En momentos en que el gobierno y la comunidad de Gualeguaychú están realizando un enorme esfuerzo por su saneamiento ambiental (erradicación de areneras, lagunas sanitarias, obras de agua, cloaca y pluviales) resurge el fantasma de la planta de celulosa sobre la ribera uruguaya.

El presidente municipal de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen admitió que “la autorización de la DINAMA para la construcción de la celulosa finlandesa en Fray Bentos es una mala noticia para la región y para Gualeguaychú”. Retomará las conversaciones con la Cancillería Argentina. El viernes 4 de marzo organizaciones y autoridades se reunieron dejando plasmado un documento de cinco puntos dirigido a los dos gobiernos y por el cual expresan su rechazo a todo lo actuado en la materia por el gobierno saliente de Jorge Batlle, autorizando a las empresas ENCE y Botnia la construcción de las plantas procesadoras de pasta celulósica. En el documento se advierte que la planta atentará contra el recurso del agua potable en la zona, y se exhortó a cumplir la ley 25.841 del Mercosur. Las autorizaciones vulneran tratados binacionales como el Estatuto del Río Uruguay, de 1975 y el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur, del 2003, que estimula la armonización de directrices legales e institucionales con el objetivo de prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales, recurriendo al sistema de solución de controversias del Mercosur establecido por el protocolo de Olivos. El sábado 5 de marzo sesionaron en Gualeguaychú la Red Socioambiental de Entre Ríos y de la República Oriental del Uruguay. Representantes de 30 instituciones, entre ellas, Movitdes, Guayubira, Uruguay sustentable, Ñandubay, Vecinos Autoconvocados, Ejército Alpargatista, Eco Urbano, Movimiento Artesanos de Colón, Proyecto Tierra, Foro Ecologista de Paraná (miembro de RENACE) y otros, instando al gobierno uruguayo a revisar lo actuado en la anterior gestión nacional y reclamando a las autoridades argentinas, sobre todo al presidente Néstor Kirchner y al canciller Rafael Bielsa a que hagan respetar el Tratado del Río Uruguay e intimen al vecino país a la suspensión de las autorizaciones otorgadas a las empresas. Las organizaciones acordaron una serie de acciones que se conformarán en un proceso de actividades hacia el 30 de Abril, fecha en que se concretará un nuevo corte del Puente Internacional que une las ciudades de Fray Bentos en Uruguay con Gualeguaychu en Argentina. Solicitan que se genere un impasse durante 180 días, para que equipos técnicos de ambos países manifiesten sus respectivas posturas. Si durante esos 180 días no se arriba a un acuerdo, la normativa del tratado determina la posibilidad de ampliar la negociación 120 días más, el paso posterior son las acciones directas entre ambos países. En el caso de que el desacuerdo persista, se iría a la Corte Internacional de Justicia del Mercosur. DIPUTADOS PIDIERON INFORMES AL GOBIERNO Legisladores de la oposición pretenden que el Estado entrerriano responda por las acciones tendientes a frenar el emprendimiento. Elevaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial en el que se le requieren datos y resultados respecto de las acciones que en marzo del año pasado le solicitara la Cámara de Diputados en relación a la instalación de plantas de pasta de celulosa en cercanías de la ciudad de Fray Bentos. Los legisladores quieren saber qué medidas adoptó la Cancillería argentina frente a los emprendimientos en aplicación del Tratado del Río Uruguay y qué noticias se tienen sobre disposiciones de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en torno a esos proyectos y el cumplimiento de sus obligaciones contenidas en aquel tratado bilateral. El 10 de marzo de 2004, la Cámara de Diputados aprobó una Resolución por la que, en relación a la posible instalación de plantas papeleras en el Uruguay, se solicitaba al Poder Ejecutivo Provincial las siguientes acciones: Solicitar a la CARU que en un plazo perentorio realice un estudio intensivo y brinde el informe pertinente acerca de la conmoción ambiental que provocaría la instalación de plantas de esta naturaleza sobre la vera uruguaya del río mencionado; de tal modo que se clarifique el impacto que suscitaría en el medio ambiente, en la calidad del agua, contaminación del aire, daños al ecosistema y al desarrollo y sostenimiento de la economía regional, cuya base sustancial es la explotación de los recursos turísticos. Gestionar ante la Cancillería de la Nación acciones en conjunto a tales efectos. Manifestar explícitamente el apoyo a las acciones iniciadas por el Fiscal de la República Oriental del Uruguay en el mismo sentido. En caso de resultar los mencionados estudios negativos, en algunos o todos de los aspectos señalados y/u otros que pudieran detectarse, instruir a la Fiscalía de Estado para que inicien acciones legales por los eventuales daños y perjuicios contra la/s empresa/s que llevasen adelante este tipo de emprendimientos. UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 1.000 MILLONES DE EUROS La instalación de Botnia se aprobó en los últimos días del gobierno de Batlle. La empresa presionó al gobierno para asegurarse que la aprueben antes del recambio administrativo. La autorización final no fue dada aún porque el Ministerio de Vivienda aprobó la autorización ambiental previa, pero el grupo Guayubira y otras organizaciones ambientes del Uruguay interpusieron un recurso de revocación, donde se solicitó a la DINAMA que se reconsidere el tema, y aún el debate sigue en la orbita del Ministerio. La instalación de estas plantas, gigantes de una producción nunca vista en Uruguay, implica la consolidación del modelo forestal que aumentaría los monocultivos forestales, que vienen impactando en Uruguay sobre el suelo, las aguas y la población. (*) Recibido por Corrientes al Día de Foro Ecologista de Paraná: (0343) 4235311; Secretaría ejecutiva de la Red Socioambiental de Entre Ríos Jorge Daneri: (0343) 155113491 Coordinador institucional Jdaneri@gamma.com.ar