tuvo un aporte fundamental de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias, y de la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Claudio Kishimoto. Luego, en noviembre, los oficiales detuvieron en la vía pública a su pareja, hermana, cuñado y suegra, como así también a un suboficial que prestaba servicios en el área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), acusado de tener estrechos vínculos con el clan narcocriminal.

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El País

La PSA designó a una mujer al mando de su Guardia de Infantería

ES LA PRIMERA VEZ EN UN ORGANISMO DE SEGURIDAD

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La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, asignó como responsable de la Guardia de Infantería Aeroportuaria (GIA) a la inspectora Silvia Alejandra Miers, convirtiéndose en la primera mujer al mando de este tipo de grupos especiales en una fuerza federal de seguridad.


Con 25 años de trayectoria en el organismo y una destacada profesionalización, la inspectora Miers admitió que se trata de uno de los desafíos más importantes en su carrera: “Estar a cargo de la GIA representa un sinfín de valores que debemos recalcar a quienes integran esta agrupación ya que las funciones a cumplir son distintas al resto de los oficiales. Aquí se requieren una preparación, una templanza y una personalidad especial que irán moldeando el perfil adecuado para este tipo de tareas.”

 

Tanto el director nacional, Alejandro Itzcovich Griot, como el director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC), comisionado general Miguel Ángel Martino, coincidieron en encomendar esta función a una oficial con mucha experiencia en conducción de personal policial y ordenamiento de unidades. “Me llenó de orgullo saber que mi nombre haya sido uno de los primeros que surgieron para asumir esta responsabilidad. Ambos manifestaron creer que estaré a la altura de las circunstancias y me han dado su plena confianza”, dijo la inspectora.

 

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Miers, madre de dos hijos, reconoció que su nombramiento “causó cierta sorpresa por ser mujer, pero después vino la calma y el entendimiento sobre la necesidad de una modificación en el curso de la GIA. Haremos un trabajo muy fuerte, tenemos que lograr una imagen institucional importante y sólida. Debemos estar preparados para llegar al lugar del conflicto y que a través de nuestro nombre se entienda perfectamente para qué estamos y qué hacemos.”

 

La GIA en la PSA fue creada hace dos años y sus funciones se abocan a la protección de instalaciones ante el intento de toma, ocupación o destrucción de las mismas por parte de terceros. Asimismo evita el bloqueo de rutas y accesos a los aeropuertos, auxilia a la Justicia en allanamientos de baja y media complejidad, y puede estar presente en desalojos y detenciones. También protege objetivos sensibles dentro de la jurisdicción aeroportuaria (torre de control, depósitos de combustibles, perímetros) y participa en respuesta a actos de interferencia ilícita como secuestro de aeronaves y toma de rehenes, entre otros.

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El País

La Unión Europea mostró conformidad con el sistema de control y certificación del maní

EXPORTACIONES

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Los inspectores auditaron los controles en aflatoxinas en maní, que realiza el Senasa, para asegurar que las partidas enviadas a ese destino se encuentren dentro de las tolerancias establecidas.


Una delegación de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG-Sante) de la Unión Europea verificó el sistema sanitario de control y certificación de aflatoxinas en maní en establecimientos argentinos.

 

Durante la reunión final realizada en la sede del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en Buenos Aires, los auditores europeos manifestaron su conformidad con los controles y con el sistema de certificación que lleva a cabo el Senasa.

 

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En el encuentro estuvieron el presidente del Senasa, Ricardo Negri, el vicepresidente, Guillermo Rossi, el director nacional de Protección Vegetal, Diego Quiroga, los directores de Inocuidad y Calidad de Productos de Origen Vegetal, Alejandro Fernández, de Laboratorio Vegetal, Jorge Kempny y el coordinador de Relaciones Internacionales, Miguel Donatelli.

 

Del 6 al 16 de mayo, los inspectores europeos auditaron los controles que realiza el Senasa en la provincia de Córdoba para asegurar que las partidas enviadas a ese destino se encuentren dentro de las tolerancias establecidas por la Unión Europea.

 

La verificación incluyó la visita a 4 establecimientos habilitados para procesar y exportar a este destino y 3 laboratorios inscriptos y autorizados por el Senasa, que son los encargados de hacer los muestreos, los análisis y la certificación de contenido de aflatoxinas, que son un tipo de toxinas producidas por cepas toxigénicas de hongos en cultivos agrícolas como el maíz, el maní, la semilla de algodón y los frutos secos, de cáscara dura como las nueces. Las aflatoxinas son frecuentemente aisladas de alimentos como maíz, arroz, y maní, que han tenido un mal manejo de postcosecha.

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"La delegación de la UE considera que el sistema de control argentino sobre este producto es muy completo y muy bueno. Para nosotros fue muy positiva la auditoría. Continuaremos evaluando en conjunto recomendaciones para seguir mejorando determinadas cuestiones dentro del proceso de control", explicó Fernández.

 

El funcionario del Senasa además subrayó que “Argentina es el principal exportador que tiene la Unión Europea, por eso hacen especial hincapié en verificar el proceso completo de producción, elaboración, transporte y exportación de maní argentino. La Argentina siempre trabaja para producir alimentos seguros”.

 

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La Argentina produce 1.100.000 toneladas de maní al año y el 85% de la producción corresponde a Córdoba. Cabe destacar que Argentina exporta alrededor de 370.000 toneladas de maní a la UE.

 

 

 

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