De nuevo la alarma salta en los puertos latinoamericanos. En este caso se trata de Perú, país en el que empresas estibadoras y asociaciones empresariales se han unido en un propósito común: negar a los trabajadores portuarios el derecho legal a negociar sus convenios colectivos y poner trabas a la libertad sindical.

En el puerto peruano de Chimbote, después de 16 días de huelga indefinida, el Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios de este puerto, logró la firma del convenio colectivo para el período 2005-2006, no sin antes hacer frente a la intención de las empresas estibadoras de anular lo que habían firmado. Pero la intervención de la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú (FEMAPOR), con el apoyo del Consejo Internacional de Estibadores (IDC) Zona Latinoamericana, se logró que Ministerio de Trabajo ordenara respetar y cumplir dicho convenio. Pero en el caso del puerto de Callao, a pesar del mandato ministerial –también con la gestión de FEMAPOR e IDC- para que se diese comienzo a la negociación del convenio, empresas y asociaciones empresariales se han negado a iniciarla, aduciendo que ellos no negociarán con el sindicato, sino que buscarán acuerdos con los grupos de estibadores que trabajan en cada empresa, un propósito contrario a la legalidad vigente. Similar actitud patronal se está dando en otros puertos, como es el caso de Ilo, Yurimaguas, Matarani, Salaverry,… En lo que respecta al derecho de libertad sindical, estas empresas están desarrollando acciones a nivel nacional contra los sindicatos portuarios para debilitarlos y de esta manera neutralizar su oposición a los planes empresariales, que buscan maximizar los beneficios económicos en detrimento de los derechos sociales, laborales y económicos de los trabajadores. En Perú, existe una empresa naviera y estibadora, TRAMARSA, que ha desarrollado diferentes estrategias en los puertos peruanos con este objetivo, llegando al extremo de intentar destruir al Sindicato Unificado de Trabajadores Marítimos Portuarios de Mollendo-Matarani y anular a su secretario general, Julio Alberto Cáceres. Esta empresa, con la complicidad de la concesionaria del puerto de Matarani, TISUR, están coaccionando a los estibadores para que renuncien a su afiliación sindical, requisito “indispensable” para obtener trabajo. Presuntamente, TRAMARSA y TISUR presionan incluso a las empresas estibadoras que contratan a trabajadores sindicados para que se sumen a su estrategia y solamente den trabajo a los que hayan renunciado a su afiliación sindical. De hecho, al secretario general, Julio Alberto Cáceres, ya no le permiten trabajar, negándole sus derechos. Similar situación sufren los estibadores del puerto fluvial de Yurimaguas (en la selva peruana), pero aquí la agresión la ejercen empresarios de la zona, con la complacencia de las diferentes administraciones. Frente a esta problemática, FEMAPOR –reclamando el apoyo internacional del IDC- ha decidido participar en el paro convocado, el próximo 17 de marzo por SITENAPU y FENTENAPU –sindicatos de trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria ENAPU-PERU-. Asimismo, ha convocado una huelga nacional indefinida a partir del 1 de abril para presionar a las empresas estibadoras y asociaciones empresariales de Callao e Ilo, a que inicien la negociación de los convenios colectivos con los respectivos sindicatos de estibadores de estos puertos. También pedir a TRAMARSA que desista de su estrategia antisindical, considerando esencial la intervención del Ministerio de Trabajo para garantizar el derecho a la libertad sindical y el derecho al trabajo de los estibadores. Además, y por si fuera poco, diferentes empresas navieras que operan en los puertos peruanos y que utilizan banderas de conveniencia, están impulsando un proyecto de ley que permita sustituir a estibadores portuarios por marinos. Teniendo en cuenta el último rechazo a una directiva europea que intentaba desregularizar el trabajo portuario que llevan a cabo los estibadores profesionales con la introducción del concepto de autoasistencia, FEMAPOR considera sumamente peligroso ese proyecto de ley en su país, porque el actual registro de trabajadores portuarios en Perú se vería incrementado con 4.000 marinos que disputarían el trabajo a los portuarios existentes, además de ser una maniobra de los navieros para lograr legalizar las operaciones de carga y descarga de sus naves con sus tripulaciones, dando pie a la introducción de la autoasistencia en el mundo con un antecedente legal del Perú.