El Consejo Internacional de Trabajadores Portuarios (IDC) ha manifestado que la nueva Directiva propuesta contiene los mismos defectos que la anterior, que ya fue rechazada por el Parlamento Europeo en noviembre de 2003. De hecho, la actual propuesta fue planteada por la Comisaria de Transportes, Loyola de Palacio, a escasos días de abandonar el cargo.

Loyola de Palacio era consciente del impacto que este procedimiento iba a provocar entre los sindicatos portuarios e, incluso, entre los demás protagonistas de la industria portuaria. La Directiva se convertía así en una tarea imposible para el nuevo Comisario, Jacques Barrot, quien se enfrenta a la desconfianza de los empresarios y a la abierta oposición de los sindicatos. El IDC considera que la nueva propuesta ha sido impulsada con demasiada precipitación. Las recientes discusiones entre los protagonistas del sector indican que las probabilidades de que la Directiva cuente con un consenso común por parte de todos los implicados –algo que el IDC siempre ha considerado un requisito previo- son muy escasas. UN DIÁLOGO NECESARIO El IDC, con la responsabilidad que otorga la representación de miles de trabajadores portuarios en diez países europeos, ha sugerido en múltiples ocasiones la necesidad de impulsar un diálogo sincero y franco con la Comisión Europea y con los demás interlocutores, tanto económicos (empresas estibadoras y navieras), como institucionales y políticos. Los portuarios europeos tienen, desde el principio, la sensación de que en las dos propuestas elaboradas por Loyola de Palacio subyace un espíritu antisindicalista; considerando que el verdadero objetivo de la Directiva es la expulsión de los portuarios profesionales de su puesto de trabajo y la introducción de peores condiciones laborales y económicas en los muelles europeos. El IDC ha sido empujado, por tanto, a rechazar completamente la nueva Directiva porque no da respuesta a las necesidades de los puertos europeos y además agrava la tensión social. Para superar esta situación, el IDC propone la inmediata creación de un Foro de Encuentro y Debate Portuario que estaría formado por representantes sindicales, empresariales e institucionales. A este Foro deberían sumarse representantes de los diferentes grupos políticos presentes en el Parlamento Europeo, así como miembros de la Comisión Europea de Transportes. El objetivo común, alcanzar un “Acuerdo por la competitividad económica y social de los puertos europeos” que garantice la estabilidad y el crecimiento de los puertos. Este objetivo no sólo buscaría el beneficio desde la perspectiva de los negocios, sino también desde el punto de vista del transporte y comercio comunitario y, no menos importante, de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores portuarios. El IDC opina que el actual proyecto de Directiva quiere regular diversas áreas de un modo absolutamente innecesario. Es éste el caso del “derecho a contratar personal de su propia elección”, lo que, obviamente, constituye una de las libertades básicas de la Unión Europea, que sólo puede limitarse a las regulaciones de empleo y los convenios colectivos. Su presencia explícita en el texto de la Directiva respondería a un objetivo oculto: justificar la expulsión de los trabajadores profesionales y su sustitución por otros peor pagados, peor formados y, por supuesto, sin representación sindical. El IDC condena la omisión en el texto de la Directiva de la obligación de los Estados miembros de cumplir las legislaciones laborales de cada Estado y/o los convenios colectivos locales que regulan las condiciones de salud y seguridad. En realidad, el texto de la Directiva propuesto por la Comisión incluso permitiría que los “prestadores de servicios” con nuevas autorizaciones puedan prescindir de las exigencias laborales obligatorias para el resto de empresas que presten estos servicios. Esto abriría la puerta a los nuevos contratadores para establecer sus propias regulaciones. Para los trabajadores portuarios, ésta es sin duda la vía más directa hacia el desmantelamiento del actual sistema portuario. “DUMPING” SOCIAL EN LA PROPIA UNIÓN EUROPEA “Autoasistencia” es un término acuñado por la Comisión anterior con el objetivo de definir e introducir una práctica que permitiría a las compañías navieras reemplazar a los trabajadores portuarios con la propia tripulación de los barcos o su propio personal de tierra. La postura de los sindicatos portuarios es de sobras conocida: rechazo absoluto. Las recientes enmiendas propuestas por el ponente parlamentario, Georg Jarzembowski, presentan una significativa variación respecto a la anterior, ya que no se menciona la “autoasistencia” en la Directiva. Sin embargo, los Estados miembros podrían regularla en sus propias legislaciones, tanto estatales como locales. Esto, evidentemente, daría pie a una serie de modificaciones en cada Estado de la Unión, en la que la “autoasistencia” sería usada para competir entre puertos. En otras palabras, la imposición de facto del “dumping” social en los puertos, cuya principal víctima serían los trabajadores de la Unión. El IDC cree que la Directiva debería –en cambio- garantizar la aplicación de los convenios internacionales de la OIT, en particular del nº 137, y respetar los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva. Paralelamente, la Directiva también debería preocuparse de que los prestadores de servicios portuarios cumplan los mismos requisitos de contratación de personal y de aplicación de las legislaciones laborales. En realidad, de este modo no sólo quedarían protegidos los derechos laborales de los trabajadores, sino que se garantizaría la competencia empresarial en igualdad de condiciones, algo que con el actual texto difícilmente se lograría. PROFESIONALISMO EN EL TRABAJO PORTUARIO Otra de las lagunas en el texto de la Directiva se encuentra en la falta de regulación para el acceso a la profesión y a la cualificación profesional. En ningún párrafo del texto se fijan mecanismos para la habilitación o el reconocimiento profesional de los trabajadores. En opinión del IDC esta omisión no es involuntaria y responde al objetivo de desregular la profesión portuaria. En ningún lugar del texto se ofrecen suficientes garantías para la protección social de los trabajadores. Así, por ejemplo, no se menciona ninguna medida que la “Autoridad competente” debería emprender contra aquellas compañías que no cumplan los convenios colectivos previamente negociados. El IDC, por todo lo expuesto, considera que ha llegado el momento de adoptar un nuevo enfoque. Necesitamos un nuevo proceso de elaboración de la Directiva mediante una estrategia que debería haber sido común desde el principio: el diálogo con todos los protagonistas del sector. Lamentablemente, las propuestas que se han recibido hasta ahora sólo han generado confusión e inquietud.